Menos accidentes y más homicidios

Las instalaciones obsoletas del Instituto Anatómico Forense, situado en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, cerraron el año pasado, cuando se abrió el moderno edificio del Instituto de Medicina Legal (IML) de la región. Este se encuentra en el único donut construido en la megalómana Ciudad de la Justicia diseñada en tiempos de Esperanza Aguirre y su consejero de Justicia Alfredo Prada. Los forenses y profesionales de distintas especialidades que trabajan en él tuvieron duran...

Las instalaciones obsoletas del Instituto Anatómico Forense, situado en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, cerraron el año pasado, cuando se abrió el moderno edificio del Instituto de Medicina Legal (IML) de la región. Este se encuentra en el único donut construido en la megalómana Ciudad de la Justicia diseñada en tiempos de Esperanza Aguirre y su consejero de Justicia Alfredo Prada. Los forenses y profesionales de distintas especialidades que trabajan en él tuvieron durante el año pasado menos trabajo, debido a la pandemia y al confinamiento. Bajaron los ingresos, los accidentes y las autopsias, mientras que se incrementaron los homicidios y los entierros sufragados por los servicios sociales. Así se desprende de la Memoria de 2020 del IML, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Durante el año pasado, ingresaron 1.928 cuerpos, lo que supone una media de cinco al día y un descenso del 14% respecto a los 2.239 de 2019. Esto se debió a que el confinamiento redujo la movilidad de los madrileños a niveles mínimos y con ello la accidentalidad. El gran número de fallecidos obedeció a causas naturales (1.159), seguido de las violentas (680) y las indeterminadas (15).

Dentro de las violentas, hay tres categorías. Las accidentales son las más numerosas, con 326 casos. Aquí se dan desde siniestros laborales a fallecimientos en las carreteras y calles de la región a óbitos por caídas, electrocuciones, consumo de drogas, asfixia o ahogamientos, entre otros muchos factores. Le siguen los suicidios (315), una cifra que no ha aumentado prácticamente en los últimos años.

Lo que sí puede inducir a error es el número de homicidios, que ha pasado de 29 en 2019 a los 38 recogidos en la memoria del IML. ¿Significa esto que se ha matado más en la región? En un primer momento y con un simple vistazo a las cifras, todo hace indicar que sí. Pero hay una explicación añadida. Mientras estuvo abierto el Instituto Anatómico Forense, había partidos judiciales como Alcorcón, Aranjuez, Colmenar Viejo o Móstoles entre otros muchos que no mandaban los cuerpos a este organismo y los forenses hacían las autopsias en los tanatorios o cementerios municipales. Estos estaban dotados con todos los medios necesarios y las muestras sí que se remitían a la Ciudad Universitaria o al Instituto Nacional de Toxicología. Pero todo ello cambió con la apertura del Instituto de Medicina Legal y su norma recoge que todos los cadáveres se centralicen en él.

Ahora bien, la región tuvo durante el año pasado 38 muertes violentas de naturaleza homicida, según los forenses, que contrasta con las 33 que hubo en toda la región en 2019. Sigue siendo una cifra muy baja comparada con el año 2003 en el que se batió el récord con 100 homicidios.

Menos autopsias

La llegada de la covid hizo que se restringiera en gran medida el traslado de cuerpos a los servicios forenses. El miedo al contagio y la falta de medios para realizar las pruebas marcaron las órdenes del Ministerio de Justicia de restringir al máximo las necropsias. La memoria arroja que 128 cuerpos dieron positivos a anticuerpos del coronavirus. Marzo estuvo a la cabeza con 49 casos, lo que representa el 38% del total. La cifra continuó en los meases siguientes entre los 10 de septiembre y noviembre y los 6 de julio y agosto -meses de vacaciones-, con un ligero aumento en diciembre (13). De hecho, la normativa ordenó durante bastante tiempo que, si un cuerpo daba positivo en la covid, no se le hiciera la autopsia ante el riesgo de contagio.

La pandemia y sus consecuencias económicas también han tenido su repercusión en los enterramientos costeados por los servicios sociales municipales y regionales. Estos entran en acción cuando los familiares de una persona fallecida no se pueden hacer cargo de los gastos de sepelio. O cuando no quieren sufragarlo, por motivos varios. En 2020, la Comunidad de Madrid se hizo cargo de 79 servicios, seguidos de otros Ayuntamientos de la región (7) y del Consistorio de la capital (6). En total, 92 personas. Esta cifra es muy superior a las 58 inhumadas en 2019: 31 por diversos municipios, 21 por el Gobierno regional y 6 por Madrid ciudad. Según la memoria, el aumento por parte del Ejecutivo autonómico se debió a la necesidad de “reducir los tiempos de depósito de los cadáveres”.

Los facultativos del IML también analizan si los fallecidos han consumido alcohol o drogas. De los 513 cuerpos analizados, 395 dieron positivos en alguna sustancia. En el caso de los hombres (271) fue mayoritario el alcohol, seguido de las benzodiacepinas y la cocaína, mientras que en las mujeres predominaron “otras sustancias”, epígrafe que incluye la más diversa tipología, y después las benzodiacepinas, los antidepresivos y el alcohol.

En este centro regional no solo se trata con personas fallecidas. También se atiende a sus familiares a lo que se explica los trámites para reclamar los cuerpos o se les solicita información sobre antecedentes médicos. Estos últimos sirven para que el forense pueda completar la autopsia y la naturaleza de la muerte. De los 1.928 ingresos, 1.912 fueron atendidos por los trabajadores sociales.

La típica imagen de fotógrafos tomando imágenes de los cuerpos, típica de las películas y las series, también se da en el Instituto de Medicina Legal, donde trabajan tres especialistas de la materia. Durante el año pasado realizaron 950 reportajes gráficos e imprimieron 6.921 copias que fueron adjuntadas a los informes de autopsia o remitidas a los juzgados o la policía.

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