El juicio de la Operación Zamburiña destapa las guerras internas de la policía ourensana
La defensa de uno de los agentes acusados de colaborar con traficantes carga contra Asuntos Internos por “falsear” datos y “reconducir tendenciosamente la investigación”
El macrojuicio de la Operación Zamburiña que pretende determinar si el exjefe del Grupo de Estupefacientes de Ourense y otros tres policías de este departamento favorecieron a nueve supuestos narcotraficantes de la ciudad, ha comenzado este lunes con la única defensa que intervino, Beatriz Seijo, abogada del exjefe de Esupefacientes, planteando su suspensión y la nulidad de algunas pruebas. Aseguró que el proceso es nulo “porque parte de un anónimo falso” y advirtió de que el procedimiento pena...
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El macrojuicio de la Operación Zamburiña que pretende determinar si el exjefe del Grupo de Estupefacientes de Ourense y otros tres policías de este departamento favorecieron a nueve supuestos narcotraficantes de la ciudad, ha comenzado este lunes con la única defensa que intervino, Beatriz Seijo, abogada del exjefe de Esupefacientes, planteando su suspensión y la nulidad de algunas pruebas. Aseguró que el proceso es nulo “porque parte de un anónimo falso” y advirtió de que el procedimiento penal está “plagado irregularidades que nunca antes había visto”. Los acusados se enfrentan a una petición del Ministerio Público que suma cien años de cárcel. Les imputa delitos contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos, revelación de secretos o tenencia ilícita de armas atribuidos en distintos grados.
La causa es solo una de las varias investigaciones judiciales abiertas relacionadas con la presunta corrupción en el cuerpo policial ourensano: un supuesto entramado delictivo basado, según se desprende de diversos testimonios, en celos y vendettas entre distintos grupos de policías.
La primera investigación, la apertura de la Operación zamburiña saldada con el descabezamiento de la brigada de estupefacientes, se inició a finales de 2014 con la difusión de un anónimo que llegó hasta Asuntos Internos y que desvelaba la supuesta trama entre los acusados que ahora se juzgan.
La primera y única de las defensas que ha intervenido este lunes, Beatriz Seijo, ha puesto en evidencia tanto la validez judicial del anónimo como la actuación de los agentes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) que, aseguró, “recondujeron tendenciosamente la investigación” contra su cliente, el exjefe del grupo de Estupefacientes, Antonio R., para quien la Fiscalía pide más de once años de cárcel.
Considerando que el envío del anónimo “es delictivo”, Seijo concluye que las diligencias “nacen del delito”. La letrada se mostró implacable con la actuación de la UAI así como con la de la Fiscalía y con la del juez instructor de esta causa.
“Asuntos Internos falsea un montón de cosas a raíz del anónimo. Dice que se envió en una fecha y no es cierto y no persigue a quien se cree que lo hizo”, aseguró Seijo destacando que si “no se buscó nada” fue “porque había una intencionalidad por parte de la UAI”. De la fiscalía reprobó que le hubiera puesto “todas las trabas del mundo” y al juez instructor, Leonardo Álvarez, lo acusó de “haberse excedido en sus competencias”.
La letrada advirtió que está pendiente de admisión la querella que interpuso su cliente hace ya unos meses contra el responsable de la unidad especial por supuesta “confabulación” con los dos policías que supuestamente enviaron el anónimo.
Seijó adelantó una prueba de la supuesta confabulación al reproducir un fragmento de la conversación telefónica entre ambas partes. Un audio incorporando a las diligencias en el que, aseguró, “se están amañando las declaraciones que tienen que hacer en esta causa”.
“Tenemos que ir al despacho del juez instructor para pulir una serie de cosas”, transcribió la letrada la llamada de jefe la unidad especial a uno de los policías y continuó reproduciendo: “Hace dos semanas estuve hablando con Leonardo [Álvarez] y estuvimos valorando. Le sugerí una entrevista reservada. Una conversación entre el juez, yo y vosotros dos”. La letrada es contundente: “Llega a decir que no se puede enterar nadie; es decir, que es una reunión totalmente clandestina”.
Los dos agentes a los que alude en la conversación telefónica son los hermanos gemelos Berardo y Roi De Prado, a quienes se atribuye el anónimo y que están investigados por la muerte de un compañero que en 2016 apareció con un tiro en la sien en su despacho de la comisaría. Su muerte, presentada como un suicidio con confesión incluida de la culpabilidad de un robo de seis armas del búnker de la comisaría—la bala que lo mató salió de una de ellas y otras dos aparecieron en el escenario del supuesto suicidio— abrió la causa contra ellos cuando, dos años después del suceso, la jueza instructora, Eva Armesto entendió que había conexión entre el robo y el homicidio.
La magistrada consideró que este pudo haber sido causado por los gemelos “con la única intención de evitar que fueran descubiertos como los autores de la sustracción de las armas”. Armesto se declaró entonces competente para instruir el robo aludiendo al hallazgo de ADN en la pistola con la que se produjo el disparo mortal compatible con familiares en tercer o cuarto grado de los gemelos.
No obstante, lejos de inhibirse, Leonardo Álvarez continuó con la causa que acabaría archivando alegando que no encontraba indicios que apuntasen a autor alguno del robo tras investigar a varios policías y a algún mando, pero no a los hermanos De Prado.
Seijo se ha mostrado convencida de que tanto el homicidio como el robo de las armas del búnker están relacionados con los anónimos por lo que se ha sido tajante: “Si la UAI ha encubierto a los gemelos, esta causa pivota sobre un delicuente y esto algo que la justicia no puede permitirse”, zanjó.
La abogada sostiene que el juicio no se puede celebrar dada la “vulneración del derecho a la defensa” de su cliente ya que ha recibido los 11 DVDs que contienen las llamadas que han dado origen a la causa, solo seis días antes del juicio. “Eso no permite el tiempo suficiente para estudiar íntegramente pruebas de cargo y de descargo” por lo que, añadió, “se vulnera el derecho de defensa, puesto que si hay denegación de prueba hay indefensión”.
El juicio continuará este martes con la intervención de la misma letrada a la que seguirán las de los abogados de los restantes acusados. Estos declararán al finalizar las cuestiones previas que se estima que se prolongarán al menos durante toda esta semana.