El supuesto voto irregular de Monasterio en la Asamblea pone en riesgo su sueldo y la subvención de Vox

Rocío Monasterio se arriesga a ser suspendida hasta un mes como diputada, a perder parte de su sueldo, y a que Vox se quede sin una parte de su subvención en la Asamblea de Madrid si ...

Rocío Monasterio se arriesga a ser suspendida hasta un mes como diputada, a perder parte de su sueldo, y a que Vox se quede sin una parte de su subvención en la Asamblea de Madrid si la investigación abierta en el Parlamento regional concluye que la portavoz de la extrema derecha votó desde su escaño y desde otro vacío por la dimisión de un diputado durante el pleno del 1 de febrero. Así lo detalla una fuente conocedora de los trabajos mandatados por el presidente de la cámara, Enrique Ossorio, para esclarecer la polémica, y que incluyen un informe jurídico sobre el procedimiento que se debe seguir, así como la petición de explicaciones y alegaciones a la interesada.

La lectura del reglamento de la Asamblea de Madrid, detalla una fuente parlamentaria, es clara sobre las sanciones a las que se arriesga Monasterio. “La suspensión de alguno de los derechos de los Diputados reconocidos en los artículos 15 a 21 de este Reglamento por un tiempo de quince a treinta días”, sería la primera, según recoge la normativa. Pero no la única.

Así, ese mismo texto detalla: “La suspensión de alguno de los derechos, así como la prohibición de asistir a sesiones de cualquier órgano de la Cámara, podrá ir acompañada de una reducción proporcional de las retribuciones del Diputado sancionado. Asimismo, la sanción podrá hacerse extensiva a la parte alícuota de la subvención variable contemplada en el artículo 46.2 de este Reglamento respecto del Grupo Parlamentario al que pertenezca el Diputado sancionado”.

Según un acuerdo de 2023 del órgano que rige el día a día del Parlamento, la Mesa, Vox cobra una subvención de casi 686.000 euros cada año. De ellos, 489.832 son fijos e iguales para todos los partidos, y el resto depende del número de diputados, a razón de 17.800 euros por cada representante obtenido en las elecciones (once en el caso de Vox).

Aunque de la lectura del reglamento se deduce que la acumulación de sanciones no es automática, sino opcional, en la Asamblea de Madrid nadie duda de que el PP, que goza de mayoría absoluta en el Parlamento, ve en esta polémica una oportunidad para resarcirse de todos los desplantes sufridos durante las dos legislaturas en las que dependió de los votos de Vox para sacar adelante cualquier iniciativa. Al tiempo, Más Madrid y PSOE ven con buenos ojos que Monasterio reciba una sanción ejemplar. Como dijo Juan Lobato, el líder de los socialistas en Madrid: “Hay que sentar un precedente claramente desincentivador para que esto no vuelva a ocurrir”.

¿Y qué es lo que ha ocurrido? El 25 de enero, José Luis Ruiz Bartolomé, mano derecha de Monasterio en la cámara, dejó su escaño para volver a la actividad privada. El 31, 24 horas antes de la celebración del siguiente pleno, Pablo Gutiérrez de Cabiedes renunció a ocupar su escaño, que le correspondía por ser el siguiente en la lista electoral. De esta manera, Vox llegó al hemiciclo con menos diputados presentes que electos tiene.

Ese 1 de febrero, los vídeos de la sesión reflejan cómo Monasterio pulsó el botón de su escaño, y el del continuo, vacío tras la renuncia de Ruiz Bartolomé, supuestamente para votar al menos en una ocasión. Así, Vox sumó más votos que diputados presentes en el pleno. Una irregularidad que el Parlamento investiga desde entonces, con la intención nunca ocultada de castigarla.

“Son cosas de la tecnología”, justificó Monasterio, que aseguró que no intentó votar dos veces, sino apagar el escaño de Ruiz Bartolome; y que es víctima de una cacería política orquestada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. “Es imposible votar en nombre de un diputado que ya estaba dado de baja, no tenía ni el rótulo en el escaño, es todo absurdo”, ha llegado a argumentar la líder de Vox.

Monasterio tendrá la oportunidad de exponer esos argumentos en el proceso de instrucción del caso, que previsiblemente asumirá la Mesa de la Cámara en lugar de la comisión del estatuto del diputado. Una vía que podría acelerar la investigación y eventual sanción por el caso. Hay, al menos, un precedente: el Tribunal Constitucional ya avaló el castigo del Parlamento Vasco a Carlos Iturgaiz (PP) por dar de alta a un diputado en una sesión en la que no estaba.

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