Un comandante defiende ante la jueza de la dana que Pradas y Argüeso “no propusieron ninguna medida” en el Cecopi
El militar asegura que el órgano que coordinó la crisis conocía el riesgo en el barranco del Poyo más de una hora antes del envío de la alerta
Un comandante de la Unidad Militar de Emergencia (UME) ha sostenido este jueves ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana de 2024, Nuria Ruiz Tobarra, que los dos exaltos cargos de la Generalitat Valenciana investigados en la causa ―la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y quien fuera su segundo, Emilio Argüeso― “no propusieron ninguna medida” al inicio de la gestión de la crisis. “No había ninguna preocupación por los caudales en el Centro de...
Un comandante de la Unidad Militar de Emergencia (UME) ha sostenido este jueves ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana de 2024, Nuria Ruiz Tobarra, que los dos exaltos cargos de la Generalitat Valenciana investigados en la causa ―la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y quien fuera su segundo, Emilio Argüeso― “no propusieron ninguna medida” al inicio de la gestión de la crisis. “No había ninguna preocupación por los caudales en el Centro de Coordinación Operativo de Emergencias (Cecopi)”, ha señalado el militar Salvador Romón, según confirman a EL PAÍS fuentes presentes en su declaración como testigo.
El comandante se ha referido así a la reunión del Cecopi, el órgano de la Generalitat que coordinó el temporal que dejó 230 muertos y en el que participaron una veintena de instituciones locales, autonómicas y nacionales. “En la primera reunión, a partir de las 17.00, Pradas y Argüeso no proponen ninguna medida”, ha remarcado.
El testigo ha indicado que el Cecopi conoció el riesgo del barranco el Poyo ―la rambla que desató la desgracia al inundar municipios como Paiporta (25.309 habitantes) o Catarroja (30.000), donde la riada dejó 55 y 25 muertos, respectivamente― a partir de las 19.00. Se trata de más de una hora antes de que la Generalitat remitiera la alerta masiva a móviles Es-Alert, que se activó cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto. El dato del oficial del Ejército desmonta la tesis exculpatoria ―sostenida por Pradas― de que en el órgano de crisis no se abordó el peligro del Poyo hasta bien avanzada la reunión.
El comandante se ha referido también a las vacilaciones que planearon en el Cecopi sobre el Es-Alert, que se ha convertido en la clave de las pesquisas, según la jueza. “Hay una especie de coloquio sobre la redacción [del texto de la notificación] entre Pradas, el entonces jefe de Bomberos, José Miguel Basset... Entraban y salían [de la sala]. No sé qué comentaban fuera”, ha precisado. También ha admitido desconocer por qué, desde que se planteó el mensaje, a las 19.00, hasta su envío, a las 20.11, transcurrió tanto tiempo. Y ha apuntado que Pradas ordenó un parón en la reunión del Cecopi en el que se desconectó a los representantes de instituciones que seguían la reunión a través de la aplicación Zoom, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los portavoces de estos organismos también fueron “desconectados” telemáticamente del Cecopi ―según el testigo― tras los dos Es-Alert (20.11 y 20.57).
El comandante ha relatado que el peligro sobre la posible rotura de la presa de Forata ―una infraestructura en Yátova (Valencia) que pudo causar 4.000 muertos, según la Generalitat― se puso sobre la mesa del Cecopi a partir de las 19.00. También ha expuesto cómo fue la intervención de la UME. La unidad del Ejército fue requerida inicialmente para abordar la extrema situación en Requena y Utiel, según el testigo. “Se recibió la petición desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. Los elementos de primera respuesta pudieron llegar. El caudal impidió el paso más tarde”, ha indicado. “Cuando se pide la intervención de la UME, toda la provincia está en situación 2. Fue sobre las 19.00”, ha añadido el comandante.
Pese a que la Generalitat no envió la alerta a móviles hasta última hora de la tarde —cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto, según la investigación—, la dimensión del riesgo se conocía desde primera hora de la mañana. El comandante ha explicado la existencia de una reunión en la Delegación del Gobierno de Valencia a las 9.00 en la que se valoró la alerta roja, la máxima en la escala, decretada esa jornada por la Aemet.
Tras lo peor de la crisis, el testigo abandonó el Cecopi “a las cuatro o las cinco de la madrugada”. El expresidente Carlos Mazón se fue de este dispositivo “pasada la medianoche”, según confesó su chófer.
La Audiencia Provincial de Valencia ha estimado un recurso del exdirector autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, que es uno de los dos exaltos cargos del Ejecutivo valenciano investigados en la causa de la dana. El tribunal ordena a la jueza de Catarroja que solicite a la Generalitat la comunicación por la que la Consejería de Medio Ambiente ofreció agentes medioambientales para reforzar los trabajos de prevención en la tragedia del 29 de octubre de 2024.
Cinco magistrados decidirán la imputación de Mazón
La maquinaria para decidir la posible imputación del expresidente Carlos Mazón en la causa de dana de 2024 continúa en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). El presidente de este tribunal, Manuel Baeza, ha acordado elevar al pleno de la Sala de lo Civil y Penal del órgano judicial la petición que emitió la jueza instructora de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, hace dos semanas para estudiar si se investiga al popular.
Con el movimiento, la decisión de situar bajo el foco de las pesquisas a Mazón no recaerá solo en el propio Baeza y en los magistrados Pía Calderón (ponente) y José Francisco Ceres, sino que al proceso se suman también los jueces Antonio Ferrer y Vicente Torres, según ha informado el TSJCV.