“La ocupación de bienes inmuebles constituye un fenómeno que genera una gran preocupación social y una innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía”. Así presenta la Comunidad de Madrid el teléfono 112 ocupación (900 205 112), inaugurado el pasado mes de junio. Sin embargo, el servicio apenas ha llegado a atender seis consultas al día en sus primeros seis meses de vida, según información obtenida por EL PAÍS utilizando la Ley de Transparencia. De esas 1.163 llama...

“La ocupación de bienes inmuebles constituye un fenómeno que genera una gran preocupación social y una innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía”. Así presenta la Comunidad de Madrid el teléfono 112 ocupación (900 205 112), inaugurado el pasado mes de junio. Sin embargo, el servicio apenas ha llegado a atender seis consultas al día en sus primeros seis meses de vida, según información obtenida por EL PAÍS utilizando la Ley de Transparencia. De esas 1.163 llamadas recibidas entre la última semana de junio y el 31 de diciembre de 2022, 42 se hicieron desde fuera de la Comunidad de Madrid: es decir, utilizó el servicio tan solo un 0,02% de la población adulta de la región. Con un matiz importante: los datos proporcionados no están desagregados en función del interlocutor, por lo que la misma persona puede haber hecho varias llamadas. Del total, solo en un 6% de los casos se dio traslado a la policía. Un balance que contrasta con la alarma generada por los principales portavoces del PP desde 2019, cuando Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida llegaron al poder en la Comunidad y el Ayuntamiento y situaron la lucha contra la okupación en el corazón de su agenda política.

Así contestaba Ayuso a Podemos en un debate parlamentario de febrero de 2022: “Yo les adelanto que a partir del mes de marzo vamos a poner en marcha la oficina anti-okupación, la oficina anti-sus amigos y vamos a ayudar a las policías locales, a los jueces, a los fiscales, pero especialmente a los propietarios de esas viviendas que sus amigos ocupan y a los que están defendiendo siempre que gobiernan, para que abandonen rápidamente sus propiedades”.

Y así se expresaba Martínez-Almeida en octubre: “No está sucediendo lo que en el mandato anterior [en referencia al gobierno de Ahora Madrid con Manuela Carmena]. No son movimientos sociales, sino movimientos faciales, porque quieren vivir por la cara a costa de todos los madrileños, y nuestro compromiso [contra ellos] es firme”.

Las dos declaraciones aclaran que para el PP, como para Vox, la okupación es un problema que abre una oportunidad: permite confrontar con la izquierda para movilizar el voto conservador. Sin embargo, esas afirmaciones no tienen en cuenta algunos datos. En Madrid hay unas 4.300 viviendas okupadas dentro de un parque de 3,5 millones. Y de esas 4.000, 2.108, el 50%, son de la Comunidad de Madrid a través de la Agencia de Vivienda Social (AVS), según cifras proporcionadas por el Ejecutivo. Esas cifras permiten plantear que el supuesto problema ciudadano es en realidad un problema del Gobierno. Como el Ejecutivo regional es la principal víctima de okupaciones en la región, ha tomado decisiones para limitar el fenómeno: por ejemplo, en 2021 decidió gastarse 200.000 euros en puertas antivandálicas y alarmas “a fin de evitar la okupación” de 257 viviendas vacías de su propiedad. Y el gobierno capitalino, también del PP, está en la misma línea argumental, y comparte el mismo problema, gastó 1,4 millones hasta 2022 en un contrato para proteger los solares municipales.

Esas decisiones reflejan que las propiedades públicas, y las vacías que están en manos de bancos, fondos de inversión, y empresas, son las más afectadas. De hecho, las okupaciones de pisos de particulares son la minoría, según reconocen en la Administración. Una radiografía que quizás explique el número de llamadas que recibe el 112 ocupación.

Llamadas en verano

De acuerdo con los datos conseguidos por este diario, en el 6% de las llamadas (70 casos) el 112 ocupación dio traslado a la policía, aunque no es posible saber qué pasó en cada uno de ellos. El Gobierno defiende la puesta en marcha de este servicio, que presta servicio los siete días de la semana, con dos operadores para cada uno de los tres turnos establecidos (mañana, tarde y noche). “Esta herramienta lo que hace es prestar información, asesoramiento y prevención en materia de ocupación y ha dado buenos resultados, ya que se han logrado evitar o disuadir desde el mes de julio hasta 70 situaciones que podrían haber derivado en ocupación”, explica un portavoz municipal. “El perfil de las llamadas que se producen a este número es de asesoramiento por ocupación en curso, abogados de comunidades de vecinos, o por trámites relacionados con la oficina de atención a víctimas del delito, ya que se considera víctima de un delito a quien sufra un episodio de ocupación”.

Los municipios con más población son los que generan más llamadas al 112: Madrid (830), Getafe (25), Parla (21) o Alcalá de Henares (19). Además, hay un grupo de consultas (41) que llegan de lugares sobre los que las policías coordinadas por el dispositivo no pueden hacer nada, pues carecen de competencias: son de fuera de la región. El balance obtenido por este diario es que el pico de consultas coincide con los meses de verano, cuando más casas quedan vacías por las vacaciones de sus moradores y más fácil es okuparlas: 192 llamadas en julio, 309 en agosto, y 271 en septiembre, lo que representa el 66% del total. El servicio, además, se lanzó justamente al comienzo del verano de 2021.

La proximidad de las elecciones municipales y autonómicas reavivará con toda seguridad el debate. Pocos asuntos movilizan más al electorado que el de la defensa de la propiedad privada. Y Ayuso lo sabe: por eso ha dado orden al Canal de Isabel II de dejar de cobrar el agua a los propietarios de viviendas okupadas. Una apuesta que afecta a unos pocos ciudadanos, pero atrae a muchos electores.

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