Los comerciantes del Metro de Madrid ganan la primera batalla de un desahucio en Aluche

El olor a café fresco que inundaba la cafetería Aquí Te Espero, en el barrio Aluche, al sur de Madrid, fue reemplazado en segundos por un penetrante hedor a aerosol: un grupo de comerciantes escribía sobre un cartel “Stop desahucios”. A pocos metros allí, Marcelo García, de 69 años, temía que este miércoles fuera el último día en que abriera las puertas de El Pipón, su tienda de frutos secos de la que dependen tres familias. El contrato que tenía con la empresa Metro de Madrid S.A. por el alquiler del local venció en 2018. La compañía declinó la renovación y comenzó un litigio que ha concluido...

El olor a café fresco que inundaba la cafetería Aquí Te Espero, en el barrio Aluche, al sur de Madrid, fue reemplazado en segundos por un penetrante hedor a aerosol: un grupo de comerciantes escribía sobre un cartel “Stop desahucios”. A pocos metros allí, Marcelo García, de 69 años, temía que este miércoles fuera el último día en que abriera las puertas de El Pipón, su tienda de frutos secos de la que dependen tres familias. El contrato que tenía con la empresa Metro de Madrid S.A. por el alquiler del local venció en 2018. La compañía declinó la renovación y comenzó un litigio que ha concluido con una orden de desahucio. El 27 de septiembre estaba previsto el cierre del comercio, pero una negociación en caliente con el equipo jurídico de Metro ha aplazado dos meses la ejecución. Los desahucios de otras dos tiendas en el mismo sector están previstos para las próximas semanas. Francisco Ferrera, presidente de la Asociación de Autónomos y Comerciantes del Metro de Madrid (AACMM), denuncia “una persecución y maltrato a los comerciantes” y calcula que el cierre de estos locales ha acabado con 125 pymes y 700 puestos de trabajo.

García regenta El Pipón desde hace 30 años. Asegura que en este tiempo han sobrado los embates de la Administración. “Primero fue el Ayuntamiento, porque no tenía licencia”, recuerda este hombre que gastó “bastante dinero en arquitectos” para reformar el local, de tal forma que cumpliera con la normativa. Una vez recuperada la licencia para operar, fue la empresa Metro la que se opuso a que su negocio siguiera abierto, a pesar del gasto en el que había incurrido para renovar el establecimiento.

Cinco años ha resistido García tras el mostrador colmado de dulces, cacahuates y refrescos, hasta que hace una semana recibió una orden de desalojo que le daba solo ocho días para abandonar el local. “Si debo cerrar, es un problema para los trabajadores porque irán al paro y para mí porque tendría que indemnizarles”, afirma el comerciante que se gana la vida con su tienda de frutos secos hace 30 años.

Sobre las 9.30 de la mañana de este miércoles, llegaba la comisión judicial acompañada del equipo jurídico de Metro y un par de oficiales de la policía. Los vecinos se acomodaron instintivamente delante de la entrada de El Pipón. “Cierren todo”, gritó alguien. Cerraron todo. Uno de los voceros de la empresa se acercó a García para explicarle el proceso y convencerle de permitir el desalojo. Fue una negociación acalorada, colmada de peticiones, concesiones, desacuerdos y pactos.

Los interlocutores fueron rodeados por una multitud de vecinos y curiosos que reaccionaban con aplausos a las palabras de García. “Esto es un maltrato a los comerciantes. Nosotros solo damos curro”, señalaba exaltado el dueño de El Pipón, que apuntaba con el dedo al portavoz de Metro. El momento se tensaba aún más con la llegada paulatina de agentes de la Policía y ocho coches patrulla.

Hubo al menos 15 minutos de diálogo hasta que el equipo judicial de la empresa Metro otorgó una prórroga de dos meses a Zapata, un lapso que, según él, le da tiempo para vender la mercancía, desmantelar el local, oficializar el despido de los trabajadores y prepararse “psicológicamente” para cerrar, aunque confiesa que aún no se imagina saliendo de su negocio ese 1 de diciembre.

Otros de los presentes que acompañó a García en la intervención fue Javier Zapata, de 54 años, quien tendrá la misma faena la próxima semana. Este comerciante ha sufrido el desalojo por partida doble: no solo le preocupa el desahucio de su panadería ―donde trabajan nueve empleados― el próximo 4 de octubre, sino que desde hace 8 años espera la reubicación de otro local que tuvo que cerrar en 2016 porque no cumplía los criterios que exigía la nueva reglamentación. Firmó un convenio con Metro que lo favorecía con un realojo que nunca llegó. “Me hablaron de tres sitios diferentes, pero nunca se concretó”, denuncia. El contrato venció en 2018 sin la asignación de ningún espacio y ahora la empresa justifica que, como el convenio ha caducado, “no se puede proceder a ningún realojo”, afirma Francisco Olaya, portavoz de Metro.

La entrada en vigor en 2016 de una nueva normativa de usos asociados para el Metro causó el cierre de la mayoría de los negocios, ya que no contaban con una salida independiente al exterior. De los 150 comercios que había en 2005, según cálculos de AACMM, solo sobreviven cinco. Metro ha indicado por correo que la situación de estos locales activos está judicializada. Entre tanto, algunos como Zapata continúan a la espera de un nuevo local, mientras otros se han conformado con las indemnizaciones por el cierre total que rondan los 40.000 euros.

En la plaza de Aluche, donde este miércoles se adelantaba el intento de desahucio, hay tres comercios de la empresa Metro vacíos y en desuso. “Uno lleva 12 años cerrado y el otro 15″, afirmaba Zapata. La compañía ha informado a EL PAÍS de que “esos locales se sacaron a licitación (por separado) y quedaron desiertos”. Nadie aspiró a ellos. Los comerciantes ni se enteraron de que podían aplicar. La empresa, que no ha encontrado quien llene los establecimientos vacíos hace más de una década, insiste en desalojar a los comerciantes que llevan allí más de 30 años.

El gremio de comerciantes también se pregunta qué ha pasado con los más de 30 establecimientos que construyó Metro en 2010 en las estaciones Plaza de Castilla, Ópera, Pacífico, Legazpi y Sol. AACMM denuncia que solo cuatro están operando. La empresa de metro no ha precisado cuánto han costado las obras, pero confirma que los espacios no podrán utilizarse porque “solo se pueden licitar los locales que estén sobre rasante”, es decir, a nivel de la calle, según la nueva normativa.

Los tenderos de Aluche resaltan los beneficios de mantener abiertos sus negocios para el entorno social. Zapata afirma que estos establecimientos generan seguridad: “Aportamos presencia desde las seis de la mañana hasta las 11 de la noche en una zona donde no todas las farolas funcionan”, dice con ironía el empresario.

Por el momento, vecinos y comerciantes han evitado el desalojo de El Pipón. La próxima semana será el turno para la panadería La Estación y, al comienzo de noviembre, la cafetería Aquí Te Espero se enfrentará a su desahucio. Las probabilidades están en su contra, pero quieren dar la pelea. Algunos comparan esa lucha con la de David contra Goliat, solo que en este caso “la pedrada siempre se la lleva David”, como dice Zapata, el próximo en la lista del equipo jurídico de Metro.

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