Una de cal y otra de arena para las familias afectadas por los “protocolos de la vergüenza”

El foco de la investigación de las muertes indignas de 2020 en las residencias de mayores de Madrid varía continuamente y este martes la noticia estaba en el juzgado de instrucción número 4. Allí, en la plaza de Castilla, varias hijas de los fallecidos reaccionaron con desencanto cuando su abogado, Andrés Ollero, salió a la calle al término de una vista judicial para hacer un pronóstico poco halagüeño. “Esto se acabará archivando”, les dijo. “Tiene muy mala pinta”. El caso que defiende Ollero, que representa a fami...

El foco de la investigación de las muertes indignas de 2020 en las residencias de mayores de Madrid varía continuamente y este martes la noticia estaba en el juzgado de instrucción número 4. Allí, en la plaza de Castilla, varias hijas de los fallecidos reaccionaron con desencanto cuando su abogado, Andrés Ollero, salió a la calle al término de una vista judicial para hacer un pronóstico poco halagüeño. “Esto se acabará archivando”, les dijo. “Tiene muy mala pinta”. El caso que defiende Ollero, que representa a familias agrupadas por la asociación Pladigmare, afecta a siete personas fallecidas en dos residencias de Madrid. Es una de los cientos de querellas que llegaron a los juzgados después del período de marzo y abril de ese año en que estuvieron vigentes los “protocolos de la vergüenza”, las pautas que la Comunidad de Madrid envió a los hospitales para impedir que los enfermos de covid de las residencias saturaran los hospitales.

Ollero dice que el juez tiene suficiente información como para llamar a declarar al menos al exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pero sabe que no lo va a hacer. “No van a llamar a ningún político. Eso es una medida que no va a tomar ningún juez de primera instancia”, vaticina Ollero. “Para ellos estos casos son una patata caliente”.

Su pesimismo contrasta con una noticia esperanzadora para las familias la semana pasada. El viernes se supo que un juzgado en el municipio de Collado Villalba está examinando la posible responsabilidad penal de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y dos de sus entonces consejeros, Escudero y el exresponsable de Justicia e Interior, Enrique López. Es una medida extraordinaria porque el resto de jueces se están limitando a investigar a los profesionales en residencias y hospitales que cumplían los protocolos, sin indagar qué hicieron los políticos.

A la vista de este martes en Plaza de Castilla asistió como testigo Carlos Mur, el alto cargo de esa consejería que firmó los protocolos. Confirmó una vez más que los distribuyó a residencias y hospitales. También se los envió a su jefe, Escudero. Mur actuaba según un plan de la Consejería de Sanidad, que en los primeros días de marzo instauró un nuevo sistema para admitir enfermos de residencias, con el fin de evitar que estos mayores colapsaran los hospitales. La consejería encargó a un grupo de geriatras, uno por hospital, la tarea de filtrar el acceso con la indicación de dejar fuera a los pacientes con poca autonomía (quedaban fuera los encamados y en sillas de ruedas).

También declararon dos geriatras que recibieron esos documentos, en el Hospital Fundación Jiménez Díaz y en el Ramón y Cajal. Dijeron que los aplicaron y que eran de obligado cumplimiento, según contó luego Ollero. Los siete fallecidos fueron rechazados de modo telefónico por estas doctoras, que este martes aseguraron que analizaron cada posible derivación caso a caso.

Según las fuentes presentes en la vista, cerrada a la prensa, el juez y el fiscal apenas hicieron preguntas, lo que Ollero entiende que es una muestra del poco interés por el caso. “De la Fiscalía no esperéis nada”, le dijo a las hijas de las víctimas. “Están ahí para cubrir el expediente”. La Fiscalía madrileña ha sido muy criticada por las familias. En muchos casos los fiscales han pedido el archivo sin siquiera haber oído a las familias. La fiscal madrileña Almudena Lastra llegó a decir en 2021 que los protocolos no eran obligatorios, a pesar de lo que han dicho los responsables de las residencias y los geriatras de los hospitales.

Mur llegó al juzgado desde Andorra, donde trabaja ahora como jefe de psiquiatría en la sanidad pública. En junio se había ausentado porque el juzgado no pudo localizarle. Vestía un traje negro sin corbata y cargaba un portafolio rojo que abrió para hacer consultas en el pasillo, antes de que le llamaran para declarar en la sala. Su posición era incómoda porque en función de lo que dijera el juez podía cambiar su condición de testigo a investigado. Además, una veintena de familiares le esperaba en la calle con una pancarta que decía: “Fueron abandonadas a su suerte”.

Un amigo que le acompañó durante la declaración le hizo el favor de buscar un taxi mientras él esperaba dentro del edificio para así evitar el encontronazo. Ya pasó por una escena así en marzo, cuando fue citado también como testigo en otra causa semejante en los juzgados de Plaza de Castilla.

Este martes, Mur podía ver desde el vestíbulo a los familiares y las cámaras de televisión congregados a las puertas de los juzgados. Mientras esperaba la llamada de su amigo, contaba que le sigue doliendo hablar de este tema. “Aún lloro cuando recuerdo esos días. Igual le pasa a otros médicos que se dejaron la piel aquellos días”, afirmaba. “Lo peor es que sigue sin hacerse nada para medicalizar las residencias. ¿Cómo puede ser que haya residencias de hasta 600 residentes con tres enfermeras y un médico?”

Entonces, sonó su teléfono y salió a la calle con paso ligero. Una familiar lo reconoció al ver su media melena canosa: “¡Mur, Mur, Mur!”, gritó. Y el resto de los concentrados estalló en gritos: “!Asesino, asesino, asesino!”. El taxi se marchó y allí quedaron varias mujeres que rompieron en lágrimas.

Mur debe volver a Madrid el 7 de noviembre para declarar ante la jueza de Collado Villalba. Ese caso lo llevan abogados de otra asociación de familias, Marea de Residencias. La jueza había sobreseído el caso respecto a Ayuso y sus dos consejeros, pero la Audiencia Provincial le ha obligado a reabrirlo. Ayuso, que visita estos días Nueva York, ha dicho que está convencida de que la jueza prepara el “archivo definitivo”.

Pero los familiares no dan su brazo a torcer. Piden llevar sus casos, si hace falta, hasta la justicia europea. Una de ellas clamaba desconsolada este martes a las puertas de los juzgados. “¡Los llevaron a morir! Mi tía Chelo no estaría muerta porque no estaba enferma. Yo pregunté a la residencia Nogales Pacífico por qué no la llevaron al hospital y me dijeron que tenían un papel, una orden”.

¿Tienes más información? Contacta al autor en fpeinado@elpais.es o fernandopeinado@protonmail.com

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