La jueza considera “altamente improbable” que Vilaplana no escuchara las conversaciones de Mazón en El Ventorro la tarde de la dana

La jueza que investiga la gestión de la dana, que dejó 229 víctimas mortales en Valencia, descarta “por el momento” volver a citar a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la riada del 29 de octubre de 2024. No obstante, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra considera “altamente improbable” que la comunicadora no escuchara las conversaciones que Mazón mantenía esa tarde por teléfono en el restaurante El Ventorro, como manifestó la periodista cuando fue a declarar como testigo al Juzgado de Instrucción de Catarroja el pasado 3 de noviembre.

“Ciertamente las dimensiones del reservado del Ventorro convierten en altamente improbable que no se escucharan las conversaciones o comentarios, a no ser que la testigo permaneciera completamente abstraída de lo que sucedía a su alrededor”, señala en un auto notificado este viernes acerca del espacio, de unos 16 metros cuadrados.

Vilaplana declaró que el jefe del Consell no paró de recibir llamadas y mensajes de WhatsApp durante las casi cuatro horas (15.00-18.45) que permaneció en el restaurante mientras se inundaba la provincia de Valencia. El president se apartaba para hablar por teléfono en el restaurante a una especie de mesa auxiliar.

La periodista explicó que no estuvo atenta al contenido de las conversaciones telefónicas de Mazón desde El Ventorro entre las 17.37 y las 18.45, cuando habló con ocho dirigentes, como la exconsejera responsable de la emergencia, Salomé Pradas; o el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, del PP. “A mí nunca me comenta nada. Ni oigo palabras como dana, Cecopi [órgano de la Generalitat que coordinó la crisis], lluvias… No oigo nada. Él tampoco me transmite nada de esas llamadas”, afirmó ante la jueza.

Vilaplana ha ido cambiado de versión sobre sus movimientos de aquella tarde en compañía de Mazón. Primero, señaló a través de una portavoz autorizada que se había marchado del restaurante sobre las 17.45. En septiembre, ella misma envió una carta en la que retrasaba en unos 60 minutos esa hora de salida de El Ventorro, que se produjo entre las 18.30 y las 18.45. Dos días antes de testificar, su portavoz reconoció que el presidente de la Generalitat acompañó a la periodista hasta el acceso al aparcamiento, situado en la plaza Tetuán, donde había estacionado su vehículo, después de la sobremesa. El propio Mazón lo ha reconocido. Ninguno de los dos había hecho mención a este paseo con anterioridad. Y el pasado martes, el diario Levante EMV publicó que Vilaplana acercó con su coche al jefe del Consell a las inmediaciones del Palau de la Generalitat, extremo que la comunicadora y el político han negado.

El reservado de El Ventorro es un espacio de forma irregular, de unos tres metros de ancho en su lado más estrecho y 4,8 en su lado más largo que —según Romero— tiene capacidad para cinco comensales. El lugar, de unos 16 metros cuadrados, acogió la comida que acabó sobre las 17 horas, según el propietario del establecimiento, si bien la sobremesa se alargó hasta cerca de las 18.45 o 19.

En el auto, la jueza recuerda que or lo que respecta a la petición de nueva citación como testigo de María Isabel V.V., el auto de la Audiencia Provincial de Valencia de 16 de octubre de 2025 que acordaba la declaración de la testigo de Maribel V. partía de la posibilidad de que dicha testigo oyera: “lo que el president de la Generalitat dijera al comunicarse telefónicamente con la entonces consellera de Justicia de Interior y Justicia, bien comentarios que el president pudiera hacer a raíz de dichas conversaciones”.

En su resolución, la jueza descarta “en el presente momento” volver a citar a declarar como testigo a la periodista que comió con Mazón el 29 de octubre de 2024, como había solicitado la acusación popular que ejerce el partido Ciudadanos y otra acusación particular. La jueza considera que antes debe recibir declaración a otros testigos pertenecientes al equipo de Presidencia de la Generalitat.

Ciudadanos realizó esta petición por considerar que la comunicadora pudo incurrir en falsedades en el testimonio que dio el pasado 3 de noviembre tras escuchar al dueño del restaurante El Ventorro y ver las fotografías aportadas a la causa sobre las dimensiones del reservado en el que comieron la periodista y Mazón.

Sin embargo, la magistrada también rechaza la petición de este partido de que se investigue a la testigo por un delito de falso testimonio porque, tal y como establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para ello “es necesario contar con el dato previo de una verdad procesalmente establecida, lo que solo podrá hacerse en sentencia o en auto de sobreseimiento firme”.

En cualquier caso, la instructora deja abierta la posibilidad de recibir declaración ya nuevamente a la periodista si esta manifestara públicamente o ante el propio juzgado su voluntad de hacerlo nuevamente.

La jueza también pregunta a la exconsejera de Justicia e Interior, investigada en el procedimiento, si quiere volver a declarar —ya lo hizo hace unos meses—, según se indica en el mismo auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y dictado por la magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja (Plaza 3).

Al respeto, el auto recoge la falta de conocimiento de Pradas sobre la materia de su competencia: “El análisis del proceso de decisión de las medidas a adoptar por parte de la consellera, ha mostrado que la investigada buscó asesoramiento en una persona, que no era técnico, no era miembro del Comité asesor, tampoco integrante del CECOPI el Sr. José Manuel C.A., Secretario Autonómico del President y Comunicación, al cual inquirió sobre la posibilidad jurídica de acordar el confinamiento. La respuesta del testigo fue que era periodista y que se pusiera en contacto con Cayetano [García, secretario autonómico de Presidencia]”. Y añade: “Efectivamente dicha testifical acredita que la investigada dudaba y preguntaba sobre sus propias competencias y sobre las medidas a adoptar respecto a la emergencia durante las horas críticas”.

Por otro lado, ante la solicitud de la acusación popular que ejerce Podemos de incorporar a la causa el vídeo de la entrevista con la exconsejera de Justicia e Interior investigada en esta causa, que se emitirá por el programa Salvados de La Sexta el próximo domingo, 30 de noviembre, la magistrada ha acordado requerir a su defensa para que manifieste en el plazo de un día si desea volver a declarar en sede judicial. Solo si su respuesta es afirmativa se requeriría a la empresa de comunicación Atresmedia la aportación del programa de televisión.

En este sentido, la jueza recuerda que cualquier declaración de un investigado, para que pueda tener “efecto en el proceso”, ha de efectuarse con la “oportuna asistencia letrada y en el seno de este procedimiento”, pues se trata de “una garantía para la propia investigada”.