En la Cañada Real los techos aún gotean tras la dana: “Estuve dos días sacando el agua con cubeta”

Los habitantes de Cañada Real —el asentamiento ilegal donde miles de personas viven sin luz ni agua desde hace tres años– recordarán la dana que azotó Madrid cada vez que vean al techo: cinco días después, algunos tejados aún gotean. Las chabolas de madera absorbieron el agua del temporal y comenzaron a cede...

Los habitantes de Cañada Real —el asentamiento ilegal donde miles de personas viven sin luz ni agua desde hace tres años– recordarán la dana que azotó Madrid cada vez que vean al techo: cinco días después, algunos tejados aún gotean. Las chabolas de madera absorbieron el agua del temporal y comenzaron a ceder hasta convertirse en coladeros; los caminos de barro se convirtieron en un pantano que cortó el acceso por dos días a hogares con adultos mayores.

Antonio Cuesta, de 72 años, vive en Cañada Real desde 1982. Una enfermedad cardiaca lo obliga a usar un respirador desde hace 10 años, al menos dos horas diarias, pero su casa no tiene flujo eléctrico, así que debe apañarse con un generador que funciona con gasolina.

El lunes pasado, tras el paso de las lluvias que convirtieron la carretera en un lodazal, no pudo salir a comprar el combustible. El carro cisterna que lo abastece semanalmente tampoco pudo entrar hasta su casa. Sin agua potable y sin electricidad pasó una de las noches más largas que pueda recordar. “Es increíble que estemos viviendo esto a 14 kilómetros de la Puerta del Sol”, denuncia el anciano.

Un hombre que vive al lado de Cuesta, denuncia que su hijo no ha comenzado aún el ciclo escolar porque el estado de la carretera es intransitable para su coche y deben caminar siete kilómetros hasta la parada de la ruta escolar.

A pocos kilómetros de allí, en el sector seis, donde la mayoría de las casas son retazos de madera pegados, los habitantes narran la angustia que sintieron durante el temporal: “Yo pensé: madre mía, se me cae la casa encima”, recuerda Mari, mientras enseña las filtraciones en la cocina rodeadas por una mancha café de humedad. Relata que puso cubetas bajo las goteras para evitar que se inundara la casa: “Los dos días que estuvo lloviendo, yo estuve tirando el agua”. Otra vecina relata que tuvo que “empacar la ropa en bolsas y guardarlas en el coche” para salvarlas de la tempestad.

Tres días después de la dana, en la Cañada Real no se reponen del susto, pues viven con el miedo de que se les “venga el techo encima”, como dice una vecina mientras señala sobre su cabeza dos placas de madera que fungen como tejado y de las que, en la tarde del jueves, aún emanaban goteras.

La Cañada Real parece más una escombrera que un barrio. Las chabolas de los sectores cinco y seis fueron declaradas ilegales por el Gobierno, lo que desencadenó un pleito entre los vecinos que piden el realojamiento y la Administración que prefiere el desalojo. Algunos que se han ausentado unos días de sus casas, se han encontrado con una montaña de escombros al regresar. Las familias hacen guardias para no dejar la casa sola ante los bulldozers que merodean. En esta zona donde abunda el comercio de drogas y el desempleo, casi nadie quiere responder preguntas, mucho menos dar su nombre o mostrar su rostro ante la cámara.

La marginación administrativa y geográfica de este sector repercute en que, frente a un caso de emergencia, la Administración no brinde auxilio a esta comunidad. A los afectados solo les queda lo que las organizaciones benéficas puedan hacer por ellos.

Conrado Giménez (60 años) es el presidente de la Fundación Madrina, que desde 2020 asiste a la población más golpeada del sector, una labor que le ha generado problemas con el Gobierno autonómico: “Me acusan porque estoy ayudando a un asentamiento ilegal”, afirma el hombre de 60 años, a quien muchos en la Cañada Real le dicen cariñosamente “padre”. “Al Gobierno no le interesa que les hagamos la vida más fácil porque lo que quiere es que se vayan”, subraya.

Una caravana de la fundación compuesta por una furgoneta Sprinter, un Jeep Wrangler y una Ford recorrieron este el jueves el sector seis y el Galeana de Cañada Real, equipados con agua, leche, mantas, cobijas y pañales.

Apenas entran en la zona, una madre que carga a su hijo en un brazo, agita el que le queda libre para llamar la atención de la camioneta: “Aquí Conrado, aquí”, grita la mujer a la orilla de la vía. El hombre detiene el coche y hace de ese el primer punto de entrega de enseres. Primero los alimentos y después las mantas. Cuando se abren las puertas de la furgoneta, las madres que se amontonan con sus hijos en brazos enumeran las desgracias para conmover a los voluntarios. “Yo tengo dos niños”, dice una. “A mí se me mojaron las mantas”, reclama otra.

Esta misma ONG socorrió al anciano Cuesta y su esposa Alicia Castro (79 años) con bidones de agua potable y gasolina para el generador eléctrico, cuando la dana les impidió salir de su casa el pasado lunes. Giménez tiene un rosario de historias para dimensionar la degradación en la que se sume Cañada Real. “Las ratas les muerden la cara a los niños mientras duermen”, narra.

En la época de mayor ocupación, los sectores cinco y seis de Cañada Real tenían más de 7.000 habitantes —2.500 de ellos, menores de edad— provenientes de 17 países. Actualmente, la Fundación Madrina calcula que hay cerca de 3.000 personas en el sector seis, después de 300 desalojos. “Esto parece la ONU”, dice con gracia un dominicano, mientras limpia su coche. Los migrantes llegan atraídos por los bajos precios de alquiler, así lo afirma una migrante de Puerto Ordaz (Venezuela), que paga 200 euros por una parte de una bodega donde vive con seis familiares.

El corte de la electricidad en Cañada Real ha generado un conflicto entre el Gobierno central y la Unión Europea. Bruselas ha señalado a España por violar la Carta Social Europea y vulnerar los derechos humanos de quienes viven en este asentamiento. El Defensor del Pueblo también pidió la concesión de licencias urbanísticas municipales especiales para proporcionar suministro eléctrico antes de que comenzara el invierno pasado, una de las épocas más duras para los habitantes de la Cañada Real por el frío. Pero hasta ahora, ni la Comunidad de Madrid -que dice que es “técnicamente imposible”-, ni los ayuntamientos de Madrid y Rivas-Vaciamadrid, ni el propio Gobierno central, que son los que tienen las competencias administrativas sobre la Cañada Real, han cumplido.

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