33.332 demandas en el cajón y 15.235 procesos suspendidos: la huella de la huelga de letrados judiciales en Madrid

Danny Daniel puso un pie en Madrid procedente de Miami la primera semana de marzo con ansias de justicia. Este compositor llevaba esperando desde hacía cinco años un juicio por plagio contra la SGAE por una canción que, según él, le copiaron los Gipsy Kings en 1982. Reclama a la sociedad más de tres millones de euros. Pero su expectativa se cortó pronto, ya que a las pocas horas de llegar a España le anunciaron que su vista oral había sido suspendida por la ...

Danny Daniel puso un pie en Madrid procedente de Miami la primera semana de marzo con ansias de justicia. Este compositor llevaba esperando desde hacía cinco años un juicio por plagio contra la SGAE por una canción que, según él, le copiaron los Gipsy Kings en 1982. Reclama a la sociedad más de tres millones de euros. Pero su expectativa se cortó pronto, ya que a las pocas horas de llegar a España le anunciaron que su vista oral había sido suspendida por la huelga indefinida que los letrados de la administración de justicia (antiguos secretarios judiciales) mantienen desde el 24 de enero. No hay fecha prevista para la reubicación del juicio. Es solo un ejemplo de los miles de procesos que han quedado en un limbo por la falta de acuerdo entre el Ministerio de Justicia y los trabajadores que reclaman mejoras en sus condiciones laborales. Unos paros que afectan especialmente a la justicia en Madrid, históricamente saturada. En la región se han suspendido 15.235 actos procesales desde que comenzó la huelga, según datos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Madrid cerró 2022 con 533.538 causas pendientes de resolución, un 10% más que el año anterior, según datos del Consejo General del Poder judicial hechos públicos la semana pasada. El plante de los letrados judiciales para forzar la negociación ha supuesto una nueva “herida” en un “paciente que ya de por sí era terminal”, en palabras de María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura y jueza decana de Madrid. Desde que se iniciaron los paros hasta este 9 de marzo, se han presentado 33.332 demandas de lo social, contencioso y civil que esperan destino en un cajón.

La sobrecarga estructural en la que vive la justicia en la región responde a algunos motivos lógicos: la Comunidad de Madrid es una de las que más litigios tiene por población y también por el elevado número de empresas que tienen en ella su sede social. “Y además porque es la que acumula algunos de los asuntos más complejos. Juicios que mantienen a un magistrado ocupado un mes, en el que no puede dedicarse a ninguna otra causa”, puntualiza Del Barco. “Todas las huegas conllevan un perjuicio, pero es que en nuestro caso, la situación ya era mala de antes”, añade.

El comité de huelga cifra en 293.000 las vistas suspendidas desde que empezó la huelga en toda España. Ernesto Casado, portavoz del comité de huelga, asegura que ya han puesto sobre la mesa de negociación medidas de refuerzo en el momento en el que acabe la huelga para desatascar, pero por ahora afirma que no ha habido acuerdos concretos en este sentido. “Las comunidades con más saturación, como Madrid, son las principales interesadas en que se resuelva, porque el desembolso de horas extra y equipos adicionales para aliviar la situación va a salir de las comunidades con competencias transferidas”, apunta.

A muchos de los juicios suspendidos no se les está reasignando fecha. Nadie sabe cuándo se juzgará el caso de los cadáveres de la Complutense, que destapó el supuesto enriquecimiento ilícito de un profesor de la Facultad de Medicina desde 2008 mientras acumulaba cuerpos en pésimas condiciones en los sótanos del edificio. La vista oral estaba prevista para este viernes 10 de marzo. También vio cómo se anulaba su juicio una madre a la que la policía detuvo por dejar sola a su hija en casa para irse a trabajar hace dos semanas. Y muchas más historias anónimas. Fredy y Martha, clientes de la letrada Patricia Gómez, también vieron el pasado lunes cancelada la vista por una “pesadilla” inmobiliaria que arrastran desde hace más de una década. Sucedió en el juzgado de Majadahonda, uno de los que, según los datos del Colegio de la Abogacía de Madrid, más secunda la huelga. “Me afectó especialmente porque es un caso sangrante, en el que los afectados son mayores y llevan mucho tiempo esperando”, comenta la abogada.

En toda España hay unos 3.000 secretarios judiciales, de los que 552 trabajan en la Comunidad de Madrid. El comité de huelga cifra el seguimiento en la región en un 50%, aunque advierten de que no es un porcentaje exacto por la dificultad de recabar información con tantas sedes judiciales. En los datos proporcionados por el TSJM, se observa que cada semana se suspenden menos procesos. La primera se cancelaron 2.526, mientras que la última esta cifra ha descendido a 1.620.

Niveles pandémicos

Para la jueza Del Barco, la pandemia “fue peor”, porque no solo bloqueó los procesos en el tiempo en el que no hubo actividad, sino que retrasó muchos otros porque hubo que seguir manteniendo normas de seguridad que reducían el número de vistas orales. Sin embargo, fuentes jurídicas apuntan a que la huelga puede volver a llevar a la Comunidad a estos niveles de saturación pandémicos. “Vamos a tardar años en superar esta situación, si ya acumulábamos retraso, ¿cómo vamos a reubicar todas las vistas suspendidas?”, se lamenta Javier Mata, portavoz del Colegio de Abogados de Madrid y socio director del despacho Andersen con más de 90 letrados en nónima.

Mata señala las pérdidas económicas que supone, no solo para los despachos, sino también para los clientes. “Te pongo un ejemplo reciente. Un juicio por una cantidad importante en plaza Castilla. El cliente viene de Holanda, otro abogado de Mallorca, por no hablar del resto de testigos y peritos provenientes de diferentes puntos de España. Solo en desplazamientos calculamos miles de euros. Por mucho que tratamos de prever si la vista se iba a suspender, no fue hasta que todos estábamos en el juzgado que nos los comunicaron”, señala.

“Cuanto más se alargue esto en el tiempo, se va a hacer más bola. Creemos que necesitaremos un mínimo de ocho meses para dar salida a todo lo que está bloqueado”, afirma Ernesto Casado, del comité de huelga. “Y claro que somos conscientes de que detrás de cada cancelación, hay una historia y una persona. Cada día nos llegan mails y mensajes de gente que nos pide desatascar algo porque necesita un simple papel para poder viajar o cobrar una indemnización, pero yo no puedo coaccionar a nadie para que no ejercite su derecho a huelga, ni siquiera apelando a estos motivos”, arguye. Además de los retrasos en las tramitaciones, Casado también apunta a algo que habrá que trabajar en recomponer: “Esto está generando mucha tensión en los lugares de trabajo, y pasará tiempo antes de que vuelva a recuperarse la confianza y el bienestar laboral”.

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