Un debate en secreto para decidir qué pasó en el caso Avalmadrid

En 2011, mientras se fraguaba su debut como diputada en la Asamblea, Isabel Díaz Ayuso contactó con un ejecutivo de Avalmadrid, un ente semipúblico que facilita la financiación de pymes y empresas, para pedir información sobre un crédito concedido a una compañía participada por su padre. “Es todo muy difícil”, escribió en un correo sobre la ruinosa operación, como adelantó EL PAÍS. Ese acceso privilegiado a la entidad está en el origen de la comisión de investigación parlamentaria que ha intentado aclarar si los suc...

En 2011, mientras se fraguaba su debut como diputada en la Asamblea, Isabel Díaz Ayuso contactó con un ejecutivo de Avalmadrid, un ente semipúblico que facilita la financiación de pymes y empresas, para pedir información sobre un crédito concedido a una compañía participada por su padre. “Es todo muy difícil”, escribió en un correo sobre la ruinosa operación, como adelantó EL PAÍS. Ese acceso privilegiado a la entidad está en el origen de la comisión de investigación parlamentaria que ha intentado aclarar si los sucesivos Gobiernos del PP de Esperanza Aguirre e Ignacio González influyeron para que se concedieran avales a empresarios vinculados a la formación conservadora que luego resultaron deficitarios. Tras más de un año de pesquisas, el dictamen consecuente empieza a debatirse este martes en secreto y con máxima tensión.

¿La razón? PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos IU Madrid en Pie están negociando un texto común en el que se lee, entre otras cosas, lo siguiente: “Consideramos extremadamente grave las presiones que realizaban cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid en los órganos comerciales de AVALMADRID SGR en defensa de intereses de personas relacionadas con el Partido Popular”. También: “Se dieron avales a una red clientelar de empresarios y empresas de personas que se situaban en el entorno del Partido Popular, unas veces por relaciones personales o profesionales, otras como presunto pago a una posible financiación irregular”.

Sin embargo, los partidos de izquierdas no tienen votos suficientes para sacar adelante esas conclusiones. De hecho, para que la comisión naciera, ya necesitaron la complicidad de Cs, el socio gubernamental del PP, lo que desencadenó la primera crisis de gravedad entre los dos aliados de la derecha. Aunque PP, Cs y Vox están capacitados por su mayoría parlamentaria para imponer su punto de vista, los tres partidos se presentarán a la cita con sus respectivos dictámenes, según dos fuentes conocedoras de los trabajos de la comisión.

“Las conclusiones de la izquierda son un panfleto de conclusiones prefijadas de antemano que no tienen el más mínimo valor ni credibilidad, al mantener las mismas acusaciones que ya desestimó la fiscalía por falsas”, se quejan en el PP.

“La influencia que ejerce la Comunidad de Madrid en la toma de decisiones en la dirección y administración de Avalmadrid es absolutamente dominante, tanto directa como indirectamente”, difieren en Vox. “Las irregularidades detectadas en la concesión y seguimiento del aval de MC Infortécnica revela, en el mejor de los casos, un trato personalizado y preferente, y una gestión negligente en su seguimiento y recobro”, añade sobre el aval a la compañía participada por el padre de Díaz Ayuso, que ascendió a 400.000 euros, pese a que los especialistas de la entidad expresaron sus dudas desde el principio.

Por lo tanto, entre los grupos de derechas todo está por negociar, aunque lo lógico es que los tres lleguen a un acuerdo.

La investigación, además, se ha visto entorpecida por las ausencias de testigos clave. Así, la alianza de PP, Cs y Vox en la Mesa de la Asamblea bloqueó las comparecencias de todos los expresidentes de la Comunidad, además de la de Díaz Ayuso.

Tampoco fue localizado para que acudiera a la Cámara el empresario Gerardo Díaz Ferrán, al que Avalmadrid concedió avales calificados luego de “sorprendentes” por los auditores: fueron siete de entre 200.000 y 900.000 euros, y la decisión se tomó pese a las advertencias del analista de riesgos de la compañía sobre la mala situación financiera del Grupo Marsans. Solo cuatro meses después, en junio, este se declaró en concurso. Las garantías ofrecidas no tenían valor alguno. Entre medias, Antonio Beteta, entonces consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, intercedió a su favor a través de una carta.

Tampoco acudió a su cita Aurelio García Sola, director del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) y de Madrid Network en la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta, e imputado en el caso Púnica... años después de lograr que Avalmadrid —de la que fue consejero— le concediera en 2015 y 2016 dos avales discutidos con la máxima dureza por una auditoría externa encargada por la entidad.

Y, finalmente, dos de los especialistas dedicados a recuperar impagados a Avalmadrid tampoco declararon.

Las dificultades de la investigación reflejaron las tensiones que ha generado poner focos sobre una entidad que ya estaba bajo la lupa del Banco de España, que en los últimos meses ha impuesto sanciones por más de 500.000 euros a los integrantes de la cúpula de Avalmadrid por mala praxis. Esos problemas subyacentes afectarán ahora al debate de las conclusiones que vote la comisión, y que luego deben ser elevadas al pleno.