El precio de ser mal inquilino: Madrid paga 4 millones por el “estado pésimo” de la sede de la escuela de danza
La Comunidad fue condenada a sufragar la rehabilitación del edificio, que dejó en 2016, y ahora afronta intereses de demora en el cumplimiento de la sentencia
Un edificio “en estado pésimo”. Con “acumulación de escombros, mobiliario, ropa y enseres no retirados, [o] daños materiales por filtraciones de agua”. Y con sus instalaciones eléctricas y contra incendios sin actualizar. Eso es lo que se encontró en 2016 el dueño del edificio que desde 1991 había albergado la escuela de danza, dependiente de la Comunidad de Madrid. Cinco años después, la Justicia no solo ha obligado al Ejecutivo a compensar con 3.303.595,47 millones de euros el coste de las reparaciones. Además la Com...
Un edificio “en estado pésimo”. Con “acumulación de escombros, mobiliario, ropa y enseres no retirados, [o] daños materiales por filtraciones de agua”. Y con sus instalaciones eléctricas y contra incendios sin actualizar. Eso es lo que se encontró en 2016 el dueño del edificio que desde 1991 había albergado la escuela de danza, dependiente de la Comunidad de Madrid. Cinco años después, la Justicia no solo ha obligado al Ejecutivo a compensar con 3.303.595,47 millones de euros el coste de las reparaciones. Además la Comunidad ha tenido que pagar 379.154,04 euros en intereses de demora en la ejecución de la sentencia, según dos acuerdos adoptados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Una sangría para las arcas públicas que ha hecho que salte por los aires un modelo de gestión del que la Administración regional presumía en sus balances públicos.
“Desde 1991, el Real Conservatorio de Danza Marienma estuvo situado en la calle Soria, donde permaneció hasta 2016, cuando se trasladó a un edificio histórico situado en la Quinta de Vista Alegre de Carabanchel Alto”, detalla un portavoz de la consejería de Educación, Ciencia y Universidades.. “La empresa titular del edificio no aceptó la cantidad de la Comunidad en concepto de daños y perjuicios por el estado en el que había quedado el edificio”, añade. “En una sentencia del 20 de enero de 2020, la Comunidad de Madrid fue condenada a pagar una indemnización, a las costas del procedimiento y a los intereses legales, que es la cantidad que ha sido aprobada en el último consejo de Gobierno”.
Antes de que los bailarines pisen por primera vez el edificio, la Comunidad lo recibe vacío. “Diáfano”, especifica la sentencia judicial en su contra, a la que accedió EL PAÍS. Entonces comienzan las obras para adaptar el inmueble a las necesidades de una escuela de danza. Durante quince años, los suelos se desgastan bajo las pisadas de los profesionales, y la institución amplía su oferta: crea un taller coreográfico, o implanta la especialidad de danza contemporánea. Al ritmo del paso de las generaciones de estudiantes, el edificio ve crecer talentos artísticos que nutren algunas de las mejores compañías del mundo. Hasta que la Comunidad decide el traslado de la sede. Entonces, el Gobierno explica su decisión como un ejemplo de buena gestión.
“En los últimos 8 años se han extinguido 93 contratos de arrendamiento que suman casi 135 mil [sic] metros cuadrados y 802 plazas de garaje, obteniendo un ahorro total de 28,45 millones de euros”, se lee en un balance gubernamental sobre 2016. “Uno de los arrendamientos cuyo contrato ha sido rescindido el pasado año, es el edificio que tenía la Consejería de Educación en la calle Soria 2, que venía siendo utilizado como Escuela de Danza y Conservatorio de Música, habiéndose trasladado a un edificio propiedad de la Comunidad de Madrid adaptado a tal efecto, obteniendo un ahorro mensual de 146 mil euros al mes [sic]”.
Nada más lejos de la realidad. En lugar de un ahorro, dejar el edificio ha supuesto un gasto millonario para la Comunidad de Madrid. El asunto acabó inevitablemente en la justicia: allí donde los dueños del inmueble pedían más de tres millones de euros para arreglar los desperfectos, la Comunidad apenas ofreció 118.663,50 euros. La sentencia en contra de los intereses del Gobierno detalla los desperfectos en el edificio, pues resume las principales conclusiones de un informe pericial encargado por el demandante.
“[Hay] fotografías del estado del inmueble en el momento de la entrega [de las llaves tras el fin del alquiler], constando la observación de la acumulación de escombros, mobiliario, ropa y enseres no retirados, daños materiales por filtraciones de agua en el momento de la visita”, se lee en el texto. “Resulta acreditado que el inmueble en el momento de la entrega presentaba desperfectos importantes [y en un] estado pésimo”, añade, citando inmediatamente el informe del perito contratado por los propietarios. El relato de un horror: “El estado de conservación y mantenimiento del edificio en la fecha de la entrega es manifiestamente deficiente y el grado de deterioro general de los acabados es elevado (...) La disposición y acopio negligente de enseres genera un problema de salubridad y acelera el deterioro del inmueble. Los materiales acopiados indebidamente deben ser retirados para reducir el riesgo de propagación de incendios”.
La Comunidad, concluye la sentencia, incumplió sus obligaciones contractuales. Fue un mal inquilino. Y eso ha tenido un precio para las arcas públicas: casi cuatro millones de euros.
Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.