Los denunciantes de la prórroga de la AP-9 llevan a Bruselas la “desmesurada” compensación por Rande

En Colectivo, la asociación que pleiteó contra el cobro de peajes en el puente de Rande durante su ampliación y que ha propiciado que la Comisión Europea analice la legalidad de la prórroga que deja la AP-9 en manos de Audasa hasta el 2048, ha denunciado en Bruselas que la concesionaria cobrará un 600% de intereses en la factura por sobrecostes de las obras que ha calificado de “desmesurados”.

La asociación ha instado a la Dirección General ...

En Colectivo, la asociación que pleiteó contra el cobro de peajes en el puente de Rande durante su ampliación y que ha propiciado que la Comisión Europea analice la legalidad de la prórroga que deja la AP-9 en manos de Audasa hasta el 2048, ha denunciado en Bruselas que la concesionaria cobrará un 600% de intereses en la factura por sobrecostes de las obras que ha calificado de “desmesurados”.

La asociación ha instado a la Dirección General de la Competencia de la UE a analizar la compensación que recibirá la concesionaria de la autopista a cambio de las obras en el puente sobre la ría de Vigo y la creación de nuevos carriles en Santiago. Según En Colectivo, las dos ampliaciones tuvieron un coste de 228 millones de euros (276,4 millones según las cuentas de Audasa) pero la concesionaria percibirá por ellas 1.465 millones por los intereses.

Dicha cantidad es la que la Comisión Galega da Competencia calculó que cobrará Audasa a cuenta de las subidas anuales extraordinarias en el precio de los peajes de un 1% otorgado a la empresa durante 20 años para resarcirse de su inversión en la ejecución de estas obras. En Colectivo ha remitido este informe del organismo autonómico a Bruselas para que determine la legalidad de la cuantía otorgada a Audasa, al constatar que se multiplica por seis el coste de las obras y que es muy superior a la que habría que haber pagado si las ampliaciones se hubiesen cubierto con financiación bancaria.

Diego Maraña, presidente de En Colectivo, alude a una “compensación desmesurada”, al tiempo que acusa al Gobierno de obstruir el control de Audasa por obviar las peticiones de información que sobre las prerrogativas dadas a la concesionaria le han hecho organismos como el propio Consello Galego da Competencia. “El Estado no está interesado en que se investigue esta concesión, porque si se hace se pondrá de manifiesto el trato de favor a la concesionaria”, ha dicho el portavoz en declaraciones a Europa Press.

La denuncia se produce a dos días para que venza el plazo dado por la Comisión Europea para que el Gobierno responda en el procedimiento de infracción abierto contra España por incumplir la normativa europea en las prórrogas de la concesión que promovió En Colectivo. La UE advirtió que dicha decisión incumplió las normas comunitarias al no haber sacado a concurso las obras por las que se otorgó la ampliación del contrato.

La asociación de consumidores ha criticado la actitud “obstruccionista” del Gobierno central en la investigación abierta a raíz de esa denuncia, y ha lamentado que “trate de proteger los intereses” de la concesionaria. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, añade, no ha dado pasos para anular esas prórrogas e incluso “infringe el principio de colaboración entre administraciones públicas” al no facilitar la información requerida por diferentes organismos, como la Comisión Galega da Competencia.

“El Estado está asumiendo un coste increíblemente superior al que hubiese supuesto solicitar la financiación de la obra a una entidad bancaria”, ha incidido el presidente de En Colectivo. Maraña asegura que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no ha respondido a ningún requerimiento de información sobre la existencia de algún informe técnico que determine si una subida anual acumulativa del 1% en los peajes es una compensación “adecuada o excesiva”.