La jueza de la dana apunta que la convocatoria tardía del Cecopi impidió salvar vidas

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, sostiene que la convocatoria tardía del Cecopi, el órgano de la Generalitat que coordinó la tragedia que el 29 de octubre de 2024 dejó 229 muertos en Valencia, impidió salvar vidas.

La magistrada critica que este dispositivo organizado para gestionar la catástrofe –en el que participaron 29 representantes de instituciones municipales, autonómicas y estatales- se convocara el día de la dana a las 15.00 para celebrarse dos horas después. Y que esta tardanza frustrara adoptar medidas para salvar vidas en municipios como Utiel (11.703 habitantes), donde el desbordamiento del río Magro dejó seis fallecidos. “[El Cecopi] no se celebró inmediatamente tras su convocatoria. El retraso no sólo era manifiesto con carácter general para la organización de las medidas de protección a la población”, señala la instructora en un auto notificado este miércoles.

Pese a que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había decretado la alerta roja, la máxima en la escala, a las 7.36 horas del día de la tragedia, el Cecopi se celebró diez horas después. Y arrancó mientras el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, del PP, disfrutaba de un almuerzo de casi cuatro horas (15.00-18.45) en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana.

Cuando comenzó el Cecopi “ya no se podían adoptar medidas para salvar la vida de las víctimas de Utiel, ya que, a dicha hora, habían fallecido en su mayoría o estaban a punto de fallecer. Lo mismo sucedió en localidades como L’Alcudia, Godelleta, Turís y Torrent”, lamenta la magistrada.

Además del retraso, la jueza destaca las incidencias que registró el dispositivo. “Hubo cortes continuos y desconexiones de los intervinientes para reflexionar”, detalla la jueza. Alude a los parones que impidieron a los participantes que se conectaron a través de la aplicación de vídeo Zoom, como la delegada del Gobierno en Valencia, la socialista Pilar Bernabé, seguir el debate sobre la medida más relevante de la jornada, el envío del mensaje masivo a móviles. La notificación llegó a los teléfonos a las 20.11 horas, cuando la mayoría de los desaparecidos ya había fallecido. Y 17 minutos antes de que Mazón aterrizara en el dispositivo que gestionó la crisis. La jueza sostiene que si la alerta se hubiera enviado antes, se habrían salvado vidas.

En su último auto, la instructora recuerda también algunos fallecimientos –los que menos- que se registraron tras el envío del mensaje a los teléfonos. Pone como ejemplo la muerte de un menor en el municipio valenciano de Sot de Chera. “La mujer y su hija, de ocho años, pasaron la noche junto al cuerpo sin vida de su otro hijo menor”, recuerda Ruiz Tobarra.

La falta de avisos -apunta la instructora- también potenció la magnitud de la tragedia. Y se refiere a los 37 fallecidos durante la riada que eran usuarios del servicio de teleasistencia de la Generalitat. “En el procedimiento, se acumulan decenas de testimonios de personas que vieron a sus allegados fallecer, familiares que avisaron a los servicios de emergencia con resultado nulo, que alertaban del lugar concreto donde estaban a punto de perecer, que se despedían, que intentaban sostener, a sus familiares, física y anímicamente, la grabación de cómo el agua arrastraba el coche donde iban dos”, detalla la resolución.

A raíz de una petición de la acusación popular que ejerce en la causa Acció Cultural del País Valencià (ACPV), la jueza ha decidido incorporar al sumario –que ya suma 42 tomos- el documental de TVE Las horas críticas. La instructora también requiere a la televisión pública autonómica À Punt “los brutos con imagen y sonido” de este programa. Las imágenes muestran a Mazón junto a la principal imputada en la causa, la exconsejera de Justicia e Interior durante la riada, Salomé Pradas, en el Cecopi de L’Eliana por la noche.