Cuando el mayor obstáculo para una persona con discapacidad es la Administración

La Comunidad de Madrid lleva cinco meses sin trasladar a Isabel Prieto, una profesora de Economía con dificultades motoras y sensoriales, que trabaja en un instituto con escaleras, sin barandillas ni ascensor

Isabel Prieto, profesora de Economía en Secundaria y destinada en un instituto de Cercedilla (Madrid).KIKE PARA

Isabel Prieto ha cumplido los 37. Desde que fue operada con 15 años de un tumor cerebral que le dejó una serie de secuelas físicas, su sueño ha sido ser profesora. Lo ha conseguido después de sumar a un brillante curriculum dos carreras (Administración y Dirección de Empresas y Económicas) y un par de másteres. Actualmente es profesora interina de Economía en un instituto de Cercedilla. Ha superado todos los obstáculos menos uno que se resiste, el de la fría y cruel burocracia administrativa de la Consejería de Educación.

La vida de Isabel está plagada de limitaciones y aprende cada día...

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Isabel Prieto ha cumplido los 37. Desde que fue operada con 15 años de un tumor cerebral que le dejó una serie de secuelas físicas, su sueño ha sido ser profesora. Lo ha conseguido después de sumar a un brillante curriculum dos carreras (Administración y Dirección de Empresas y Económicas) y un par de másteres. Actualmente es profesora interina de Economía en un instituto de Cercedilla. Ha superado todos los obstáculos menos uno que se resiste, el de la fría y cruel burocracia administrativa de la Consejería de Educación.

La vida de Isabel está plagada de limitaciones y aprende cada día a superarlos. Por ejemplo, subir o bajar unas escaleras: “Mientras avanzo cada peldaño, necesito agarrarme a la barandilla, o apoyarme en la pared si no hay, pero siempre del lado derecho. Apoyarme en el izquierdo, por la hemiparesia que sufro (tener menos fuerza y sentido del tacto en el lado izquierdo), no me da estabilidad, me desequilibro. Si no hubiese barandilla o pared, y fuesen más de unos tres escalones, me desequilibraría y caería”.

O caminar por la calle: “Tiendo a caminar deprisa, porque es más sencillo para mantener el equilibrio. Caminando despacio suelo zigzaguear, desequilibrarme hacia la derecha cada poco. Recuerdo que una vez caminando por la calle, un señor me adelantó diciendo ¡pero qué haces!. Puede parecer que me hubiera tomado una copa de más. Lo malo de caminar deprisa para engañar a mi equilibrio es que me canso antes, lo que hace que arrastre un poquito la pierna izquierda y sea más fácil el tropezarme; y que con la poca agudeza visual que tengo, no vea un cambio de nivel de una acera, de un adoquín levantado, de algo caído en el suelo, y me tropiece. Por eso, camino mejor por zonas que conozco”.

O dar una clase: “Cuando llego al instituto, si hay escaleras, como ya he dicho, necesito apoyarme a la pared derecha o agarrame a la barandilla derecha. Eso, si voy con material de clase (cuadernos, libros, portátil...) no es posible. Por eso el ascensor es siempre mejor. Sigue habiendo aulas con tarimas, y cuando son muy altas me he apoyado en la pared o la mesa que hubiera al lado, para subir sin desequilibrarme. Las presentaciones proyectadas que pongo para dar la clase, las leo bien desde primera fila. Más lejos, me cuesta. Por eso siempre voy con mi tableta, donde las sigo. Intento moverme algo por el aula al dar la clase, o estar de pie simplemente, ayuda a atraer la atención del alumnado. Cuando he tenido aulas con tarima, no lo he hecho. Y, de todas formas, siempre me siento unos minutos mientras paso lista o similar, para cargar pilas para la siguiente clase”.

Un instituto de difícil acceso

Antes de ser profesora, Isabel ocupó durante seis años un puesto de responsabilidad en Unión Fenosa. Llegó a ese cargo después de trabajar en el Ministerio de Industria. Pero quería ser profesora antes que cualquier otra cosa. Pensaba que dar clases a adolescentes no sería un problema. Pero Educación no tuvo en cuenta su condición física (tiene la mitad de su cuerpo izquierdo paralizado) y la ha mandado a un instituto, en el monte de Cercedilla, de difícil acceso en transporte público, que, además, cuenta con escaleras empinadas, sin barandillas y, por supuesto, sin ascensor. Después de un tiempo de cumplir su sueño (los últimos tres años trabajó en otros centros sin problema), Isabel ha tenido que pedir una baja por estrés y ansiedad. Y después de muchos años ha vuelto a pedir hora en el psicólogo. Sus dolencias no se han agravado.

Su nueva dolencia es la Administración. Y contra la burocracia no hay medicamento prescrito.

Por mucho que ha pedido el cambio y lo ha argumentado en 12 correos, dos recursos de alzada, dos escritos genéricos, con informes médicos adjuntos, neurológicos y psicológicos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, solo ha recibido esta respuesta por correo electrónico: “Existen tres meses para responder a su recurso de alzada. Mientras tanto, debe acudir a su centro de trabajo o renuncie a la plaza”.

Todo empezó el 3 de agosto, cuando se enteró de su destino en Cercedilla. El sistema madrileño cuenta con una deficiencia clamorosa para las personas con discapacidad, pues (como cualquier docente interino) tienen que rellenar un formulario con sus preferencias, pero a ciegas: mientras en ciudades como Sevilla entregan a todo el que lo solicita un inventario con un listado de centros con las condiciones arquitectónicas adecuadas para personas con discapacidad física (donde se explica si tiene varias plantas, ascensor, rampas o baños adaptados para sillas de ruedas), en Madrid el candidato lanza una moneda al aire sin saber lo que se va a encontrar.

Y la moneda cayó del lado de Cercedilla.

“Para ir allí me tengo que levantar a las 5.30, coger dos Cercanías, con sus trasbordos llenos de escaleras, y luego un autobús, con el problema de que si uno de ellos se retrasa, como me pasó el primer día, no llego a tiempo a trabajar porque además por la mañana solo hay un autobús”, lamenta. Y luego, por supuesto, el centro en sí, compuesto por dos edificios anexos con dos plantas cada uno y lleno de escaleras. Un peligro para alguien como ella, que el primer día que llegó, y el único, se hizo un esguince.

El entorno del colegio es bello. Pura naturaleza para amantes de la montaña. Pero un peligro para ella, pues en invierno nieva y se hiela el terreno.

Discapacidad del 72%

En su informe médico actual está reflejado que Isabel tiene una discapacidad física y sensorial del 72% con tres puntos de movilidad reducida con diferentes patologías asociadas: hemiparesia izquierda, alteración del sentido del equilibrio, pérdida de agudeza visual por nistagmo en ojo izquierdo y parálisis facial derecha. Además de un dolor neuropático crónico, por lo que se debe cuidar especialmente. Hace tres años, se rompió una pierna y no consiguió recuperar la movilidad completa debido a las secuelas que arrastra. Un esguince, como el que se hizo el primer día de curso, no supone para ella lo mismo que para otra persona.

“Con todo lo que hecho en la vida y lo que he demostrado... Nunca he querido que me trataran de forma distinta, pero en este caso es que simplemente no puedo ir hasta allí y solo pido que se cumpla la normativa para personas discapacitadas, que tenemos derecho a trabajar y a una adaptación del puesto de trabajo”, lamenta.

Para conseguirlo no ha escatimado en intentos. En la Administración conocen perfectamente su situación, pues lleva desde agosto tocando diferentes puertas. Ha escrito y se ha presentado sin éxito en las oficinas de la Dirección General de Recursos Humanos, donde le respondían que no podían reunirse con ella y que ya le comunicarían la resolución por escrito. Se ha presentado también en la Dirección de Área que le corresponde, la oeste, donde le dijeron que tenía que solucionarlo en Recursos Humanos. Ha presentado nuevos escritos a Gestión de Personal, y ha entregado una solicitud de adaptación de trabajo a su discapacidad, que le han dicho que han pasado después a Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, donde por supuesto no le han comunicado cuánto tardarán en tramitar esa solicitud, pero sí que llevan un retraso de un año.

Isabel ve que el primer trimestre del curso ya ha pasado “y no parece que tengan intención de solucionármelo”, dice. Combate la desesperación con ansiolíticos y consultas al psicólogo.

La Consejería de Educación ha respondido a este periódico que “está manteniendo en todo momento comunicación con la docente y sus familiares para intentar solucionar la situación”.

Ella se asombra. Y enseña los correos, fríos y escuetos, en los que solo le comunican que ya recibirá una respuesta en los tres meses que tienen de plazo para resolver el recurso de alzada.

La consejería también justifica a este periódico que la asignación informática de la plaza “se realizó con criterios establecidos en la normativa” y que “no es posible modificar el destino excepto que exista un puesto adaptado a sus circunstancias”. También asegura que ya resolvió el recurso de alzada “informando a su destinataria”.

Isabel, de nuevo, se queda atónita. “¿No se supone que me lo tienen que comunicar a mí?”. Se ha enterado por este periódico de la respuesta que lleva esperando varios meses. “No se han leído el recurso”, añade, enfadada. “Yo no cuestiono la asignación, les digo que el Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a la adaptación del puesto de trabajo. Y hay normativa específica como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. O la propia Estrategia Madrileña de Atención a las Personas con Discapacidad, que también reconoce el derecho a la adaptación al puesto de trabajo. Sin nombrar la normativa internacional, que se la están saltando toda”.

Desesperada, Isabel acudió al sindicato CC OO. Primero le ayudaron con los escritos en Prevención y Salud Laboral y viendo que el problema se encallaba, se han puesto con el caso desde servicios jurídicos. “Esta profesora ha demostrado competencia y capacidad y tiene derecho a trabajar y la Administración tiene la obligación de cumplir las leyes”, asegura Isabel Galvín, representante del sindicato.

Urgencia

Cinco meses después de que iniciara este periplo, la consejería asegura que han encargado que solucionen la situación “con carácter de urgencia”.

Pero esa “urgencia” no ha evitado que se intensifique su ansiedad, un problema que no sufría desde su adolescencia, cuando se dio cuenta de que un tumor había lastrado su vida. Para colmo, ha engordado seis kilos. Se pasa el día estudiando las leyes, que la amparan, y preguntándose si ha hecho algo mal. “Te cierran las puertas y te dicen que no vales, que no eres lo suficientemente buena. ¿El problema es mío?”.

“No es sencillo explicar las limitaciones que tengo cuando llevo la mayoría de mi vida conviviendo con ellas, con el objetivo siempre de intentar llevar una ‘vida normal”, dice Isabel, que resume así su actual situación: “Si intento resumir mucho las limitaciones que mis patologías me provocan, lo dejaría en que camino zigzagueando, con facilidad a los tropiezos (con los que me he hecho esguinces o partido una pierna), tengo poca agudeza visual, que afecta a leer bien cualquier cosa a más de cinco o seis metros, verlo borroso, y eso es lo normal en espacios públicos; y que tengo una neuralgia que tiene picos de dolor cuanto más esfuerzo físico o cansancio hay. Desde los 25, solo mantengo esto, fisioterapia mensual para quitar contracturas, y he añadido el quiropráctico para desbloquear vértebras. Con la rehabilitación neurológica ya no avanzaba más, llevar un ritmo de vida normal, es la mejor rehabilitación. Y a esas alturas ya estaba entre esas afortunadas que llevan un ritmo de vida normal. Dentro de lo posible, intento depender lo menos posible de otros para hacer mi vida, porque es la mejor rehabilitación que puedo tener”.

Pablo Colinas, profesor de Geografía e Historia sordo del instituto Pedro Duque (Leganés).Kike Para

Menos plazas de las legales destinadas a la discapacidad

Que los profesores con alguna discapacidad en Madrid no se sienten bien tratados no es una novedad. El noviembre pasado, este periódico publicó la historia de Pablo Colinas, un  funcionario sordo con la especialidad en Geografía e Historia que llevaba tiempo pidiendo un traductor de signos, sobre todo a raíz de la pandemia, con la que habían llegado las mascarillas y, con ellas, la imposibilidad de leer los labios de sus interlocutores. En aquel momento, la Comunidad de Madrid, que le argumentaba que el convenio solo preveía traductores para los alumnos, concertó una cita con él para tratar el tema después de varias reclamaciones. El mismo día que el artículo se publicó, la consejería pospuso la cita “para más adelante”. Dos meses después sigue sin noticias. “Tengo la impresión de que están agotando los plazos. El 17 de febrero expira el tiempo para responder la reclamación de mi abogada”, cuenta ahora.

CC OO insiste en que la Administración no cumple con la ley, pues no destina el 2% de las plazas públicas a docentes con discapacidad. La Consejería de Educación no ha respondido a esa cuestión. No lo hizo entonces y tampoco ahora.

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