Tres de las menores liberadas de la red de explotación sexual estaban tuteladas por la Comunidad de Madrid

Al menos tres de las diez menores que a finales del mes pasado fueron liberadas de una red de explotación sexual y de tráfico de drogas estaban tuteladas por la Comunidad de Madrid y vivían en diferentes centros de acogida, según informan desde la Consejería de Familia y Políticas Sociales, aunque en un primer momento aseguraron no tener constancia de ello. La consejera, Concepción Dancausa, ya ha anunciado que comparecerá para que los partid...

Al menos tres de las diez menores que a finales del mes pasado fueron liberadas de una red de explotación sexual y de tráfico de drogas estaban tuteladas por la Comunidad de Madrid y vivían en diferentes centros de acogida, según informan desde la Consejería de Familia y Políticas Sociales, aunque en un primer momento aseguraron no tener constancia de ello. La consejera, Concepción Dancausa, ya ha anunciado que comparecerá para que los partidos de la oposición “entiendan que la Comunidad de Madrid protege a los menores y ayuda las fuerzas y cuerpos de seguridad en sus funciones”. En la operación de la Policía Nacional Sana fueron detenidos 37 adultos por, supuestamente, usar a estas chicas para repartir estupefacientes y ofrecer a los clientes mantener relaciones sexuales con ellas “como extra”.

Una de estas menores estaba en el centro de Picón, en la localidad de Paracuellos de Jarama, al norte de la región. Este complejo rodeado de un elevado muro lleno de grafitis con una verja en lo alto se trata de una “residencia especializada en trastorno de conducta”. Según las explicaciones de la consejería, esta chica de 16 años fue la que relató a la directora del centro, Joaquina García, la situación en la que se encontraba. Los responsables de la residencia han declinado explicar cómo se desarrollaron los hechos y mantienen silencio después de que se conociera la actividad de esta red criminal que ha acabado con ocho de los implicados en prisión.

“No vamos a hablar, así que no dejes entrar a nadie, es una propiedad privada”, se oye cómo una de las responsables del centro da instrucciones al guarda de seguridad a través de un interfono en la garita. El enorme complejo se ubica al lado de una parada de autobús, está rodeado de casas y en uno de sus laterales se extiende una gran explanada desde la que ser observa el horizonte de Madrid, con las cuatro torres que sobresalen. Los trabajadores de estas instalaciones públicas lanzaron el año pasado una publicación online para reflejar el funcionamiento del centro y las historias de los menores que han pasado por él. Con la mayoría de los residentes se sigue el mismo camino: se les traslada aquí en régimen cerrado y conforme avanza la intervención de psicólogos y trabajadores sociales, van teniendo permisos para salir, aunque deben regresar a un horario determinado. Aunque no siempre lo cumplen.

En una investigación del Defensor del Pueblo de hace 12 años se constató que en este centro se sometía a algunos de los adolescentes a castigos como encerrarles durante 72 horas en una habitación. Algo que se basaba en testimonios de los usuarios y que el Gobierno regional desmintió. “Hace años, los que vivían aquí se escapaban y la armaban en el pueblo, pero de eso ya hace mucho”, constata un vecino que pasa por delante de la verja de entrada con su hija pequeña.

Dancausa ha explicado en sus redes que no solo ofrecerá explicaciones a la oposición, sino que también facilitará toda la documentación de la que su consejería dispone al Defensor del Pueblo, que este martes inició una investigación de oficio sobre este caso. Ángel Gabilondo ha solicitado datos tanto al Gobierno de la Comunidad de Madrid como a la propia Policía, para conocer “el alcance de las investigaciones”. La institución también actuó así cuando se destaparon los abusos de las niñas que vivían en los centros de acogida de Baleares a finales de 2019. En esa ocasión, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales tuvo que reconocer que tenía constancia de varios casos de explotación sexual infantil de niñas tuteladas por la Administración.

Más Madrid se sumó este miércoles a la petición de comparencencia de la consejera del PSOE, que ya la había registrado el día anterior. “Vamos a insistir en que, al igual que en la residencias de mayores, es necesario un cambio de modelo en los centros de reforma y protección de la comunidad de Madrid, abandonando los macrocentros y desarrollando una red de centros más pequeños donde la atención y la supervisión de los menores pueda estar garantizada”, apunta Emilio Delgado, diputado y portavoz de políticas sociales de Más Madrid. El centro de Picón está gestionado por Aliados por la Integración, que se define como “una organización que lleva más de 15 años impulsando la inclusión sociolaboral de las personas más vulnerables”.

Las niñas liberadas tenían entre 14 y 16 años cuando comenzó la investigación, aunque ahora una de ellas ya es mayor de edad. Fue a raíz del testimonio de la menor que vivía en Picón cuando se comprobó que otras niñas tuteladas también habían caído en la telaraña del grupo criminal. Para ofrecerlas a los clientes usaban zulos y narcopisos en Vallecas y en Usera y a alguna de ellas la llevaron al polígono Marconi. De uno de estos zulos escapó una de las chicas en unas condiciones que los agentes definen como “lamentables” y logró explicar al dependiente de un estanco que la habían tenido secuestrada tres días. La joven fue incluso capaz de dibujar un croquis para los investigadores. La red mantenía atrapadas a las menores gracias a la droga. Los adultos daban a las menores crack para generarles adicción y así poder someterlas más fácilmente. A uno de ellos se le incautaron 500 kilos de cocaína y también se les requisó marihuana.

La peluquería de Vallecas

En el sótano de la peluquería Canty, en Vallecas, se llevaron a cabo algunos de los abusos a las menores, sostiene la Policía. Uno de sus dependientes, Junior, se ríe. “Sí, ahí está el famoso zulo que es simplemente un sótano”, asegura. No permite bajar a echar un ojo. “Es que yo no soy el dueño del negocio”, argumenta justo antes de que un vecino de la zona entre a enseñarle el peinado de trenzas que se acaba de hacer. No falta trabajo, dos clientes esperan su turno sentados en el banco que hay junto al futbolín.

En el escaparate se acumulan las fotos de los peinados caribeños que representan la especialidad de esta peluquería junto a una bandera española y otra de la República Dominicana. “Nosotros no conocíamos a nadie, a mi jefe le detuvieron, pero mira, estamos abiertos”, prosigue Junior. Se aproxima al cristal y empieza a señalar las cámaras de seguridad ciudadana que registran la actividad de la calle desde una y otra esquina. “¿Tú crees que nos arriesgaríamos a hacer algo ilegal en este local sabiendo que esta calle está vigilada?”, pregunta.

En efecto, en la esquina más cercana al negocio hay un cartel que avisa de que en esta avenida hay cámaras de la Policía Municipal. No es una calle tranquila. Uno de los detenidos en esta operación es un ciudadano marroquí de 52 años que el pasado agosto fue encarcelado por matar a golpes supuestamente a otro español de origen ecuatoriano de 65 a solo unos metros de la peluquería. En 2018, el Ayuntamiento diseñó un plan de seguridad específicamente para esta avenida que incluía la instalación de una veintena de cámaras como las que señala Junior. Lo hizo ante las quejas de los vecinos por la inseguridad que generaban los narcopisos.

Los investigadores de la la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional sostienen que muchas de estas menores eran captadas a través de las redes sociales, con la esperanza de ganar dinero fácil. Este es el papel que podría haber jugado Saymol Fyly, un rapero de origen dominicano aficando en Madrid de 22 años. La Policía no determina cuál era su rol exactamente, pero le atribuyen los delitos de abuso de menores y contra la salud pública (tráfico de drogas).

Él no se ha callado y ha hablado a través de sus redes, donde muchos le increpan estos días y otros tantos le muestran su apoyo. “Yo espero que todo el que está perdiendo su tiempo para insultarme y echarme la culpa, cuando se aclare todo también vengan a pedir perdón”, ha publicado en Instagram, donde acumula más de 31.000 seguidores. “Todo lo que digo ahora en los temas lo usan en mi contra, estoy deteniendo mi carrera”, ha escrito al publicar un adelanto de su nueva canción. Este miércoles subió un vídeo en el que se le veía en un estudio de grabación. En Youtube acumula más de 154.000 suscriptores.

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