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CGT advierte a la jueza de la dana que la Generalitat conocía el desbordamiento del Poyo a primera hora de la tarde del 29-O

La acusación popular presenta un informe que enumera carreteras autonómicas cortadas en zonas cercanas a los barrancos inundados a partir de las tres de la tarde

La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP-CGT) ha advertido a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 que la Generalitat Valenciana conocía el desbordamiento del barranco del Poyo a primera hora de la tarde de ese día. Así se desprende del informe que ha presentado FETAP-CGT, acusación popular, ante el juzgado de Catarroja que investiga la riada, procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su entonces número dos Emilio Argüeso.

Del informe se infiere, tal y como ha apuntado la acusación popular, que la Generalitat tuvo conocimiento “efectivo” del desbordamiento de barrancos “clave” varias horas antes de que se emitieran alertas eficaces a la población.

El informe acredita que desde las 15.14 y 15.15 horas numerosas carreteras de titularidad autonómica, provincial y estatal ya estaban oficialmente cortadas por inundaciones en zonas directamente vinculadas a los barrancos del Poyo, Pozalet, Gayo y Chiva.

Esta información, procedente de registros internos de gestión de infraestructuras, “evidencia que la gravedad de la situación era conocida mientras no se activaban medidas de protección civil acordes al riesgo existente”, sostiene.

Según los datos que baraja la acusación y que obran en el informe, a las 15.14 horas, la carretera CV-383, de titularidad autonómica, estaba cortada por inundación en el punto 1 + 400.

La carretera, según se explica, se encuentra en medio de dos barrancos, el del Poyo, a 488 metros, y el de Pozalet, a 828,62 metros. Al estar cortada la carretera por inundación, “ya es una prueba inequívoca de la problemática de ambos barrancos”, sostiene. Además, se encuentra a menos de dos kilómetros de la localidad valenciana de Loriguilla.

Por su parte, la A-3, carretera de titularidad estatal, estaba cortada el día de la riada en su kilómetro 323, en el término de Chiva. La hora en que se produjo el corte fue a las 16.46 horas. “Se encuentra a 259 metros del barranco de la contienda. Y se producirán varios fallecidos en ese lugar o alrededores”, se expone.

La CV-379, de titularidad de la Diputación valenciana, estaba cortada a las 15.15 horas más de dos kilómetros en Chiva, desde su punto kilométrico 5.900 hasta el kilometro 8. Se encuentra a 124 metros del barranco del Gayo, que posteriormente se denomina rambla de Chiva.

Por otro lado, la CV-421, de titularidad autonómica, estuvo cortada desde el Punto Kilométrico Inicial 3 + 500 hasta el Punto Kilométrico Final 9 + 200, y con el agravante que estaba cerrada desde las 11.18 horas. Así mismo, la CV-4242, de la Diputación, muy cerca de la anterior, estuvo cortada desde las 11.50 horas en la localidad de Godelleta.

El trabajo presentado por FETAP-CGT cruza estos datos con la localización de víctimas recogidas en el informe de la Guardia Civil, poniendo de manifiesto un patrón repetido: personas sorprendidas por las riadas en desplazamientos, en fincas agrícolas, en bajos y garajes, o en vías ya afectadas por inundaciones, sin control de accesos ni avisos preventivos efectivos. En varios casos, las víctimas se encontraban a escasos cientos de metros de puntos cerrados por inundación horas antes.

Especial relevancia adquiere el análisis de la localidad valenciana de Chiva, cabecera de varios de estos cauces, donde se registraron más de 160 llamadas al 112 Comunitat Valenciana a lo largo del día y más de un centenar durante el periodo en que el Cecopi ya estaba constituido. Pese a ello, no se activaron de forma efectiva los puntos de vigilancia previstos en los planes de emergencia ni se adoptaron medidas de alejamiento preventivo de la población.

Además, el informe señala incumplimientos “graves y generalizados” del Plan Especial de Inundaciones, entre ellos la ausencia de puestos de mando avanzados, la falta de llamadas de alerta a las alcaldías, el retraso en la coordinación operativa y la emisión de mensajes genéricos a la población cuando el peligro era ya inminente.

“Todo ello se produjo pese a la abundante información disponible procedente de avisos meteorológicos, llamadas de emergencia y cortes de carreteras”, sostiene.

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