Una asociación de víctimas de la dana pide al TSJ valenciano que Mazón sea investigado por la jueza de Catarroja
Víctimes de la dana 29 de octubre pone como ejemplo el caso del TSJ de Extremadura, que se negó a asumir las pesquisas del socialista Miguel Ángel Gallardo con el argumento de que maniobró para mantener el aforamiento
La acusación que ejerce en la causa de la dana la Associació Víctimes de la dana 29 de octubre de 2024 ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que obvie el aforamiento del expresident de la Generalitat Carlos Mazón y que permita a la jueza instructora de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, asumir las pesquisas del exjefe del Consell por su presunta responsabilidad penal en la catástrofe que dejó 230 muertos.
La entidad ha enviado un escrito al Tribunal Superior para adherirse a la exposición razonada de la magistrada Ruiz Tobarra, que hace dos semanas solicitó a dicho órgano acoger las pesquisas tras acumular indicios de delito contra el expresident popular. “El aforamiento actual del dirigente como diputado ha de entenderse únicamente por sus acciones como parlamentario regional, que no es el caso. La condición de aforado deviene de su actual condición de diputado por Alicante, no por ser presidente o miembro del Consell, y el delito imputado no guarda relación directa con la función pública que ahora desempeña, pudiendo acordarse la inaplicabilidad del aforamiento por interpretación restrictiva de la excepcionalidad del juez predeterminado por la Ley”, sostiene la entidad de damnificados.
La asociación recuerda una resolución del TSJ extremeño, que el pasado junio rechazó investigar al líder socialista Miguel Ángel Gallardo, inmerso en una causa que indaga la supuesta contratación irregular en 2017 por parte de la Diputación de Badajoz de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El TSJ extremeño desechó su causa por “fraude de ley” con el argumento de que Gallardo había maniobrado para ser elegido diputado y, así, garantizar ser juzgado por el alto tribunal. “La secuencia fáctica de los hechos fue valorada judicialmente como un fraude de ley por la adquisición sobrevenida del aforamiento”, de modo que se pregunta si “el ‘íter’ -camino- seguido por Mazón no se puede apreciar también como un fraude de ley por el mantenimiento espurio de la condición de aforado”, argumentan las víctimas.
La exposición razonada de la jueza de Catarroja “no deja resquicio para no implicar al expresident en los hechos que se investigan”, según los damnificados. La asociación sostiene que el aforamiento del político “es incompatible con nuestros principios constitucionales a la igualdad procesal, a la tutela judicial efectiva, al derecho al juez natural predeterminado por la ley y al derecho a la doble instancia, entre otro”. “El aforamiento en España se ha convertido en un debate de gran calado jurídico y político por el abuso de esta tutela para fines distintos a su esencia teleológica. Tal es así que, en nuestro país, seis comunidades autónomas han suprimido de sus Estatutos el trato judicial privilegiado a sus diputados y gobernantes regionales”, aunque “no es el caso de la Comunidad Valenciana”, admite esta parte.
La asociación recuerda que en tres ocasiones la jueza de Catarroja ha ofrecido a Mazón declarar voluntariamente como investigado y el popular se ha negado. “Debemos recordar que el aforamiento, en su concepción clásica, es una prerrogativa de carácter temporal, entre la adquisición y la pérdida del cargo, pero existen supuestos en los que el fuero se conserva después del cese”, y se señala que el Tribunal Supremo se ha considerado competente para continuar el enjuiciamiento del exministro de Transportes José Luis Ábalos Ábalos, pese a que renunció al acta de diputado.