La oposición a Ayuso denuncia trabas a la fiscalización de los contratos del Gobierno del PP

La aplicación de la ley de transparencia, que obliga a la publicación en un portal específico de los contratos del Gobierno regional, sirve ahora de excusa al PP de Isabel Díaz Ayuso para limitar e intentar reformular las competencias de la comisión parlamentaria de vigilancia de las contrataciones. ...

La aplicación de la ley de transparencia, que obliga a la publicación en un portal específico de los contratos del Gobierno regional, sirve ahora de excusa al PP de Isabel Díaz Ayuso para limitar e intentar reformular las competencias de la comisión parlamentaria de vigilancia de las contrataciones. Tras reformar la Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia para que dependan directamente del Ejecutivo, esa estrategia ha provocado la protesta unánime de la oposición, que denuncia lo que, a su juicio, supone un intento de cercenar su derecho a fiscalizar en el Parlamento regional las políticas del Ejecutivo conservador. Más Madrid, PSOE y Vox se intentan coordinar ahora para definir las competencias de la comisión, según documentos a los que ha accedido EL PAÍS, y así elevar a la dirección de la Asamblea una propuesta de trabajo que regatee la intención del PP de reformular el órgano con la excusa de que se ha quedado anticuado al estar mucha de la información ya publicada en el portal de transparencia. Los conservadores, en todo caso, tendrán la última palabra, pues gozan de mayoría absoluta en la Cámara desde las elecciones de mayo de 2023.

“¿Cómo se controla al Gobierno en Madrid?”, se ha preguntado este lunes el portavoz del PSOE, Juan Lobato. “Pues con la Cámara de Cuentas, que se le acaban de cargar haciendo que el presidente, que nombra Ayuso, pueda capar y vetar cualquier investigación; con el Consejo de Transparencia, que se lo acaban de cargar como órgano independiente para hacerlo depende del consejero de Presidencia, que nombra Ayuso; y con la comisión de contrataciones, que se la están cargando de facto no dejando que vaya ninguna o casi ninguna iniciativa”, se ha contestado a sí mismo. “¿Qué tenemos entonces de elemento de fiscalización a Ayuso en Madrid? Rodillo parlamentario”, ha lamentado.

La denuncia de esa aplicación de la mayoría absoluta por parte del PP no ha sido exclusiva del PSOE. Al contrario. La rueda de prensa de portavoces de este lunes ha sido un rosario de quejas al respecto que ha unido a todos los grupos de la oposición, de Vox a Más Madrid. Porque la comisión de vigilancia de las contrataciones, que fue un elemento distintivo de la Asamblea cuando echó a andar, es fundamental para la labor de la oposición. Allí se deben poder conocer los pormenores de todos los gastos del Ejecutivo regional. Y en política, como en las investigaciones, lo más interesante se encuentra siguiendo la pista del dinero.

“Esta comisión es muy importante para controlar el gobierno y evitar la corrupción”, ha recordado Rocío Monasterio, la portavoz de Vox, invocando así sin mencionarlos a los fantasmas de los casos Gürtel, Púnica o Lezo. “No nos contestan sobre cuáles son las competencias, y el presidente de la Asamblea, el señor [Enrique] Ossorio, lo que ha hecho es preguntar por escrito al Gobierno, que es el controlado, sobre cuáles quiere que sean las competencias para que le controlen”, ha añadido sobre una misiva cuya existencia ha negado posteriormente el gabinete del exvicepresidente de Díaz Ayuso tras una consulta de este diario.

“Esto es un poco surrealista”, ha recalcado la portavoz del partido de extrema derecha. Y ha recordado: “Va en línea de lo que hemos visto en diciembre de la intervención del gobierno en órganos fundamentales que se dedican precisamente a fiscalizar”.

Una línea argumental parecida a la de Manuela Bergerot, la portavoz de Más Madrid: “Nosotros presentamos un recurso ante el Constitucional hace ya tres años precisamente porque la Asamblea no permite la fiscalización, lo que es antidemocrático. Es constante cómo se recorta la capacidad de fiscalización de los grupos y de la ciudadanía”.

En contraste, Carlos Díaz-Pache, el portavoz del PP, se ha quedado solo en defensa de la reformulación de las competencias del organismo, cuya necesidad ha vinculado a la aplicación de la ley de transparencia.

“Es una comisión que con el tiempo se ha ido quedando un poco desactualizada”, ha dicho Díaz-Pache, que fuera viceconsejero del anterior gobierno de Ayuso. “Con la proliferación de los portales de transparencia, donde está todo colgado, y disponible, no parece que tenga mucho sentido que en una comisión se tenga que pedir información que está disponible para todos de forma abierta”, ha añadido.

“Muchas veces los diputados de la oposición plantean iniciativas erróneas, fuera de lugar, dirigidas a la comisión que no es, o que preguntan por información que ya está disponible (...)”, ha seguido, para rematar: “Para que esta comisión sea útil, hay que acotar qué cuestiones deben debatirse y fiscalizarse (...) Lo que se le ha pedido a la presidenta de la comisión por parte del presidente de la Asamblea es que haga una propuesta que parta de la comisión sobre las competencias que verían razonables para la comisión”.

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