Las elecciones a la Comunidad de Madrid entran en un laberinto jurídico

La política madrileña también se cuece en los grupos de WhatsApp. El equipo de Comunicación de Isabel Díaz Ayuso dirige uno con 251 periodistas. Ahí se difunden las agendas, los comunicados, los enlaces para conectarse vía telemática a las ruedas de prensa: el día a día de la todopoderosa Comunidad de Madrid. El pasado miércoles 10 de marzo, a las 10.23 de la mañana —y es muy importante la hora— se publicó una parte de la agenda del día siguiente: “Ayuso, el vicepresidente, Ignacio Aguado, y el resto de los consejeros del Gobierno acudirán mañana al homenaje a las víctimas del 11-M en la plaza...

La política madrileña también se cuece en los grupos de WhatsApp. El equipo de Comunicación de Isabel Díaz Ayuso dirige uno con 251 periodistas. Ahí se difunden las agendas, los comunicados, los enlaces para conectarse vía telemática a las ruedas de prensa: el día a día de la todopoderosa Comunidad de Madrid. El pasado miércoles 10 de marzo, a las 10.23 de la mañana —y es muy importante la hora— se publicó una parte de la agenda del día siguiente: “Ayuso, el vicepresidente, Ignacio Aguado, y el resto de los consejeros del Gobierno acudirán mañana al homenaje a las víctimas del 11-M en la plaza de la Puerta del Sol”. Tres horas después de este mensaje y de esta aparente normalidad, la coalición de PP y Ciudadanos en Madrid volaba por los aires.

De sopetón y sin previo aviso, Ayuso convocaba elecciones para el martes 4 de mayo. Por si fuera poco, PSOE y Más Madrid también registraban dos mociones de censura contra ella en la Asamblea. La ley es clara. Si se convocan elecciones, se disolverá la Asamblea y no se podrán presentar mociones de censura. Y si se registrara una moción, no se podrá llamar a los votantes a las urnas y la Asamblea seguirá en pie. En Madrid sucedieron las dos cosas en cuestión de tres horas. ¿Café? Dos tazas. ¿Quién tiene razón? ¿qué sucede entonces?

Entran en juego los nombres desconocidos. Fabio Pascua Mateo es el secretario general del Consejo de Gobierno de Ayuso, el encargado de sellar y dar fe de que todo está correcto. La burocracia invisible que rige la política. El árbitro de los papeles de la región. Pascua certificó el día de este terremoto político que Ayuso decidió disolver la Asamblea y, por tanto, convocar elecciones anticipadas a las 11.45 de la mañana. Después, observó, firmó el decreto. Eran las 12.25 del mediodía. Aquí comienza el primer embrollo judicial. Según el artículo 42 de la ley electoral española, para que la disolución de la Asamblea y la convocatoria del adelanto electoral entren en vigor, es necesario que el decreto se publique en el boletín oficial de cada Comunidad al día siguiente. Ahí ―y no antes― se daría por disuelta la Asamblea: se haría oficial el adelanto electoral. Ayuso publicó el decreto en el boletín regional madrileño a las 0.06 del jueves 11 de marzo.

Madrid es un tablero aparte

En principio, todo estaría en orden. Pero Madrid es un tablero aparte. A cinco kilómetros de la Puerta del Sol, donde Ayuso acababa de firmar el decreto, la maquinaria jurídica de Más Madrid y del PSOE también estaba en marcha. Los diputados de Más Madrid presentaron su moción de censura en el registro de la Asamblea a las 13.03 de la tarde. El PSOE, a las 13.07. Se cruzaron por los pasillos. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid impide disolver la Asamblea cuando haya una moción de censura “en tramitación”. La izquierda madrileña jugó esta última baza jurídica para tratar de frenar la convocatoria electoral de Ayuso. Con la ley en la mano, la decisión de la presidenta madrileña no se hace oficial hasta que se publica en el boletín regional. Es decir, que las mociones de PSOE y Más Madrid se pueden registrar. ¿Y bien?

El PP considera que el acuerdo de Ayuso es válido sin pasar por el boletín regional. “Está adoptado por parte de quien podía adoptarlo”, observa Enrique López, consejero de Justicia de la región y exmagistrado del Tribunal Constitucional. “La presidenta Ayuso lo ha hecho todo en tiempo y forma. En ese momento no había presentada ni en trámite ninguna moción de censura. Con lo cual, el acuerdo es válido al margen de que se publique al día siguiente, como determina la ley”. Los populares se amparan en los minutos. Cuando Ayuso acuerda disolver la Asamblea son las 11.45 de la mañana y cuando Más Madrid y PSOE presentan las mociones de censura son las 13.03 y las 13.07 de la tarde.

¿Por qué la Asamblea admitió entonces las mociones de censura si Ayuso ya había firmado el decreto, aunque no era efectivo hasta el día siguiente? En este laberinto judicial también entran en juego las rencillas políticas. La decisión de Ayuso ha provocado un tsunami en Ciudadanos, con los que compartía el Gobierno. Y la Asamblea, precisamente, está presidida por el partido de Inés Arrimadas. Ciudadanos ha decidido unirse al PSOE para tratar de frenar la maniobra de Ayuso. De hecho, la Asamblea continuó con su actividad parlamentaria la misma tarde en la que ya se había anunciado el adelanto electoral y la disolución de la misma. Solo hubo un partido que no acudió: el PP.

La mañana del jueves los diputados de Ciudadanos se levantaron con el cese de todos los consejeros. El presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, reunió de urgencia a los diputados que conforman la llamada Mesa de la Diputación Permanente, un nombre algo pomposo que significa que la Asamblea se viste con el traje electoral o de vacaciones, cuando no haya sesiones. Ya no habrá plenos, ni comisiones. Hasta después de las elecciones solo estará abierta la cafetería. De hecho, la mayoría de los diputados que acudieron el jueves eran socialistas. Trataron de aparentar una jornada habitual, sin éxito. Los diputados de la Mesa de la Diputación Permanente, que en suma son mayoría Ciudadanos y PSOE, acordaron en su reunión de urgencia disolver al fin la Asamblea. Torcieron el brazo, pero dieron un último golpe. Anunciaron un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para paralizar las elecciones inmediatamente. Consideran que Ayuso ha provocado un “conflicto institucional” entre el Gobierno y el Parlamento regional.

En el escrito hacen referencia a la separación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo: “La facultad de disolución de la presidenta de la Comunidad se ha hecho con posterioridad a la existencia de uno de los límites infranqueables que le impone el propio Estatuto de Autonomía”.

El PP, tras esta jugada de PSOE y Ciudadanos, contestó con un recurso contra el recurso de la decisión de la Mesa del parlamento. Más lío. Más embrollo jurídico. Más trabalenguas para los jueces. Por si fueran pocos, Vox también presentó otro recurso este viernes con el mismo argumento que el PP. ¿Qué pasará entonces? Este domingo, como muy tarde, los magistrados anunciarán si admiten lo que dice la Mesa de la cámara. Si prospera su recurso, se reactivará la Asamblea. Pero eso no significa que se paralicen las elecciones. La última palabra, seguramente, la tendrá el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, y por si acaso, los partidos ya están anunciando a sus candidatos para el 4 de mayo.