Los Charlines vuelven al banquillo por blanqueo: tres décadas tras los padrinos del narco gallego

En plena explosión del narcotráfico en Galicia, una familia numerosa al puro estilo de la mafia siciliana dio un paso adelante para tener nombre y poder entre los cárteles sudamericanos de la cocaína. Empleando los métodos y la brutalidad de los padrinos italianos, el clan de Los Charlines surge en la década de los años setenta cuando Manuel Charlín, junto a sus dos hermanos menores, crearon el carné de identidad de esta potente e irrepetible organización, ya desmantelada, que comenzó con el suculento negocio del contrabando de tabaco. Fallecido en 2022 a los 89 años tras pasar un cuarto de su...

En plena explosión del narcotráfico en Galicia, una familia numerosa al puro estilo de la mafia siciliana dio un paso adelante para tener nombre y poder entre los cárteles sudamericanos de la cocaína. Empleando los métodos y la brutalidad de los padrinos italianos, el clan de Los Charlines surge en la década de los años setenta cuando Manuel Charlín, junto a sus dos hermanos menores, crearon el carné de identidad de esta potente e irrepetible organización, ya desmantelada, que comenzó con el suculento negocio del contrabando de tabaco. Fallecido en 2022 a los 89 años tras pasar un cuarto de su vida en prisión, el patriarca ha dejado a sus hijos y nietos una herencia envenenada con decenas de procesos y condenas de cárcel por narcotráfico y blanqueo. Seis de ellos y cuatro presuntos testaferros afrontan otro juicio a partir de este jueves por el lavado de más de 15 millones de euros a través de empresas y dinero, empleando sociedades mercantiles con ramificaciones en Galicia, Suiza y China.

El clan cayó en desgracia en 1995, cuando el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó el embargó de todo su patrimonio que estaba a nombre de la familia y que entonces fue tasado en más de 30 millones de euros, sin contar la parte que ha permanecido oculto y que parcialmente afloró más de una década después. Charlín había sido absuelto del juicio de la Operación Nécora y consiguió reforzar su patriarcado delegando en su hija Josefa, con estudios de primaria, que heredó los férreos métodos de mando de su progenitor. Hasta el punto de verse envuelta en el asesinato del transportista de referencia del clan, Manuel Baúlo, y de haber dejado a su mujer tetrapléjica, cuando este decidió confesar los alijos de cocaína que transportó para Los Charlines. Finalmente, ninguno de los cuatro sicarios contratados a sueldo, declararon en el juicio contra ella.

Por este primer proceso de blanqueo, la familia pasó por un largo juicio que acabó siendo un viacrucis para los tribunales. Cuando el recurso de Los Charlines llegó al Tribunal Supremo, la sentencia dictada en mayo de 2008 resultó demoledora para la Fiscalía, ya que permitió al clan recuperar una parte de los bienes al ordenar su embargo y no el decomiso. El alto tribunal interpretó que el fallo de la Audiencia Nacional era impreciso al no concretar la procedencia del dinero empleado en múltiples operaciones con las que el grupo adquirió más de 30 propiedades en España y Portugal, 15 sociedades, empresas conserveras, nueve mejilloneras, lotería premiada y 44 cuentas bancarias, algunas localizadas en Marruecos.

La defensa de Los Charlines argumentó que no todo el dinero de la familia era de procedencia ilegal y se ciñó a la expresión utilizada por el representante del Ministerio Fiscal cuando expuso su informe definitivo: “Con dinero procedente, en todo o en parte, del tráfico de drogas, los acusados formaron un vasto patrimonio”. Así, el Supremo basó en esta frase su interpretación para poner en duda la confiscación de los bienes anteriores a la década de los noventa.

A pesar del varapalo judicial que conllevó el decomiso de llamativas propiedades como el pazo de Vista Real (adquirida por el Ayuntamiento de Vilanova en 2010 mediante subasta pública por más de un millón de euros), Los Charlines, a través de Teresa Charlín (absuelta por el Supremo) lograron recuperar otros bienes y negocios marisqueros, incluso pujando a través de testaferros. Todo ello a pesar de que todavía no habían pagado las millonarias indemnizaciones al Estado por los delitos de blanqueo y ratificadas por el Alto Tribunal.

Los nuevos desafíos de la familia derivaron en la apertura de otra causa judicial y la segunda detención de prácticamente todo el clan en 2010. Pero en el banquillo del juicio que arranca ahora por aquellos delitos ya presenta tres bajas: Manuel Charlín, su mujer Josefa Pomares y su hijo Manuel, fallecido en 2019. En el objetivo del decomiso se encuentra una depuradora en A Illa de Arousa y casi dos millones de euros que el clan habría pagado por la compra de una conservera en China. Además, figuran tres cuentas en el Banco Clariden, en Suiza, con un saldo de 2,3 millones de euros. Dos están a nombre de Josefa Charlín y están de apoderados su hermano Óscar y su hija Noemí. Dos pisos y plazas de garaje aparecen en el inventario de la Agencia Tributaria.

Tras esquivar durante siete años varias órdenes de detención, Josefa fue detenida en su refugio de Portugal en 2001 y condenada por narcotráfico y blanqueo a 32 años de prisión, pero solo cumplió 11 de ellos al beneficiarse de una refundición de las penas y su expediente penitenciario. Ahora, Josefa vuelve al banquillo con sus hermanos, Teresa, Óscar, Melchor, además de su hija Noemí Outón y su sobrina Natalia Somoza. La condena que afronta Josefa, su hija y su hermano Óscar es de seis años de prisión y 12 millones de euros de multa, mientras que para Melchor y Teresa, la Fiscalía pide a cinco años de cárcel y 10 millones cada uno. La segunda nieta de Charlín encausada, hija de Teresa, afronta una petición de condena de cinco años y 10 millones de multa.

Otros cuatro procesados por participar presuntamente en los negocios del clan son los asesores Ramón Rodríguez Paz, Roberto Adán, José Tato Arca y el abogado Santiago Do Campo. La Fiscalía reclama para cada uno cinco años de cárcel y 10 millones de euros de multa. Todos ellos carecen de antecedentes penales.

La insólita supervivencia del clan

La investigación de la llamada Operación Repesca constata que el clan manejaba una fortuna pese a que se creía que estaba en la ruina, después de acumular varios procesos judiciales y largas temporadas en prisión de casi todos sus miembros. Además, han acreditado un flagrante delito de alteración del precio en concursos públicos y subastas cometido por miembros del grupo. “Valiéndose del poder que Los Charlines mantienen en la zona, testaferros y abogados de la familia también se presentaban presuntamente a subastas de bateas para comprarlas, previa presión a los vecinos para que no pujasen por ellas”, inciden los investigadores.

Este último intento de recuperar las propiedades de la poderosa familia del narco hunde sus raíces en la sentencia que hace 16 años dictó el Supremo y que no pudo evitar que resultara parcialmente favorable para los intereses del clan. Así, mientras el tribunal miraba con lupa si todo o parte del dinero que utilizaron durante años Los Charlines para levantar su emporio era de la venta de cocaína o hachís, el fallo aludía “al conocimiento que necesariamente tuvo que existir en la comarca de Arousa de la implicación de diferentes miembros de la familia Charlín y del grave escándalo que se produjo entre su población, dada la sensibilización de toda la zona ante los problemas que para muchas familias acarrea la cada vez mayor difusión del consumo de estupefacientes. Este conjunto de cosas nos lleva a la conclusión de que todos conocían esa procedencia concreta del tráfico de drogas que se estaba manejando”.

Pero estas conclusiones no fueron argumentos suficientes para despejar la duda razonable sobre si todo o parte del dinero del clan tenía su origen en el tráfico de drogas, aunque el tribunal tenía claro quiénes eran los protagonistas. A Manuel Charlín le definen como “dirigente intelectual” del blanqueo de dinero, pero solo a él le rebajaron la condena de 15 a 13 años y le liberaron de uno de los tres delitos fiscales (menos multa a pagar y más propiedades que podría recuperar). Y respecto a su hija Josefa, los magistrados del Supremo tampoco tuvieron dudas al concluir que “es una de las protagonistas de esta trama organizada”, pero confirman la condena de la Audiencia Nacional de 15 años de cárcel y multa de 5,7 millones de euros.