El último adiós de Ángel Garrido

El último adiós de Ángel Garrido, que se acaba de dar de baja como militante de Cs, ya tiene fecha: 31 de octubre. Con ese día como límite, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso descuenta las jornadas para registrar en la Asamblea unos nuevos Presupuestos con los que intentar sustituir a los que él aprobó en 2019, cuando aún era presidente regional con el PP. No es una cosa cualquiera: la líder c...

El último adiós de Ángel Garrido, que se acaba de dar de baja como militante de Cs, ya tiene fecha: 31 de octubre. Con ese día como límite, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso descuenta las jornadas para registrar en la Asamblea unos nuevos Presupuestos con los que intentar sustituir a los que él aprobó en 2019, cuando aún era presidente regional con el PP. No es una cosa cualquiera: la líder conservadora ni siquiera ha presentado un proyecto en los dos últimos años. Como todo apunta a que ahora sí contará con el apoyo de Vox para aprobarlos, Díaz Ayuso se dispone a borrar la última huella de las políticas de Garrido, excompañero suyo en el PP, rival político tras pasarse a Cs justo antes de los comicios de 2019, y enemigo íntimo cuando los dos partidos formaron el primer gobierno de coalición de la historia de la región, con él como consejero y ella como presidenta.

“Es el cierre de una etapa política”, refiere una fuente que cuenta con la máxima confianza del expresidente regional sobre su baja en Ciudadanos, partido por el que aún hizo campaña electoral para el 4-M. “Ahora no va a militar en ningún partido, no tiene intención de afiliarse al PP”, sigue, pese a que ha habido encuentros puntuales con el entorno de Pablo Casado, el presidente de la formación conservadora. “Apoyará en cada momento las políticas que considere más adecuadas para el país, como cualquier ciudadano”.

De vuelta al sector privado, la despedida definitiva de Garrido pone punto final a una de las etapas más turbulentas de la política madrileña. Escudero de Cristina Cifuentes, llegó a la presidencia autonómica tras la dimisión de la baronesa por el caso máster, en 2018. Asentado como un referente de moderación, y crítico con el acercamiento de Pablo Casado a Vox, Díaz Ayuso le desplazó como candidato para las autonómicas de 2019, y él pasó a Cs. La convivencia fue difícil cuando ambos volvieron a coincidir en el consejo del Gobierno formado por los dos partidos en mayo de 2019. Una época en la que se sentaron las bases de algunos de los proyectos actuales del Ejecutivo.

Así, ahí está la ampliación de hasta cuatro líneas de Metro, que implicará una inversión de miles de millones. O la prevista construcción de cuatro nuevos intercambiadores (Conde de Casal, Legazpi, Chamartín y Valdebebas). O la segunda bajada del precio del abono de transporte para mayores de 65 años, comprometida para 2022, con el horizonte de que sea totalmente gratuito en 2023. Proyectos todos ellos que se iniciaron durante el mandato de Garrido como consejero de Transportes.

Es seguro que el proyecto de Presupuestos para 2022 contará con partidas para financiar esos planes. Sin embargo, la aritmética parlamentaria que debe convertirlos en realidad explica mucho del adiós de Garrido. Si él aprobó sus cuentas en 2019 con el apoyo de PP y Cs, ahora el PP espera sacar adelante las de Díaz Ayuso con los votos de Vox.

Aunque hasta ahora la presidenta ha podido dar luz verde a sus iniciativas sin casi ceder contraprestaciones a la extrema derecha (con la excepción de un recorte del 10% del Presupuesto de Telemadrid para ratificar a su Administrador Provisional) todo apunta a que ahora la negociación será más gravosa para sus intereses. Solo hay que repasar las concesiones que estaban dispuestos a hacer PP y Cs ante Vox para aprobar el proyecto de 2021, que saltó por los aires cuando Díaz Ayuso decidió adelantar las elecciones.

Entre otros asuntos, los socios de gobierno cedieron ante pretensiones ideológicas de la extrema derecha: recortar en 46 millones los gastos de la Administración, analizar el coste de acoger a menores extranjeros no acompañados y encargar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) una revisión de la eficacia del gasto, lo que abría la puerta a que en el futuro Vox reclamara dejar de financiar iniciativas vinculadas con el feminismo, los derechos LGTBI, o las ayudas a inmigrantes, como ya había planteado en el pacto de investidura.

Ahora, PP y Vox volverán a negociar con la vista puesta en bajar impuestos, o recortar entes públicos. Su hipotético pacto daría estabilidad al Ejecutivo hasta las elecciones de 2023, y se ve facilitado por un doble adiós: Cs y Garrido ya están fuera de escena.

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