El caso del espionaje arrastra a Almeida a una investigación política a un año de las elecciones municipales

El nerviosismo revuelve los cimientos del palacio de Cibeles. Son días de mucha marejada en el matrimonio de conveniencia de la capital de España. La coalición de populares y Ciudadanos en Madrid, asentada y cuidada desde sus inicios con más mimo por parte de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, está atravesando estas últimas semanas uno de sus puntos más complicados. Nadie vislumbra a lo lejos un divorcio, pero sí un cese temporal de la convivencia. Tampoco una moción de censura, aunque se habla y se habla, y solo son eso, habladurías. A las desautor...

El nerviosismo revuelve los cimientos del palacio de Cibeles. Son días de mucha marejada en el matrimonio de conveniencia de la capital de España. La coalición de populares y Ciudadanos en Madrid, asentada y cuidada desde sus inicios con más mimo por parte de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, está atravesando estas últimas semanas uno de sus puntos más complicados. Nadie vislumbra a lo lejos un divorcio, pero sí un cese temporal de la convivencia. Tampoco una moción de censura, aunque se habla y se habla, y solo son eso, habladurías. A las desautorizaciones habituales entre ambos mandatarios ―generalmente una cada dos o tres meses con la prensa de por medio como testigo― se ha sumado este lunes el inicio de la comisión de investigación sobre el intento de espionaje a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso desde el Ayuntamiento de Madrid. Están implicadas al menos tres personas, según ha podido saber este periódico.

La mayoría de estos trabajadores del Consistorio fueron colocados a dedo por la dirección nacional del PP. Una maquinaría afín a Genova. Se afanaron en buscar la prueba definitiva de que el hermano de la presidenta de la región, Tomás Ayuso, habría cobrado una mordida de 283.000 euros. La mordida partiría de un contrato a dedo entregado por la Consejería de Sanidad a una empresa propiedad de un íntimo amigo de la presidenta madrileña. La adjudicación fue de 1.512.500 de euros por la compra de 200.000 mascarillas acogiéndose a la vía de emergencia, una herramienta de la que disponen las administraciones públicas para acelerar cualquier compra o gestión en periodos de crisis, como la pandemia.

El trabajo de ese grupo de colaboradores del Ayuntamiento, supuestamente alentados por Ángel Carromero, el hombre de Génova 13 en el Consistorio y coordinador general de la Alcaldía hasta hace unos días, consistió en un primer momento en difundir esa información a través de diversos medios de comunicación. Es más, se reunieron con diversos periodistas de diferentes medios digitales y de papel. Les contaban su plan para tratar de averiguar si el hermano de Ayuso estaba implicado en el asunto.

Tras reunirse con los diferentes informadores, ellos mismos iniciaron una ronda de contactos con hasta dos empresas de detectives. El objetivo era muy claro: había que lograr sí o sí un documento bancario que correspondiera al supuesto ingreso de los 283.000 por parte del amigo de Ayuso a la cuenta de su hermano. Las gestiones con estas empresas fueron infructuosas. Estos bufetes les indicaron que se trataba de una maniobra inviable e ilegal, aunque, según apuntan otras fuentes, también se habló de un alto precio para tratar, al menos, de intentarlo. De todo esto se hablará en las próximas semanas en el Ayuntamiento.

Las comisiones de investigaciones políticas tienen una áurea mediática en función de quiénes son sus ponentes. Quienes lo presiden. Quienes acuden. Quienes preguntan. Nombres, rifirrafes, trifulcas. Hay mucha política en estos grupos de trabajo que pretenden indagar graves cuestiones que afectan a la ciudadanía y a las administraciones públicas. No son nada relevantes desde el punto de vista judicial.

Esta comisión de investigación, en concreto, ha pillado al PP de la mano de Ciudadanos. Almeida, desde que saltó el escándalo hace ya tres semanas, ha ondeado siempre la bandera de la limpieza interna. La realidad, sin embargo, es que no tenía más remedio. Ciudadanos ha decidido abrir fuego interno en un terreno tan pantanoso como este, un entramado político que ha provocado la caída, incluso, de todo un jefe de la oposición como Pablo Casado. Ciudadanos, como el resto de los madrileños, se enteró por la prensa y no por sus socios populares. Un dato fundamental que ha provocado numerosas ampollas en los ediles de Villacís. Los populares, mientras tanto, tratan de aunar un frente común y pasar página cuanto antes.

El alcalde ya ha intervenido dos veces desde que El Confidencial y El Mundo publicaron este escándalo. Aunque dio una rueda de prensa con preguntas horas después de las informaciones, Almeida decidió después guardar silencio durante tres días, aconsejado por su equipo más próximo. Nada de ruido en mitad de la marejada. Desde entonces, en ningún momento ha dicho la palabra “espionaje” o “detective”, pese a que varios trabajadores del PP se pusieron en contacto con, al menos, dos empresas del ramo.

Almeida ha medido muy bien sus palabras desde el inicio del escándalo. También en los dos plenos municipales que han abordado este asunto. Para el alcalde, este caso, que salpica a dos de sus principales áreas de gobierno ―la Concejalía de Vivienda y la de Transportes― son “esas cuestiones relativas a las informaciones de la semana pasada”. Al más puro estilo Rajoy.

Ahora, sin embargo, tendrá que acudir también a esta comisión de investigación. Aún quedan muchas preguntas por responder, a juicio de la oposición y de Ciudadanos, su socio de Gobierno. ¿Por qué ha dimitido su coordinador general de la alcaldía, Ángel Carromero, si tanto él como el alcalde sostienen que él no es el responsable de este intento de espionaje hacia Ayuso y sus familiares? ¿qué sucedió realmente en el Ayuntamiento? ¿de dónde partió esta telaraña de espionajes?

En una breve conversación telefónica con este diario, Carromero fue tajante hace unos días:

―Me voy para no poner en riesgo el Ayuntamiento, sabiendo que ninguna de las acciones que dicen que he hecho lo he hecho.

― Con esto quizá quede en evidencia que ha podido estar detrás del intento de espionaje...

—Yo no tengo que demostrar qué he hecho. Que lo muestren.

Ciudadanos presidirá la comisión

Este lunes estaban citados todos los grupos políticos a las diez de la mañana en el salón de usos múltiples de la calle Mayor. Una hora antes, según fuentes socialistas, ediles de Más Madrid y de Ciudadanos pasaron por el despacho de la portavoz del PSOE, Mar Espinar. Aquí afianzaron que lo mejor para todos era que el edil de Ciudadanos Santiago Saura presidiera la comisión de investigación.

Un movimiento que pilló desprevenido al Grupo Mixto, que también estaba dispuesto a presidir la comisión y soñaba con que populares y Ciudadanos le dieran la presidencia. A fin de cuentas, el puesto es un jugoso manjar mediático para cualquier partido, más aún si se trata de un grupo minoritario, con tres concejales. “Nos parece impresentable que la presida quien es parte del gobierno”, cuenta por teléfono el portavoz del Grupo Mixto, José Manuel Calvo. “Nosotros entendíamos que la presidencia le corresponde a la oposición y, dentro de la oposición, nos consideramos los más libres de intereses partidistas”.

Durante la reunión de los portavoces, según varios de los presentes, hubo momentos de tensión con los ediles populares, que trataban de aminorar el impacto mediático de la comisión. Proponían que los ponentes e invitados solo hablasen durante 10 minutos, sin interrogatorios del resto de portavoces. “El PP no está poniendo las cosas fáciles”, ha advertido la portavoz del PSOE, Mar Espinar. “Nosotros”, ha dicho después Rita Maestre, de Más Madrid, “vamos a pelear hasta el final”. El viernes se conocerá la lista de los ponentes que, salvo los miembros del Ayuntamiento, no tienen la obligatoriedad de asistir. La previsión de todos los grupos es que la comisión finalice a mediados de mayo. A solo un año de las urnas.

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