Lo que le espera a la justicia madrileña: 460.536 casos pendientes y una posible avalancha de causas en primavera

Primer intento. No funciona el sistema de videollamada. Los testigos que han acudido presencialmente al juzgado se van. Segundo intento. Uno de los peritos está de baja por covid. El juez aplaza la vista. Una audiencia previa que debería haber estado resuelta en cuestión de horas, se alarga hasta ocho meses. Esta es una de las situaciones que se ha encontrado el letrado Emilio Gude, con 27 años de experiencia a...

Primer intento. No funciona el sistema de videollamada. Los testigos que han acudido presencialmente al juzgado se van. Segundo intento. Uno de los peritos está de baja por covid. El juez aplaza la vista. Una audiencia previa que debería haber estado resuelta en cuestión de horas, se alarga hasta ocho meses. Esta es una de las situaciones que se ha encontrado el letrado Emilio Gude, con 27 años de experiencia a sus espaldas, en los juzgados de Madrid este año. El 1 de septiembre se reanuda la actividad judicial y muchos de los problemas estructurales y los que ha añadido la pandemia seguirán presentes.

La Comunidad de Madrid registró 816.674 litigios en 2020. Aunque esta cifra supuso un descenso de un 8% con respecto al año anterior, el volumen de causas pendientes aumentó un 24%. Quedaron en el cajón a la espera de una resolución 460.536 frente a las 370.210 de 2019. Esto sucede por motivos como los que ha vivido este año la jueza Natalia Velilla, que trabaja en un juzgado de Móstoles y pertenece a la asociación Francisco de Vitoria. “En una mañana en la que podía celebrar ocho vistas, ahora lo tengo que reducir a cinco, porque para guardar la distancia de seguridad no puedo tener a tanta gente en el pasillo esperando su turno”, explica. Los abogados y jueces aseguran que la pandemia ha agudizado el colapso estructural que sufre el sistema judicial de la Comunidad de Madrid, una de las que más litigios tiene por población y por el elevado número de empresas que tienen en ella su sede social.

Ante la falta de recursos y la adaptación a la norma sanitarias, los juzgados han buscado todo tipo de soluciones. Hace unos meses, el abogado Pedro Martín, presidente del despacho Martín Molina, se encontró con que una vista del concurso de acreedores de la empresa Assignia Infraestructuras se celebró en el salón de actos para garantizar la distancia física. “A partir del uno de enero, cuando acaba la moratoria concursal, veremos muchas más situaciones de este tipo. Lo gordo llegará a partir de abril. En Madrid, el número de causas que se registran nunca va a estar equilibrado con las que se resuelven”, augura un tanto pesimista. “Yo es que llevo ya unos cuantos años en esto”, bromea el veterano jurista.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez Padrón, adviritó en la presentación de la memoria judicial de 2020 que se esperaba una “avalancha” de pleitos en lo social y lo mercantil. Es la misma palabra que sale de la boca de muchos otros abogados y jueces. “Todos pensábamos que después del parón de marzo de año pasado, lo que llegaba iba a ser peor de lo que fue. No hubo avalancha entonces, pero es porque creo que seguimos en una especie de realidad engañosa. Yo digo que hay causas adormecidas y que emergerán cuando acabe la protección laboral del Gobierno. La llegada de los problemas solo se está dilatando”, argumenta la magistrada Velilla. Los juzgados mercantiles llevan además las reclamaciones relacionadas con el transporte aéreo y Rodríguez Padrón se refirió a la “ingente cantidad” de causas relacionadas con retrasos y cancelaciones de vuelos que se están registrando.

Demora en las causas de familia

En los casos de familia, el embudo lleva a vivir situaciones dramáticas. Como la que cuenta Paloma Zabalgo, abogada especializada en esta materia. “Llevé un caso en el que la custodia pasó de la madre al padre porque durante el confinamiento y los meses posteriores la relacion entre la progenitora y los hijos empeoró muchísimo. Ahora incluso las visitas tienen que estar tuteladas. Me pregunto si la situación se habría deteriorado tanto si la justicia hubiese actuado con más agilidad”, apunta. “El colapso ha hecho que si una causa antes se prolongaba un año, ahora lo haga dos”, añade. Los estudios psicosociales de los menores tardan hasta año y medio en llevarse a cabo.

La jueza Velilla ha experimentado situaciones parecidas: “Con la pandemia cerraron los puntos de encuentro familiar. Después de eso viene la restauración de las visitas. Con toda esa dilación puedes estar dos años sin ver a tu hijo, y dos años en la vida de un niño es mucho. No hay dinero que arregle perderte la vida de tu hijo. Luego hay otros asuntos menos extremos, pero que también han quedado postergados. Cambios de colegio, cambios de residencia, recalcular la pensión si alguno de los padres ha perdido el empleo...”. En este tipo de causas existe más tendencia a llegar a acuerdos que en otros, para evitar que las familias tengan que enfrentarse en los tribunales y empeore la situación. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, aseguraba en julio en una entrevista con EL PAÍS que la directriz desde el órgano era llegar el máximo número de acuerdos posibles en todas las materias para contribuir a rebajar el colapso en los juzgados.

A todos estos problemas se suma el deficiente sistema informático que dificulta la celebración de vistas online. El año pasado, solo el 20% se celebraron de esta forma. “Ha habido momentos caóticos, desde juzgados que directamente te decían que no tenían medios para hacer una audiencia por videoconferencia, vistas que no se han grabado, partes que intervienen con un sonido muy deficiente...”, explica Emilio Gude, del despacho Ceca Magán.

El programa que ha utilizado la justicia madrileña para estas vistas online es Zoom. “Ese programa puede tener problemas de seguridad, no lleva un certificado de identidad que garantice quién es la persona que comparece y además la conexión no siempre es buena”, explica la magistrada Velilla. A esto se suma que muchos de los ordenadores con los que cuenta el personal judicial son tan antiguos que no soportan Zoom, detalla la jueza. Muchos profesionales consideran que se debería regular el funcionamientos de las vistas telemáticas y dotarlas de medios. “Ahora lo hacemos de forma artesanal, depende de la voluntad de las partes y los juzgados, como si tú y yo nos ponemos a hablar por Skype”, apunta Velilla.

La Comunidad de Madrid puso en marcha en 2019 el plan Justicia 21x21, que cuenta con una dotación presupuestaria de 100 millones de euros. En los últimos dos años Madrid ha inaugurado siete nuevos juzgados y unificado algunas sedes judiciales. La región tiene una insólita dispersión de sedes comparada con otras comunidades. Solo en la capital, hay 20. El TSJM estima que son necesarios 145 nuevos órganos judiciales y 32 magistrados más para paliar las carencias existentes.

Además del aumento de profesionales, los juristas reclaman que se sustituyan a los que están de baja, otra situación que también se ha convertido en habitual con la pandemia. Según datos del TSJM solo en el primer trimestre de 2021 hubo en los juzgados madrileños 142 casos detectados de covid y 104 en aislamiento. El embudo de la justicia madrileña se ha estrechado todavía más con el virus.

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