Carabante, sobre el intento de espionaje a la familia de Ayuso: “Me enteré en diciembre por Almeida”

La penúltima sesión de la comisión que investiga el escándalo que terminó con la presidencia de Pablo Casado en el PP cuenta con la ponencia de la Begoña Villacís y del responsable de Transportes

El concejal de Ciudadanos Santiago Saura y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, durante la comisión.Eduardo Parra (Europa Press)
Madrid -

Se acerca el día. El próximo lunes comparecerá el alcalde de Madrid en la comisión que investiga el intento de espionaje a la familia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso a través de dos empresas públicas del Ayuntamiento de la capital de España. Será la jornada clave, a la que también está...

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Se acerca el día. El próximo lunes comparecerá el alcalde de Madrid en la comisión que investiga el intento de espionaje a la familia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso a través de dos empresas públicas del Ayuntamiento de la capital de España. Será la jornada clave, a la que también está citado el exdirector general de Alcaldía y hasta hace unas semanas amigo personal de José Luis Martínez-Almeida, Ángel Carromero. La relación ha volado por los aires. El círculo más cercano del regidor teme que finalmente se presente. El entorno de Carromero no descarta nada. Mientras tanto, este viernes, en la penúltima sesión, ha comparecido Borja Carabante, el responsable de Movilidad y mano derecha de Almeida en el Consistorio, un hombre clave en toda esta presunta trama de espionajes internos en el PP:

―No ha habido contratación de detectives para asuntos particulares en mi partido―.

Los populares han tratado durante todas estas sesiones de dejar bien claro que el Ayuntamiento no ha usado fondos públicos para contratar a detectives. “No se ha destinado ni un euro. Hemos analizado todos los contratos. No hay sospechas”, ha insistido Carabante. La oposición sabe de sobra que esto no se ha producido. Los ediles del Grupo Mixto, Más Madrid y PSOE han hecho una causa política de este escándalo. “De haberse gastado un euro, hubiéramos ido a los tribunales. Aquí buscamos responsabilidades políticas”, ha dicho Mar Espinar, la portavoz socialista. Los populares olvidan, sin embargo, que fue la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso quien denunció que había sufrido un espionaje.

“Nunca pensé que la dirección del PP pudiera ser tan cruel”, dijo ella misma en una comparecencia sin preguntas el pasado 17 de febrero. Dos meses después, la mayoría de los populares no ha acudido a esta comisión de investigación que, precisamente, ahonda en esclarecer el caso. Apenas hay avances. La estrategia del PP consiste en dilatar el proceso. Sin hablar de más, con grandes ausencias. Hay muchísima política en juego. La estrategia de los conservadores es que el caso se diluya mediáticamente como un azucarillo. Tampoco han acudido a los tribunales. Las sospechas de espionaje denunciadas por la propia Ayuso han desaparecido, de golpe.

Los trabajadores del Ayuntamiento que intentaron espiar a la familia de Ayuso fueron colocados a dedo por la dirección nacional del PP de Pablo Casado. Se afanaron en buscar la prueba definitiva de que el hermano de la presidenta de la región, Tomás Díaz Ayuso, habría cobrado una mordida de 283.000 euros por un contrato de mascarillas con la Comunidad. La crisis en el Ayuntamiento fue de tal calibre, que precipitó la dimisión inmediata de Ángel Carromero, amigo personal de Almeida y coordinador general de Alcaldía. Una semana más tarde, el socavón interno provocó hasta la dimisión del presidente del partido, Pablo Casado. La mayor crisis política e institucional del PP en toda su historia.

Carabante, que se mueve como pez en el agua en la confrontación con la oposición, ha contado que se enteró de este intento de espionaje el pasado diciembre. “Almeida me lo manifiesta el 16 o 17 de diciembre”, ha dicho. No se lo comentó a nadie. “El alcalde estaba sorprendido”. Carabante, sin embargo, decidió guardar este secreto interno hasta el 11 de enero. No avisó a sus socios de Gobierno. Ningún miembro de Ciudadanos se enteró de este intento de espionaje hasta que el escándalo estalló en los medios de comunicación a mediados de febrero.

El 11 de enero Carabante se presentó, a petición de Almeida, en la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Allí, por sorpresa, reunió a los principales altos cargos y al jefe de prensa de la EMVS. Quería indagar en la presunta investigación a la presidenta Ayuso. Según fuentes presenciales consultadas por este diario, se produjo la siguiente conversación: “Yo también sé ese rumor. Me lo han contado en una cena”, contestó uno de los presentes. “Esto es falso”, respondió otro. Tras consultar a estos, se dio por zanjado el asunto con la empresa municipal de la vivienda. Esto es lo que Almeida ha llamado desde el inicio una “investigación interna”.

Carabante no ha ahondado en detalles en la comisión. “¿Dónde está el interés?, ¿qué hay de reprochable en que yo acuda a esa reunión?”, ha llegado a decir. “¿Por qué tarda un mes en esa reunión?, ¿qué pasó en ese mes?, ¿por qué echaron al miembro de Ciudadanos de esa reunión?”, ha preguntado la edil de Más Madrid, Esther Gómez. De pronto, el presidente de la comisión, Santiago Saura, de Ciudadanos, ha activado el micrófono:

―Se ha terminado el tiempo. Muchas gracias―.

Durante todas las sesiones, Vox ha permanecido en un segundo plano. Apenas ha intervenido. Este viernes el edil Pedro Fernández, en tono jocoso, ha hecho una pregunta ante la atenta mirada de los presentes:

—Señor Carabante, ¿es usted un espía?―.

―No se lo podría decir, ya lo siento―.

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