Nueva imputación por corrupción al líder sindical de la huelga de basuras de A Coruña
Un juzgado de Ourense abre otra causa contra Sánchez Fuentes por cobros a cambio de empleos mientras el Ayuntamiento coruñés pide a la Fiscalía que investigue la acumulación de residuos en las calles
Los problemas judiciales crecen para Miguel Ángel Sánchez Fuentes, el líder del Sindicato dos Traballadores da Limpeza (STL) que mantiene en jaque A Coruña por una huelga de basuras. A la causa judicial abierta por un juzgado coruñés por presuntos delitos de blanqueo, estafa, tenencia ilícita de armas y corrupción se une otra en Ourense, donde esta central sindical también es mayoritaria en la concesionaria de la recogida de resi...
Los problemas judiciales crecen para Miguel Ángel Sánchez Fuentes, el líder del Sindicato dos Traballadores da Limpeza (STL) que mantiene en jaque A Coruña por una huelga de basuras. A la causa judicial abierta por un juzgado coruñés por presuntos delitos de blanqueo, estafa, tenencia ilícita de armas y corrupción se une otra en Ourense, donde esta central sindical también es mayoritaria en la concesionaria de la recogida de residuos. La titular del juzgado de instrucción número 2 de Ourense investiga a Sánchez Fuentes, a su esposa y al gerente de la contrata Ecourense, una UTE integrada por FCC, Copasa y Geseco, por un presunto delito de corrupción en el sector privado, confirman fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Según la querella que presentó el pasado marzo la Fiscalía, el líder sindical, compinchado con el directivo de la compañía, engordó su patrimonio en los últimos años repartiendo empleos a cambio de dinero.
La trama presuntamente montada por el STL y el responsable de la empresa Ecourense en Ourense es muy parecida a la que indaga la titular del juzgado de instrucción número 6 de A Coruña. La denunció el sindicato CIG en 2020 ante la Fiscalía, pero aquellas diligencias fueron archivadas. La insistencia de esta central después de la apertura de la investigación en A Coruña propició finalmente la querella del ministerio público. El fiscal sostiene que entre diciembre de 2018 y junio de 2023, la UTE Ecourense contrató a 307 trabajadores eventuales y casi la mitad llegaron a través de una empresa de la esposa del líder del STL. Esos operarios contratados fueron obligados a afiliarse a la central de Sánchez Fuentes y pagar cuotas mensuales.
La UDEF ha detectado un aumento “exponencial” en el tren de vida del sindicalista y su mujer, Cristina Martínez Martínez. En solo cuatro años, según la policía, la pareja ha comprado cinco coches, cuatro motos y una casa, además de acumular viajes de lujo. La Fiscalía sostiene que el gerente de Ecourense, Javier David García, se puso de acuerdo con el matrimonio para “crear un sistema clientelar de contratación con la finalidad de alterar la composición del comité de empresa y obtener un beneficio patrimonial ilícito”. David García ha declinado dar su versión a este periódico sobre estas acusaciones.
Los manejos por los que está siendo investigado Sánchez Fuentes en A Coruña y Ourense tienen relación con el conflicto laboral que mantiene viva la huelga de basuras en la primera de estas ciudades. El STL y la concesionaria del servicio PreZero mantienen un pulso por la contratación de eventuales. Tras la apertura de las pesquisas judiciales, la empresa no quiere dejar en manos del sindicato de Sánchez Fuentes el reparto de estos empleos. El paro en la recogida de residuos es indefinido desde el pasado domingo. No cesan los incendios de contenedores por las noches y en las calles son muchos los depósitos desbordados, aunque la situación ha mejorado desde que el Ayuntamiento declaró la emergencia sanitaria el pasado 22 de julio y encargó una limpieza de urgencia a la empresa Valoriza. Sin embargo, para no vulnerar el derecho a la huelga, esta compañía solo puede actuar en aquellos puntos donde los desperdicios lleven más de dos días sin recoger y en aquellas zonas donde se aprecie “un grave peligro para los bienes y las personas”.
La alcaldesa, Inés Rey (PSOE), ha pedido este miércoles a la Fiscalía que intervenga y abra diligencias por presuntos delitos de coacciones en el ámbito laboral, incendio, daños ambientales y al patrimonio. La regidora esgrime ante el ministerio público la “situación de anomalía” que arrastra la ciudad, con una acumulación de basura en las calles desproporcionada si se compara con las jornadas de paro y con el hecho de que, según la concesionaria, ningún trabajador reconoce oficialmente estar secundando la huelga.
“La recogida de residuos en todo el término municipal ha sido muy deficiente, no solo los días en los que estaba convocada la huelga sino todos los días del mes de julio”, denuncia la alcaldesa de A Coruña. Cifra la media de basura retirada en solo un 40%, con barrios enteros en los que hubo días que no se recogió nada: “Esta acumulación de residuos ha generado una situación de verdadera insalubridad y de riesgo para la salud pública”. Rey reclama también a la Fiscalía que investigue a las cuatro personas identificadas hasta ahora por la Policía Local junto a contenedores quemados.
La empresa PreZero empezó el pasado martes a ejecutar despidos disciplinarios y ha expedientado a un buen número de trabajadores por diversos incumplimientos desde que el 24 de junio el STL arrancó las protestas con paros puntuales. Según fuentes próximas a la concesionaria, se ha rescindido ya el contrato a tres operarios y se han impuesto por el momento 39 sanciones graves (con suspensión de empleo y sueldo) y 16 leves. Alfonso Seijo, portavoz del comité de huelga del STL, culpa a la concesionaria de la suciedad en las calles de A Coruña porque, sostiene, “no se ha suplido a los trabajadores sancionados”.