Huelva prevé enterrar las balsas tóxicas de fosfoyesos

Huelva tiene dos serios problemas medioambientales en el corazón costero de su provincia: las balsas tóxicas de fosfoyesos y los metales pesados que la minería aporta a los ríos Tinto y Odiel. El primero y principal será previsiblemente enterrado bajo una capa de un metro de tierra y arcilla a la espera del visto bueno definitivo desde la Junta andaluza. ¿Acabará esta alfombra con el riesgo de contaminación en un enclave al borde del mar que afecta a la capital y cinco pueblos?

Las opiniones están enfrentadas, y si las administraciones y la empresa Fertiberia avalan que es seguro intent...

Huelva tiene dos serios problemas medioambientales en el corazón costero de su provincia: las balsas tóxicas de fosfoyesos y los metales pesados que la minería aporta a los ríos Tinto y Odiel. El primero y principal será previsiblemente enterrado bajo una capa de un metro de tierra y arcilla a la espera del visto bueno definitivo desde la Junta andaluza. ¿Acabará esta alfombra con el riesgo de contaminación en un enclave al borde del mar que afecta a la capital y cinco pueblos?

Las opiniones están enfrentadas, y si las administraciones y la empresa Fertiberia avalan que es seguro intentar sellar las balsas, los científicos dudan de que sea posible por las continuas filtraciones que provocan las mareas. Sin embargo, el primer dictamen cuenta con apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y todo apunta a que se impondrá. El futuro de estas 720 hectáreas es clave en una provincia que mira al mar y debe resolver esta patata caliente de la mejor manera y sin quemarse.

Hace una semana, ubicadas a solo 500 metros de la ciudad de Huelva, las montañas de fosfoyesos —derivados de la producción de fertilizantes agrícolas, que se elevan hasta 25 metros— daban una perspectiva privilegiada de la ría. El blanco y verde inundaban el horizonte más cercano, con montañas supuestamente compactas rodeadas de lagos de aguas ácidas letales en una superficie total de 1.120 hectáreas, con las cinco balsas incluidas. Con la desembocadura del río Tinto a tiro de piedra, el cóctel ambiental, sin destino claro desde que en 2010 se prohibió la acumulación de fosfoyesos, tiene difícil solución ante el riesgo de terremotos o tsunamis.

Durante cinco décadas se vertieron millones de toneladas de residuos industriales —120 millones según la Universidad de Huelva, 76 millones según la empresa—. Hoy el plan de restauración más probable es enterrar estas montañas bajo tierra, tal y como propuso la empresa. “Será un pulmón verde con un sellado de escolleras que tendrá todo encapsulado y vigilado durante 30 años”, alega Juan Ramón Miró, responsable técnico del proyecto. “Si alguien construye un chalé en la playa, la justicia le obliga a derruirlo y llevarse los escombros, y aquí las balsas se taparán con arena y se dejarán donde están. Eso no es una solución en una marisma con alto valor natural”, replica Rafael Gavilán, de la Mesa de la Ría, partido político local que se opone al enterramiento de fosfoyesos. “Seguiremos peleando en la vía judicial”, avisa sobre el contencioso abierto en la Audiencia Nacional.

Tras la declaración de impacto ambiental positiva desde el ministerio, hace un mes el CSN autorizó el plan para cubrir los fosfoyesos junto a cenizas de pirita, uranio natural y metales pesados, porque considera que tiene seguridad radiológica. “El dictamen del CSN es un espaldarazo y nuestra intención es empezar con el plan antes de final de año”, avanza David Herrero, director del área industrial de Fertiberia, que subraya que los niveles de radioactividad actuales son “muy bajos”. “Llevaría a mis niños al futuro parque”, asegura.

Un estudio científico realizado en 2019 reveló “constantes filtraciones” por las mareas. El agua del estuario tiene un PH de entre cuatro y ocho y la que retorna de las balsas un valor de 1, mucho más ácida y cargada de contaminantes, concluyó la investigación de Rafael Pérez, experto en hidrología del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Huelva.

Antes del inicio de las obras aún es necesario que la Junta conceda su autorización ambiental integrada. A pesar de que la Consejería de Desarrollo Sostenible andaluza ya sabe si el plan implica un impacto sobre la salud de las personas, ha rechazado responder a preguntas de este diario. El proyecto deja pendiente una zona de 125 hectáreas con fosfoyesos, desechos de construcción y cenizas radioactivas, para la que Fertiberia debe presentar un plan nuevo y someterlo a evaluación ambiental.

Mientras se encauza el principal problema medioambiental, la provincia andaluza más oriental encara con cierto optimismo el futuro después de haber bajado su tasa de paro hasta el 18,2%, cinco puntos menos que la cifra registrada en 2019, antes de la pandemia. Eso sí, la riqueza no cala en la población y el salario medio bruto anual solo alcanza 13.896 euros, lastrado por los bajos sueldos del turismo y la agricultura de los frutos rojos, según cálculos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), con datos de 2020. “De cada 10 trabajadores, seis cobran el salario mínimo interprofesional o menos”, censura Julia Perea, secretaria general de CC OO en Huelva.

Los problemas de la provincia van más allá de los sueldos precarios: carece de buenas conexiones ferroviarias, la banda ancha de internet está limitada al eje costero y la principal vía por carretera —hacia Sevilla— soporta un intenso tráfico porque unas 10.000 personas trabajan y viven entre ambas provincias. Desde 1985 hasta 2018, solo el 0,9% de toda la inversión nacional se tradujo en infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias y portuarias para la provincia, según un análisis de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). “La falta de inversión del Estado es lamentable y empobrece a la población. Es un estrangulamiento y los distintos Gobiernos han derivado los impuestos a otras provincias”, critica Juan José García, catedrático de Economía de la Universidad de Huelva y expresidente del Consejo Económico y Social de la provincia, que cifra el déficit de inversiones del Estado en más de 2.000 millones desde 1990.

En la economía de la provincia, la industria química tiene un peso relevante (8% del empleo) y está ahora en plena ebullición con la reducción que se avecina de combustibles fósiles y la descarbonización progresiva de la actividad.

Y en esa transformación destaca el primer proyecto en España para recuperar el cobre de los circuitos eléctricos de los aparatos electrónicos, móviles incluidos, llamado Circular, con una inversión de 262 millones. El 48% de los aparatos electrónicos no se reciclan de manera adecuada en España y la planta de Atlantic Copper a las afueras de Huelva recibirá desde 2024 un granulado triturado de los electrodomésticos para evitar que acaben en las cunetas, vertederos ilegales, o exportados al extranjero de manera ilegal. “El cobre de las minas tiene cada vez menos ley y 13.000 toneladas al año vendrán de los aparatos electrónicos”, augura Carlos Ortiz, director general de metalurgia en la multinacional estadounidense.

Cuando esté a pleno rendimiento, la nueva planta onubense podría absorber todos esos aparatos electrónicos que hoy no se reciclan en España. “Si hay gente que valoriza los aparatos, se creará una capilaridad de recogida más potente”, visualiza Ortiz. El nuevo proceso industrial para extraer el cobre de los aparatos electrónicos implicará que la plantilla aumente en un centenar, de los actuales 724 empleados que tiene la firma en Huelva.