Con la Navidad a las puertas, 16 familias reciben una noticia de las que marcan para toda la vida: el 15 de diciembre, la Comunidad de Madrid les comunica a 14 que quiere derribar sus viviendas de San Fernando de Henares, un municipio al este de Madrid donde el Metro ha abierto heridas incurables; y el jueves 22, cuando todo el mundo está montando ya sus cenas de Nochebuena, les avanza a otras dos familias que serán desalojadas. “Es enormemente triste saber que ya he pasado las últimas Navidades en un sitio en el que he crecido, donde están mis raíces, donde me han hecho ser quien soy... y que...

Con la Navidad a las puertas, 16 familias reciben una noticia de las que marcan para toda la vida: el 15 de diciembre, la Comunidad de Madrid les comunica a 14 que quiere derribar sus viviendas de San Fernando de Henares, un municipio al este de Madrid donde el Metro ha abierto heridas incurables; y el jueves 22, cuando todo el mundo está montando ya sus cenas de Nochebuena, les avanza a otras dos familias que serán desalojadas. “Es enormemente triste saber que ya he pasado las últimas Navidades en un sitio en el que he crecido, donde están mis raíces, donde me han hecho ser quien soy... y que ahora va a ser mutilado de manera injusta”, resume Alejandro, uno de los afectados, que forma parte de los más de 100 vecinos que han tenido que abandonar sus hogares desde 2021 como consecuencia de las grietas, roturas y desperfectos que empezaron a aparecer en sus viviendas con la llegada del suburbano. El 29 de diciembre, muchos protestaron a las puertas de un acto de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Y el 8 de enero se manifestarán en la capital.

Todo arranca en 2007, cuando la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, celebra la inauguración de la línea 7B, hecha a toda prisa para que se estrene justo antes de las elecciones. Desde el primer día, las obras provocan algo parecido a un terremoto en el subsuelo: facilitan que el agua entre en contacto con la sal que entrevera el terreno, disolviéndola y causando un corrimiento de tierras que hace que los cimientos de los edificios pierdan pie. 15 años después, ya se han derribado 27 viviendas y otras tantas están a un paso de seguir el mismo camino, según anunció en diciembre la Comunidad, para un total de 54, según cifras de la Administración regional, que no concuerdan con las de la local (que dice tener constancia de 53). Como consecuencia, más de 100 personas de 80 familias han dejado sus hogares. Y muchas siguen viviendo entre grietas, ruidos tenebrosos y el miedo permanente a que se les caiga el techo encima. En la zona cero del problema, hay pocas ganas de fiestas, villancicos y reyes magos.

“Solo de pensar en estas Navidades me da vértigo”, dice Alejandro. “Nuestra casa en breve será un amasijo de escombros”, lamenta, tras vivir lo que describe como “una odisea”. Primero tuvo que abandonar en abril su piso, donde vivía junto a su hermano y su madre, mientras la Comunidad intentaba arreglarlo. Luego, asegura, se encontró con que la Administración, que paga el alquiler de su nueva residencia, no tenía previsto correr con los miles de euros de la garantía y los adelantos (finalmente sí lo hizo). Cuenta que en la casa que encontró tras mucho buscar le abrieron la puerta solo cuando la arrendataria supo de su historia, y se solidarizó con el drama. Y ha vivido diciembre, afirma, con la inquietud de que fuera a vencer su contrato sin que la Comunidad le hubiera comunicado, ni a él ni al resto de afectados, que fuera a renovarlo.

“Se les dijo personalmente a todos que se les iba a renovar por un plazo de nueve meses”, puntualiza un portavoz del Ejecutivo, que mantiene reuniones periódicas con los afectados para informarles de cualquier novedad y que corre con los gastos de vivienda, manutención o transporte de los desalojados. Sin embargo, los afectados denuncian que viven encadenados a un caos de lentas gestiones burocráticas que se ve acentuado por la pérdida de su hogar, sus recuerdos y sus sueños.

“Ya no es la situación dramática que pasamos, es el trato sádico que nos da la Comunidad: nos quitan la casa, nos abandonan y, cuando reconocen la culpabilidad y parece que se mueven, te hacen vivir una travesía por el desierto para tener una vivienda digna”, afirma Alejandro, que el 8 de enero acudirá a la manifestación de protesta que recorrerá el tramo que separa Callao de la Puerta del Sol.

Los vecinos están dispuestos a llegar hasta donde haga falta para defender sus derechos. Un ejemplo. 16 de noviembre. En el aeropuerto de Barajas aparece un grupo de afectados tras pegarse un madrugón de época: se han levantado a las 3.15. Se dirigen a Bruselas, donde tienen cita con la comisión de peticiones del Parlamento Europeo. De las solapas de sus abrigos cuelga una chapa que lo dice todo: “Vidas rotas”. Quieren denunciar su situación. Pedir ayuda. Soluciones. Un viaje que queda resumido en un documental lleno de emociones y declaraciones alarmantes. “Han jugado con la vida de trabajadores y trabajadoras”, concluye el eurodiputado Miguel Urban, de Anticapitalistas, según recoge ese documental.

“Me resulta incomprensible cómo la Comunidad permanece durante años negando una responsabilidad que es suya”, lamenta la socialista Cristina Maestre. “Empatía cero, responsabilidad cero”, critica. “Europa tiene que dar una respuesta, porque se están vulnerando claramente los derechos de los ciudadanos”. “Se trata de generar presión para encontrar una solución”, remata Jordi Solé, representante de ERC. “Estamos hablando de un caso clarísimo de mala administración, de que no se ha procedido con la diligencia debida para solucionar la situación (...) Los vecinos se han quedado sin vivienda y con unos apuros económicos muy grandes”.

Investigación europea

Los afectados se marchan con la promesa de que recibirán en San Fernando la visita de una delegación oficial de eurodiputados y luego reciben la notificación de que habrá una investigación preliminar que incluye pedirle información a la Comunidad y recabar más testimonios. Pero nada contiene su desesperación por ser víctimas de una decisión en la que no participaron y que les ha llevado a una situación insostenible. Muchos llevan ya más de un año fuera de sus casas. Vivieron en un apartotel, con todos los gastos pagados por la Comunidad. Hasta que se acabó el dinero y tuvieron que buscar un alquiler. Ahora, la Administración ha anunciado que empleará siete millones de euros para indemnizar a los que se han quedado sin casa: la cuantía máxima que se entregará a los vecinos será superior a 355.000 euros, y la mínima de 136.000 euros. Todo porque un día de 2007 el Metro llegó a San Fernando.

Desde entonces, la línea 7B acumula nueve cierres que suman más de dos años sin dar servicio: las vías y el túnel que las acoge se están hundiendo poco a poco, lenta pero inexorablemente. En paralelo, el Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el PSOE, advierte de que han aparecido grietas o afecciones en cerca de 600 edificios de 13 calles distintas.

“Es un problema muy grave, que afecta a toda la ciudad”, se queja Javier Corpa, el alcalde socialista de San Fernando, una localidad con 40.000 habitantes. “La Comunidad está realizando trabajos de asentamiento del terreno, y llevamos tiempo diciendo que no van a ser la solución definitiva, porque es la cuarta vez que los realizan, y no han resuelto el problema en 15 años”, sigue. “No se puede seguir con este maltrato”, añade. Y remata: “¡Ya está bien! Son 15 años de machaque, de sufrimiento”.

La Comunidad de Madrid dice haber invertido más de 40 millones de euros en los últimos años para arreglar la situación. Promete también que invertirá más de 120 millones “para continuar con las actuaciones integrales en el municipio, cuyo objetivo es salvaguardar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos afectados por la línea 7 de Metro”. Y detalla cómo marchan los trabajos de consolidación del terreno, que afectan a 10.000 metros cuadrados: desde el 13 de octubre, se han inyectado 950 metros cúbicos de mortero de hormigón, que han llegado a unos 5.500 metros de profundidad, según datos aportados por la Comunidad. Pero mientras tanto, y desde hace 15 años, el problema sigue. También en Navidad.

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