La Asamblea de Madrid acaba de rechazar la petición de una exdiputada para completar su jubilación, al considerar que no cumple con los requisitos necesarios. La estricta aplicación de la normativa (que especifica desde 2002 que el solicitante debe estar “en extrema situación de precariedad o necesidad económica”) no ha dejado indiferente a los representantes de la Mesa de la Cámara, conocedores de que su excompañera vive un momento más que difícil...

La Asamblea de Madrid acaba de rechazar la petición de una exdiputada para completar su jubilación, al considerar que no cumple con los requisitos necesarios. La estricta aplicación de la normativa (que especifica desde 2002 que el solicitante debe estar “en extrema situación de precariedad o necesidad económica”) no ha dejado indiferente a los representantes de la Mesa de la Cámara, conocedores de que su excompañera vive un momento más que difícil, agravado especialmente por la crisis del coronavirus. De hecho, los servicios jurídicos de la Asamblea han elaborado un informe para detallar qué medidas tienen previstas otros Parlamentos regionales frente a la posibilidad de que sus exrepresentantes caigan en situaciones de desempleo.

“Estos casos son muy excepcionales”, resume una fuente parlamentaria. “Son personas que no han podido cotizar ni para una pensión mínima, y se trata de complementarles para que lleguen a ella. Aquí no hay pensión vitalicia ni máxima”, asegura. “No es una cuestión de privilegios”, subraya. “Además, los diputados autonómicos no tienen paro, y cuando están en el escaño un periodo determinado pierden el derecho que hubieran adquirido antes a la prestación”, añade sobre los representantes públicos. Y remata: “Es otra cuestión a estudiar, para cambiarla a través del Congreso de los diputados. Son cosas que determinan quién puede dedicarse a la política”.

Los diputados de Madrid tienen actualmente un sueldo base de más de 3.500 euros brutos al mes, al que añaden jugosos complementos salariales en función de sus responsabilidades. Eso, sin embargo, no les hace inmunes a las desgracias. Pero ni siquiera tener que ser acogido en casa ajena ha sido considerado causa suficiente para recibir el complemento. Así, ningún exdiputado lo tiene reconocido, según la web de la Asamblea de Madrid.

Los requisitos de acceso se establecen en un convenio de 1999 con el Gobierno central, y en dos acuerdos de la Mesa de la Cámara, de 2001 y 2002. Desde entonces, han sido pocas las peticiones, según una fuente conocedora del funcionamiento de la Cámara madrileña. La última fue rechazada este mes, reavivando el debate sobre si las previsiones al respecto deben ser actualizadas.

“La Mesa, a la vista del informe de la Sra. Directora de Gestión Administrativa, constatando que la peticionaria no acredita, a la vista de la documentación aportada, el cumplimiento del requisito de encontrarse en “extrema situación de precariedad o necesidad económica” establecido por el Acuerdo de la Mesa de 18-07-01 sobre complemento de la pensión pública de jubilación de Diputados y Diputadas de la Asamblea que lo hayan sido en dos Legislaturas, acuerda no autorizar la percepción del complemento de pensión de jubilación”, se lee en documentación a la que accedió EL PAÍS.

Cobrar el paro tras perder el escaño

Tanto los complementos de jubilación como el no cobrar el paro son dos asuntos que preocupan desde hace años a los parlamentarios autonómicos, y que se ha vuelto a debatir recientemente entre los presidentes de Cámaras regionales, según una fuente parlamentaria. Este mismo lunes, la Asamblea de Madrid volvió a tratar el asunto.

“La Ilma. Sra. Secretaria General procede a informar a los miembros de la Mesa acerca de las prestaciones o ayudas de las que disponen los exdiputados, por desempleo, en otras instituciones representativas, especificando los que no poseen regulación y aquellos que disponen de una normativa específica, que se sintetiza”, se lee en documentación pública interpretada por miembros del Parlamento como una vía abierta a que el Parlamento regional plantee una reflexión sobre la posible regulación de este asunto.

El PP ya usó su mayoría absoluta en 2013 para rechazar en el Congreso de los diputados una propuesta del Parlamento Vasco para que todos los representantes autonómicos pudieran cobrar el paro al dejar el acta, como ya ocurre con los cargos electos locales, los representantes sindicales y los altos cargos de la Administración.

La formación conservadora argumentó entonces que los diputados autonómicos no son empleados de sus respectivos Parlamentos, por lo que perder el escaño no puede asemejarse a un despido, y destacó que la aprobación de la medida supondría un aumento inasumible del gasto público.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.