Bebés a la ciudad y adolescentes al campo: Madrid provoca un tsunami al reorganizar las casas de acogida de menores tutelados

El efecto dominó por los próximos cambios en las casas de acogida para menores tutelados por la Comunidad de Madrid se ha convertido en un auténtico tsunami. La Administración ha decidido “reordenarlas”. Y los trabajadores no dan crédito y han decidido movilizarse. No por ellos, argumentan, sino por los menores. Para entenderlo: los bebés y niños de hasta seis años con diversas enfermedades, que hasta ahora vivían en un paraje idílico en mitad de la naturaleza, serán trasladados al centro de la ciudad. Los adolescentes, que estaban ya integrados en colegios o institutos en el centro de la ciud...

El efecto dominó por los próximos cambios en las casas de acogida para menores tutelados por la Comunidad de Madrid se ha convertido en un auténtico tsunami. La Administración ha decidido “reordenarlas”. Y los trabajadores no dan crédito y han decidido movilizarse. No por ellos, argumentan, sino por los menores. Para entenderlo: los bebés y niños de hasta seis años con diversas enfermedades, que hasta ahora vivían en un paraje idílico en mitad de la naturaleza, serán trasladados al centro de la ciudad. Los adolescentes, que estaban ya integrados en colegios o institutos en el centro de la ciudad, se tendrán que separar de sus amigos y familiares y alejarse al campo, donde no hay nada más. Y los menores extranjeros no acompañados dejan el centro de la capital para irse al distrito de Barajas, el extrarradio. “Esto es el peaje que Ayuso tiene que pagar con Vox”, critican los trabajadores sociales y educadores consultados. El movimiento de unos y otros tiene otra consecuencia colateral: disminuyen las plazas públicas mientras siguen intactas las concertadas. El conflicto no ha hecho más que empezar y acabará, anuncian, en manos del Defensor del Pueblo.

Todo empezó el 25 de mayo, cuando los responsables de La Casa de los Niños, uno de los tres centros de acogida de la región con menores de 0 a 6 años, recibieron una notificación para que se reunieran al día siguiente con el gerente y el director general de la Infancia de la Comunidad de Madrid. Fue entonces cuando les notificaron los planes. Dejarían sus instalaciones en cuestión de días, ya que, se había puesto el mes de junio en el calendario para que todo se pusiese en marcha, según cuentan los trabajadores. Las protestas y los argumentos de que no podían dejar a los niños y adolescentes sin sus últimas semanas de clase en el centro de Madrid hicieron posponer unos meses la decisión: la fecha se cambió a septiembre, con el nuevo curso por empezar y tras la remodelación de todas las casas. Porque, además de que no ha llegado una explicación técnica sobre el sentido de los cambios, todos los edificios se tendrán que acondicionar y transformar para acoger a sus nuevos inquilinos. La Comunidad de Madrid no ha querido responder a este periódico sobre esos plazos, ni tampoco sobre las razones del cambio. Solo ha dicho, a través de una nota enviada por un portavoz, que el plan se ejecutará “durante los próximos dos años”.

Pero nada tiene sentido para quienes trabajan para atender a estos menores que acaban tutelados por la Comunidad de Madrid debido a razones diversas y extremas, como que los progenitores hayan ingresado en prisión, tengan problemas graves de salud mental, con las drogas o el alcohol, o se produzca maltrato físico o abusos sexuales en el hogar.

La Casa de los Niños es un lugar acondicionado para bebés recién nacidos, con nidos donde duermen, y salas y espacios para niños de hasta seis años, muchos con problemas motores. Se encuentra ubicada en un complejo educativo idílico, rodeado de pinos y naturaleza, sin coches alrededor, en medio de una zona residencial en la carretera de Colmenar Viejo. Alejados del ruido, los educadores, psicólogos o trabajadores sociales atienden a 20 menores. Sin embargo, esos bebés serán trasladados ahora al centro de la ciudad, donde los trabajadores no podrán sacarlos a pasear de tres en tres como hasta ahora por razones obvias. Y allí, a la Casa de los Niños, trasladarán a menores de entre siete y 18 años, “a los que habrá que separar de su entorno, su colegio, su instituto, sus amigos e incluso su familia de referencia, para ir a un sitio que está acondicionado para bebés”, explica Covadonga Díaz, una de las educadoras de La Casa de los Niños, que trabaja allí desde hace 22 años.

Más plazas concertadas

“El cierre de La Casa de los Niños es una medida injustificada e improvisada, que deja a la red de centros de protección de la Comunidad de Madrid con menos plazas de atención pública de 0 a 6 años, mientras que desde los servicios sociales de la zona se denuncia la necesidad de tutelar casos en flagrante desamparo. El pretendido aumento de las familias acogedoras, que es mentira, sirve de tapadera para cerrar centros de primera infancia y aumentar los conciertos con centros privados”, dice la educadora. Según datos de finales de 2021, en la región hay 97 centros de acogida con 1.875 plazas, de las cuales, 1.053 son concertadas.

La Comunidad de Madrid se ha limitado a mandar un comunicado y se ha negado a contestar más preguntas. En el texto argumenta que se ha comenzado “la reorganización de los centros destinados a la atención de los menores tutelados para optimizar los recursos”. Y lo dice bien claro: de tres centros públicos de acogida de 0-6 años, se pasará a dos. La Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), organismo adscrito a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, ha planificado la estrategia “y está iniciando distintas obras para adecuar diferentes espacios, con el objetivo principal de adaptar sus centros a la realidad actual y mejorar la atención de estos menores”, dice la consejería en su nota.

En el trasfondo de todo esto, sin embargo, hay una sospecha más política que de estrategia por el bienestar de la infancia. Los trabajadores apuntan a que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha cedido ante Vox para trasladar a los menores extranjeros no acompañados fuera de la ciudad y llevárselos al extrarradio. El Gobierno ha reconocido que esos menores se moverán. “Se va a proceder en el mes de noviembre al traslado del centro de acogida de la Casa de Campo, una instalación a la que se le destinó ese uso de manera temporal para hacer frente al incremento de llegada de menores no acompañados que se produjo en los años 2018 y 2019″, admite el documento. “Este centro se liberará para ofrecer otros servicios, ya sea retomando su actividad como albergue juvenil o para otros usos, una decisión que se tomará próximamente”.

Los menores que ocupan actualmente el centro de la Casa de Campo, que tiene una capacidad de 50 plazas, se reubicarán en las instalaciones del actual centro ocupacional Barajas, donde se creará un centro específico de primera acogida de menores no acompañados. Por su parte, las personas con discapacidad que acuden al centro ocupacional Barajas se trasladarán al edificio Isabel Clara Eugenia (ICE) de Hortaleza, donde están a punto de empezar las obras para amoldarlo a sus necesidades. Y, en consecuencia, el centro de primera acogida ubicado actualmente en el ICE se trasladará temporalmente a la residencia infantil Acacias, hasta su ubicación en un destino definitivo.

Los trabajadores han anunciado que participarán en una concentración el próximo 16 de junio para protestar por estas medidas. “Hay una red de centros de acogida concertados que no han tocado ni uno. Y, sin embargo, de tres que había públicos para los más pequeños, se cargan uno”, protesta Díaz.

La Administración argumenta que quiere dar prioridad a que los menores de 0-6 años residan con familias acogedoras, algo que ya exige la ley desde 2015 de forma expresa, siempre que sea posible, sobre todo para menores hasta los seis años. Está “recomendado” que los mayores de esa edad pasen en un centro un máximo de dos años. Pero muchos viven allí hasta que cumplen los 18. Y siempre hay niños que no consiguen vivir en una familia ―”algunos llegan con el cordón umbilical y se pasan años en nuestro centro”, argumentan los trabajadores― y acaban creando un vínculo necesario con los educadores de estas casas de acogida.

Según datos de la consejería, a finales del año pasado había en la región 3.696 menores en acogimiento. De ellos, 1.357 estaban en lo que se denomina “familia extensa”, es decir, con personas que guardan un grado de parentesco con el menor, y 947 en “familia ajena”. El resto, en centros de primera acogida, residencias o pisos tutelados.

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