El subdirector de Emergencias revela ante la jueza de la dana que la alerta se retrasó porque Pradas quiso corregir el texto en valenciano
Jorge Suárez admite que se planteó la alerta más de dos horas antes de su envío y que los gestores de la desgracia desoyeron su petición de que el mensaje incluyera subir a las zonas altas
Cada nueva declaración judicial de los gestores de la mayor catástrofe natural del siglo -la dana que dejó 230 muertos en Valencia en octubre de 2024- revela la cadena de fallos que condujo a disparar la magnitud de la desgracia. El subdirector general de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, ha confirmado este jueves ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la tromba que el envío de la alerta masiva a móviles se retrasó porque la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas, que es la principal imputada en la causa, pidió corregir la versión en valenciano del texto. Así lo indican a EL PAÍS fuentes presentes en la comparecencia de Suárez, que ha sido citado como testigo, una condición que le obliga a decir la verdad.
El dato es clave. La alerta masiva a móviles, denominada Es Alert, se ha convertido en la piedra angular de las pesquisas. La notificación se remitió a las 20.11, cuando, al menos, 155 personas ya había fallecido. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra sostiene que, de haberse activado antes, se habrían salvado vidas.
Pradas, según el testigo, demoró el aviso para cambiar el acento del término Valencia y las denominaciones de “este” y “tipo”. “Busqué a la señora Pradas y le dije que ya tenía el mensaje. Ella viene con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y no sé con quién más. La consellera hace una segunda lectura. Y ahí cambia “se solicita suspender” por “se ruega evitar”, ha apuntado. A su juicio, Pradas y Mompó “hicieron cambiar cosas [el mensaje] por tema lingüístico, acentos y demás”.
El mando, que encadena 12 años como jefe de gestión de catástrofes, ha agregado que los responsables de coordinar la crisis desoyeron también su petición de que el mensaje incluyera una mención a subir a las zonas altas. Más de la mitad de los fallecidos por la riada fueron ancianos y personas con movilidad reducida que residían en plantas bajas y garajes.
“Escribí unas notas en las que pedía que, con carácter inmediato, había que enviar un mensaje [a la población] para subir a zonas altas. Sería a las 17.45 horas”, ha relatado.
Suárez ha reconocido que la magnitud del riesgo comenzó a palparse a partir de las 17.00 horas tras la convocatoria del Cecopi, el órgano que gestionó la crisis en L’Eliana (Valencia). Ha explicado que la jefa de servicio de Emergencias, Inmaculada Piles, le pasó un WhatsApp a las 17.38 sobre el peligro de la presa de Forata [una infraestructura en Yátova (Valencia) que, de haberse desbordado, podría haber causado 8.000 muertos]. “Había poblaciones en las que el agua podía llegar a seis o siete metros de altura”, ha indicado.
Pieza crucial en la gestión de la tragedia, el subdirector de Emergencias también ha reconocido que el aviso se planteó más de dos horas antes de su envío. “A las 17.38 horas se vuelve a poner encima de la mesa que se puede utilizar el Es Alert”, ha agregado, según las mismas fuentes.
El testigo ha explicado que el que fuera durante la riada el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, ya jubilado, advirtió de que el envío de la alerta podría generar “alarmismo”. Basset ya se situó en el epicentro de la polémica al reconocer que sus efectivos se retiraron del barranco del Poyo, génesis de la inundación, a las 15.00 horas –menos de dos horas antes del desbordamiento- “porque había ganas de comer”.
El mando de Emergencias ha declarado ante la instructora en calidad de testigo, una condición que le obliga a decir la verdad. Su relato se revela esclarecedora. Suárez participó en los momentos clave del Centro de Coordinación de Emergencias de L’Eliana (Valencia), donde se gestionó la crisis. Fue testigo directo del episodio que sobresaltó el dispositivo, tras las declaraciones de las alertas hidrológicas del río Júcar y del barranco del Poyo, detonante de la tragedia. Y asistió a la toma de decisiones en el Cecopi —donde se decidió el envío de la alerta masiva a móviles— junto a los dos investigados en la causa: la exconsejera Salomé Pradas y quien fuera su segundo durante la riada, Emilio Argüeso.