La Xunta entrega a empresas que no pagan el salario mínimo los geriátricos que donó Amancio Ortega

La inmensa mayoría de los cerca de 21.000 mayores que en Galicia viven en una residencia son cuidados por trabajadoras que no cobran ni el salario mínimo. En una de las comunidades más envejecidas de España, así es el panorama laboral de los centros que son gestionados por entidades privadas, unas empresas u org...

La inmensa mayoría de los cerca de 21.000 mayores que en Galicia viven en una residencia son cuidados por trabajadoras que no cobran ni el salario mínimo. En una de las comunidades más envejecidas de España, así es el panorama laboral de los centros que son gestionados por entidades privadas, unas empresas u organizaciones sin ánimo de lucro de las que dependen alrededor de 19.000 plazas, según el Imserso. Los últimos geriátricos que se han unido a esta precariedad son los donados a la Xunta por la Fundación Amancio Ortega. Las trabajadoras del sector han convocado varias jornadas de huelga durante este mes de septiembre.

El Gobierno gallego ha decidido entregar los tres edificios que ha recibido hasta ahora de la fundación del dueño de Inditex, ubicados en Santiago, Lugo y A Coruña, a compañías cuyo convenio recoge sueldos de poco más de 1.000 euros brutos mensuales. Y se prevé que haga lo mismo con los otros cuatro que están en ejecución en Ferrol, Pontevedra, Ourense y Vigo. Las siete residencias suman 900 plazas y la fundación de Ortega las dona a la Xunta completamente equipadas. Si el Ejecutivo del popular Alfonso Rueda hubiera optado por una gestión completamente pública, solo tendría que contratar a la plantilla.

Los sueldos del personal de las residencias privadas de mayores, integrado por un 97% de mujeres, los marca en Galicia un convenio colectivo caducado desde 2023. La CIG, el sindicato mayoritario en el sector, ha convocado movilizaciones (también en centros de día y en el servicio de ayuda en el hogar) para reclamarle a la patronal que se siente a negociar un nuevo acuerdo. Con un SMI que alcanza los 1.184 euros brutos en 2025, el actual convenio otorga a las gerocultoras sueldos base de solo 1.109 euros. Los de recepcionistas, limpiadoras o auxiliares administrativas se quedan en 1.090 euros. La CIG calcula que de las 12.000 empleadas de estos centros, unas 8.000 no llegan el salario mínimo.

Belén Fernández lleva 18 años trabajando como gerocultora en una residencia privada y cobra 1.200 euros sumando pluses, incluido el de antigüedad. Explica que, además de sufrir unas condiciones laborales “ridículas” que no se dan en los centros de gestión pública, ella y sus compañeras afrontan unas jornadas extenuantes por el poco personal con el que cuentan estas empresas. “La presión física y psíquica es enorme. Hacemos el trabajo de tres compañeras. Estamos agotadas, salimos reventadas de trabajar”, denuncia. Como “la gente rompe”, añade, hay falta de mano de obra y las compañías acaban contratando a personas con una baja cualificación: “Los usuarios están ingresando en los centros a morir, y a morir al atendidos. Es vergonzoso y para nosotras, muy frustrante”.

El BNG ha llevado al Parlamento gallego quejas de familiares de usuarios de la residencia donada por Amancio Ortega en Lugo por la falta de trabajadoras suficientes para atender a los mayores, muchos de ellos en situación de gran dependencia. En este caso y en otros, la Xunta alega que inspecciona los centros y que cumplen las ratios de personal a las que obliga la normativa, aprobada en 1996. Las trabajadoras, sin embargo, denuncian que ese aparente cumplimiento tiene trampa.

Fernández apunta a que las residencias son las encargadas de evaluar periódicamente el grado de dependencia de los usuarios, pero no lo hacen para no tener que incrementar el personal, ya que cuanto más necesitados de cuidados estén los internos más empleados exige la legislación. Ella dice conocer casos de ancianos que entraron hace nueve años y que siguen constando como que se valen por sí mismos cuando ya no es así.

“Las auditorías son de risa”

Una enfermera con 27 años de antigüedad, que trabaja en un geriátrico de titularidad autonómica y gestión privada, denuncia que las empresas incluyen en sus ratios a empleadas que están de baja y que no son sustituidas por nuevo personal. “Las auditorías son de risa, solo miran los papeles”, señala esta sanitaria, que prefiere no dar su nombre. “La Xunta solo tiene en cuenta el número de contratadas, pero si hay cuatro de baja y su trabajo se cubre con las que ya están, eso no vale”. En su centro de mayores, ubicado en la provincia de Lugo, una sola enfermera atiende a 170 residentes y cuentan con solo dos auxiliares de enfermería por cada 30 residentes.

Las dos primeras residencias donadas por Amancio Ortega, dotadas de 120 plazas cada una y ubicadas en Lugo y Santiago, fueron adjudicadas por la Xunta en 2024 a la Fundación de Estudos e Análises (Fesan), una entidad que se declara sin ánimo de lucro y que las gestiona a través de su Grupo Servisenior. Fesan ha declinado explicar a este periódico las condiciones laborales de sus trabajadoras. La gestión del geriátrico que ha financiado el fundador de Inditex en A Coruña ya ha sido licitada y se la disputan 14 empresas, entre ellas la propia Fesan y grandes del sector en España como Clece, Eulen, Ballesol o Ilunion. La siguiente se prevé que sea la de Pontevedra.

La principal patronal del sector, la Asociación Gallega de Residencias de la Tercera Edad (Agarte), no ha respondido a las preguntas de este periódico sobre la situación laboral de sus trabajadoras. Tampoco la Consellería de Política Social. “Ni las patronales ni la consellería tienen interés en activar las negociaciones”, lamenta Adolfo Naya, del sindicato CIG, que reclama las mismas condiciones de trabajo y salarios en el sector público y privado.

Sobre las residencias donadas por Ortega, fuentes del departamento autonómico que dirige Fabiola García se limitan a señalar que, pese a estar gestionadas por entidades privadas, sus plazas “son y serán públicas, con precios públicos y a las que se accede también por la lista pública”. La consellería elude explicar por qué opta por entregar estos centros a empresas cuando la Administración solo tendría que contratar al personal.