La Comunidad de Madrid publica por primera vez su auditoría anual de la actividad que debe pagarle al Hospital Fundación Jiménez Díaz

La Comunidad de Madrid ha dado un paso inédito al subir a su web una auditoría anual de la actividad del mayor hospital privado de su red pública de salud, la Fundación Jiménez Díaz, perteneciente al Grupo Quirónsalud. Este informe, que es un control a la veracidad de los servicios que deben ser abonados con dinero público, se refiere al año 2017 y revela las actuaciones sanitarias incorrectamente clasificadas por el hospital, al que la Consejería de Sanidad compensa caso por...

La Comunidad de Madrid ha dado un paso inédito al subir a su web una auditoría anual de la actividad del mayor hospital privado de su red pública de salud, la Fundación Jiménez Díaz, perteneciente al Grupo Quirónsalud. Este informe, que es un control a la veracidad de los servicios que deben ser abonados con dinero público, se refiere al año 2017 y revela las actuaciones sanitarias incorrectamente clasificadas por el hospital, al que la Consejería de Sanidad compensa caso por caso de acuerdo con una lista de precios públicos. A pesar de que la Comunidad firmó un concierto con este centro en 2003, nunca había publicado proactivamente esta información, que tiene consecuencias para las arcas públicas.

Las auditorías han sido publicadas en un apartado de la web autonómica llamado Control y Seguimiento de los Hospitales Concesionados, donde abundan las lagunas informativas. La Consejería de Sanidad no ha contestado al motivo por el que ha roto ahora con años de opacidad sobre este hospital, que cuesta anualmente más de 400 millones de euros. Los críticos de la privatización sanitaria han cuestionado desde hace tiempo la falta de transparencia en el control a 13 de los 34 hospitales gestionados por terceros. La web pública recoge auditorias de distinto carácter (sanitario, lavandería o limpieza, entre otros), pero buena parte de la información con consecuencias económicas está desactualizada. Por ejemplo, la auditoría de la facturación del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles (también de Quirónsalud) se publicó en sus dos primeros años de operación (2012 y 2013) y desde entonces no se ha vuelto a subir.

La Comunidad actualiza ese apartado de su web de forma periódica sin grandes anuncios, pero es posible conocer que los documentos fueron subidos en la segunda mitad de 2022 gracias a Wayback Machine, una biblioteca digital que permite “viajar en el tiempo” para conocer cómo eran las webs en el pasado por medio de capturas de pantalla que toma de forma automática.

Los políticos de la oposición o expertos sanitarios que intentan fiscalizar los gastos se desesperan por esta falta de transparencia, que consideran impropia de un sistema público sanitario como el madrileño, tan dependiente de contraprestaciones a empresas privadas. Uno de los enigmas en el caso de Fundación Jiménez Díaz es cuánto gana al año este hospital. Sus cuentas definitivas se conocen con años de retraso porque este hospital cobra un adelanto (“crédito”) que aparece en los presupuestos, más una liquidación posterior, tras las auditorías, en la que se determina la cantidad pendiente de abono.

Víctor Jiménez, presidente de la Asociación Madrileña de Enfermería, ha conseguido por una solicitud de transparencia la liquidación de 2017, el año al que hacen referencia esas auditorias: son 151 millones de euros, que hay que sumar a los 331 millones de créditos. En total, 482 millones.

Un detalle revelador de lo complejo que es el sistema de control es que en la respuesta a Jiménez, de marzo de este año, la Consejería de Sanidad le niega otros datos que había solicitado, la de los años 2018, 2019, 2020 y 2021, “porque tal información aún no es posible facilitarla dado que se encuentran en curso de elaboración”. El año pasado, la Comunidad pagó 1.390 millones a las empresas detrás de estos hospitales (1.278 millones a Quirónsalud) por deudas que afectaban a los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 o 2020.

Dinero extra por pacientes de fuera

La Jiménez Díaz, también conocida como la Concha, fue fundada en 1955 como fundación y privada y en 2003 fue adquirida por una empresa, IDCSalud. Desde 2016 está en manos de Quirónsalud, grupo español que tiene una extensa red de hospitales en España, Latinoamérica y Oriente Medio, y es propiedad de Fresenius, una multinacional alemana. Es uno de los grandes hospitales de Madrid, con 651 camas y da servicio a los 440.164 habitantes de su área de influencia (distritos Centro, Arganzuela, Moncloa y parte de Fuencarral), pero también a los madrileños de otras zonas que optan por ser tratados en este hospital o que son derivados a él como parte de un programa de reducción de listas de espera. Ese flujo externo es muy lucrativo para el hospital.

Es con gran diferencia el hospital que más citas de libre elección recibe, con 70.972 en 2021, seguido de lejos por el segundo, el Rey Juan Carlos (Móstoles), con 45.142; el tercero, el de Villalba, con 28.003; y el cuarto, Valdemoro, con 16.720. Todos son gestionados por Quirónsalud, que tiene un interés en recibir pacientes de fuera de su área para facturar más.

La auditoría al Jiménez Díaz es un examen a un número limitado pero representativo de los servicios prestados por el hospital en 2017. Un documento se refiere a la actividad que presta el hospital a los 440.164 habitantes de su área de influencia (distritos Centro, Arganzuela, Moncloa y parte de Fuencarral) y el otro a la de libre elección, es decir, a los servicios prestados a madrileños de otras zonas que acuden a este centro. Un tercer documento es una auditoría de calidad del año 2021, que no tiene trascendencia económica y mide indicadores orientados a mejorar la atención al paciente.

En los dos primeros informes, los auditores exponen sus discrepancias con la clasificación que el hospital hace de algunos servicios. Mientras que en algunas categorías no existen discrepancias, en otras se dan altos porcentajes de disconformidad. Por ejemplo, discrepan con el 52% de las intervenciones quirúrgicas ambulantes realizadas en quirófano a los pacientes de libre elección. Consideran que casi la mitad de estos casos deberían haber sido clasificados como cirugía mayor ambulatoria. En ambos casos el paciente se marcha a su casa en el mismo día, pero la facturación es distinta, aunque no ha sido posible comprobar la diferencia, puesto que en los documentos subidos a la web de la Comunidad no aparecen las tarifas de 2017.

Otro ejemplo de conflicto son las primeras consultas de alta resolución a los pacientes del área de influencia (21,8% de disconformidad). En todos estos casos, los auditores concluyeron que deberían haber sido clasificados como primeras consultas. Los exámenes también detectan en el total de la actividad del hospital siete servicios duplicados y nueve no realizados.

El profesor emérito del Instituto de Salud Carlos III, José Manuel Freire, dice que pasó todo su tiempo como diputado portavoz de Sanidad del PSOE madrileño (2011-2021) luchando por arrojar luz sobre los pagos de la Comunidad a estos hospitales. Se topó con la falta de transparencia y una información deficiente. “No es posible conocer los detalles de estos pagos porque en las liquidaciones anuales no especifican el desglose”. Un problema, añade, es la escasez de recursos humanos destinados al control. “Es impensable que una empresa que tiene un proveedor al que le paga más de 400 millones al año destine tan poco esfuerzo a fiscalizar ese gasto”. Para apoyar a los auditores del Servicio Madrileño de Salud, la Comunidad contrata a la consultora estadounidense Hill International, a la que paga 1,1 millones de euros al año.

El diputado portavoz de Sanidad de Más Madrid, Javier Padilla, pone otro ejemplo de la falta de transparencia: pidió en la Asamblea unas auditorías de algunos hospitales concesionados que no estaban en la web. Las recibió al poco tiempo, dice: “Las tienen, pero no las publican”.

¿Tienes más información? Contacta al autor en fpeinado@elpais.es o por Twitter a @FernandoPeinado

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