Un testigo incómodo para Ayuso, dos meses antes de las elecciones
Carlos Mur, el alto cargo que firmó los protocolos que negaron la atención a personas mayores de residencias, declarará el 23 de marzo en un juzgado de Madrid sobre el origen de los documentos
La precampaña para las elecciones de mayo en la Comunidad de Madrid, en las que Isabel Díaz Ayuso buscará su reelección, tendrá el jueves 23 de marzo señalado en rojo en el calendario. Será la primera vez que declaren en un juzgado dos cargos políticos involucrados en el trágico episodio que supuso que miles de personas mayores enfermas de covid fueran rechazadas por los hospitales de Madrid la primavera de 2020. Uno de las decenas de jueces en la Comunidad de Madrid que investigan las muertes en ese período, el titular del juzgado de instrucción número 9, ha citado como testigos a Carlos Mur,...
La precampaña para las elecciones de mayo en la Comunidad de Madrid, en las que Isabel Díaz Ayuso buscará su reelección, tendrá el jueves 23 de marzo señalado en rojo en el calendario. Será la primera vez que declaren en un juzgado dos cargos políticos involucrados en el trágico episodio que supuso que miles de personas mayores enfermas de covid fueran rechazadas por los hospitales de Madrid la primavera de 2020. Uno de las decenas de jueces en la Comunidad de Madrid que investigan las muertes en ese período, el titular del juzgado de instrucción número 9, ha citado como testigos a Carlos Mur, el alto cargo regional que firmó los protocolos de no derivación, y a Alberto Reyero, el consejero que denunció la ilegalidad de esos documentos. La noticia fue adelantada el miércoles por el periódico InfoLibre.
La noticia tiene una doble trascendencia, política y judicial. La declaración, poco más de dos meses antes de la cita con las urnas del 28 de mayo, pondrá de nuevo en la agenda un tema que Ayuso ha querido evitar. En la campaña para la reelección de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el 4-M, apenas se habló de este asunto. Es probable que el año que viene sea distinto. Para las familias de los fallecidos, que creen que las culpas no se deberían detener en el personal de las residencias, es una esperanza en su búsqueda de justicia. “Ha sido un revulsivo porque hasta ahora todo eran malas noticias”, dice José Luis González, uno de los abogados de Marea de Residencias, una asociación que agrupa a familiares. El caso en cuestión afecta a la residencia DomusVi Albufera, un centro privado en Vallecas con 146 plazas que tiene como referencia el cercano Hospital Infanta Leonor. La querella fue presentada por tres familiares de fallecidos que sufrieron el rechazo hospitalario.
En sus múltiples acciones en distintos partidos judiciales de la región, los abogados de Marea de Residencias diseñaron las querellas de abajo arriba, de modo que los testigos sobre el terreno (familiares, médicos, directores de residencias) implicaran a los responsables políticos. “El problema es que teníamos un tapón porque ningún magistrado se mostraba dispuesto a subir peldaños”.
De acuerdo con esa estrategia, Mur era el siguiente escalón. Él era el director general de coordinación sociosanitaria, el puesto encargado de la asistencia médica a las residencias de mayores. Fue quien trabajó con un grupo de geriatras de hospitales para diseñar el protocolo que pedía dejar en las residencias a los mayores enfermos que fueran dependientes en su día a día. Firmó digitalmente los cuatro protocolos que fueron distribuidos a hospitales y residencias, el 18, 20, 24 y 25 de marzo.
Mur, que fue cesado en mayo de 2020 y hoy es jefe de psiquiatría en la sanidad de Andorra, podría ser la clave para que las familias pasen al siguiente escalón. Él dijo en febrero de 2021 en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que informó a sus superiores directos. Por encima de él estaban en la Consejería de Sanidad la viceconsejera Ana Dávila y el consejero Enrique Ruiz Escudero. Mur no ha contestado este jueves a una petición de entrevista de este periódico.
El plan para las residencias de mayores fue elaborado entre el lunes 9 y el viernes 13 de marzo en una reunión de la presidenta Ayuso con el asesor especial que fichó para la pandemia, Antonio Burgueño, según adelantó él mismo a este periódico y luego confirmó en la Asamblea. Se suponía que las residencias iban a ser “medicalizadas” con el personal de atención primaria, pero el hospital de campaña de Ifema absorbió a esos sanitarios. Ifema, como el resto de los hospitales públicos, también cerró sus puertas a los mayores de residencias.
El abogado de Marea de Residencias dice que su objetivo en la vista del 23 de marzo será que Mur sea más explícito que en la Asamblea. “Intentaremos que nos cuente por qué diseñó la Comunidad los protocolos para extender el ámbito de responsabilidad más allá de su estricto ámbito de actuación. Tiene que decir el nombre y apellido de sus superiores y solicitaremos diligencias para que ellos sean citados. A Mur le conviene porque le interesa dejar claro que no era responsabilidad de él. Si no lo hace, podría salir del juzgado como investigado”.
Por su parte, es esperable que Reyero mantenga que los protocolos, a su juicio, eran ilegales. Reyero ha dicho que no participó en la decisión de medicalizar las residencias y ni siquiera fue consultado al respecto. Según ha contado, se enteró de los protocolos el sábado 21 de marzo de 2020. Luego, causó un terremoto político el 1 de junio de 2020, cuando expresó en la Asamblea que las residencias no habían sido medicalizadas y que los protocolos eran probablemente ilegales. Según se supo más tarde, le trasladó esa postura a Escudero en varios correos enviados en los primeros días de la crisis. En un libro publicado el mes pasado, titulado Morirán de forma indigna, detalla cómo en las reuniones del consejo de Gobierno varios compañeros dieron evasivas a sus pedidos de auxilio para los mayores del sector que él supervisaba.
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