Mazón mantuvo su agenda el día de la dana pese a encargar ya por la mañana un informe sobre la gravedad de la riada

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, del PP, mantuvo intacta su agenda institucional el día de la dana —la catástrofe que dejó 229 muertos el 29 de octubre de 2024—, pese a conocer desde las 9.00 de la mañana la gravedad de la situación y encargar un informe a su equipo a primera hora sobre el riesgo, según ha podido saber EL PAÍS. “Mazón estaba preocupado por la mañana”, confirma un alto cargo del Ejecutivo autonómico durante la mortífera gota fría. ...

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, del PP, mantuvo intacta su agenda institucional el día de la dana —la catástrofe que dejó 229 muertos el 29 de octubre de 2024—, pese a conocer desde las 9.00 de la mañana la gravedad de la situación y encargar un informe a su equipo a primera hora sobre el riesgo, según ha podido saber EL PAÍS. “Mazón estaba preocupado por la mañana”, confirma un alto cargo del Ejecutivo autonómico durante la mortífera gota fría.

Durante el pleno del Consell —el órgano de gobierno de la Generalitat que componen el presidente, los vicepresidentes y consejeros— que se celebró entre las 9.00 y las 11.00 horas del día de la tragedia se trató el peligro de las lluvias torrenciales después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) decretara la alerta roja, la máxima en la escala, a las 7.36 horas, según admiten a EL PAÍS un asistente a este encuentro, cuyas deliberaciones son secretas, y un portavoz de la Generalitat.

A raíz de exponer el peligro, el equipo de Mazón encargó a la entonces consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que hoy es la principal imputada en la causa sobre la desgracia que instruye la jueza de Catarroja (Valencia) Nuria Ruiz Tobarra, un informe de la situación. El documento abordó el momento que atravesaba la comarca valenciana de La Ribera Alta —que contempla municipios como Carlet, l’Alcúdia y Algemesí— y la alerta de la Aemet.

La Generalitat niega a este periódico la existencia de este informe, a pesar de que ha sido solicitado a la jueza de Catarroja que investiga la dana por la acusación popular que ejerce en la causa el sindicato Intersindical. Además, la propia exconsejera Pradas se refirió a este documento el pasado abril, cuando declaró como investigada en el juzgado. “Me levanté para preguntar por el informe que me pedían desde Presidencia [de la Generalitat]”, dijo ante la instructora.

El Ejecutivo de Mazón sí ha accedido a dar a este diario los detalles sobre cómo se abordó la dana en el pleno del Consell. “El Gobierno valenciano dio toda la trascendencia e importancia a la activación de la alerta roja de las 7.36 horas de la mañana del 29 de octubre. El pleno del Consell, como no podía ser de otro modo, trató la situación, dando información al respecto la [ex] consejera Salomé Pradas”, indica un portavoz oficial.

Pese a tener sobre la mesa el reporte del riesgo potencial de la tromba, Mazón continuó con su agenda institucional durante la mañana de la aciaga jornada. Y la Generalitat no envió la alerta masiva a móviles para advertir a la población de la magnitud del temporal hasta once horas después de que arrancara el pleno del Consell donde se abordó el tema. La notificación se coló en los teléfonos a las 20.11, cuando la mayoría de las 229 víctimas mortales habían fallecido, estaban desaparecidas o atrapadas en plantas bajas y garajes.

Tras abandonar el pleno del Consell, Mazón continuó con su agenda institucional, pese a que la Aemet advirtió —tras decretar la alerta roja— del “peligro extremo” a las 9.30 horas. El president acudió después a un acto en el Palau de la Generalitat, en el corazón de Valencia, sobre la concesión a la Comunidad Valenciana del certificado Aenor de destino sostenible. Después, a las 12.30, se fue a la presentación de la estrategia autonómica de salud digital. Y a las 13.45, regresó al Palau de la Generalitat para tratar con dirigentes sindicales y empresariales los presupuestos autonómicos. El jefe del Consell llegó a calificar de exagerada ante estos agentes sociales la decisión de la Universitat de València de suspender las clases.

Al concluir el último acto de la mañana, Mazón puso rumbo al restaurante El Ventorro, a 10 minutos andando de la sede de su Gobierno, donde participó en la entrada más enigmática de su agenda: la comida de casi cuatro horas (desde las 15.00 a las 18.45) con la periodista Maribel Vilaplana, a la que le ofreció la dirección de la televisión pública À Punt. Durante el almuerzo, el jefe del Consell mantuvo cuatro llamadas con la entonces consejera Pradas (17.37, 18.16, 18.25 y 18.30).

Desde que Mazón y Vilaplana entraron en el establecimiento hasta que salieron, la situación del temporal se recrudeció. A partir de las 16.40 horas, el 112, la centralita telefónica de la Generalitat, recibió decenas de llamadas de desesperación que alertaban sobre el desbordamiento del barranco del Poyo a la altura de poblaciones como Chiva o Cheste. Y, a partir de las 18.30, las aguas de esta rambla rebosaron y causaron la gran ola que sepultó municipios como Paiporta o Catarroja, donde la riada dejó 56 y 25 muertos, respectivamente. El president y la periodista continuaban todavía en El Ventorro.

A Mazón también le pilló en esta casa de comidas el inicio, a las 17.00 horas, de la reunión del Cecopi, el órgano de la Generalitat que gestionó la desgracia y desde donde se decidió el envío de la alerta a los teléfonos. A partir de las 19.00 horas se debatió en este dispositivo de crisis la activación del sistema de avisos a móviles ES Alert. Antes, el cónclave se centró en el riesgo potencial de desbordamiento de la presa de Forata, en el término municipal de Yátova, una infraestructura que pudo causar 20.000 muertos, según informes de la Generalitat. Una fuente que asistió al Cecopi recuerda así la falta de quórum que planeó en esta cita, donde participaron 29 representantes de instituciones estatales, autonómicas y municipales. “Decían que iba a reventar una presa y no se ponían de acuerdo”, relata.

El reconocimiento de la Generalitat de que el pleno del Consell tuvo en consideración la alerta roja decretada por la Aemet a las 7.36 horas del 29-O tumba la denominada teoría del apagón informativo, a la que se han aferrado con vehemencia el propio Consell, el PP y los dos ex altos cargos de Mazón imputados: la exconsejera Salomé Pradas y quien fuera su número dos durante el temporal, el exdirector general de Emergencias, Emilio Argüeso. La idea indicaba que, si el Ejecutivo regional actuó tarde y mal, fue porque organismos estatales como la Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica, reportaron con retraso la magnitud de la dana. La jueza de Catarroja que investiga la inundación ha desmontado en cada auto este principio al negarse a imputar a los responsables de estos organismos o a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé.

Pese a conocer los primeros apuntes del potencial riesgo a las 9.00 horas, Mazón no desembarcó en el Cecopi hasta las 20.28, 17 minutos después del envío de la alerta, la decisión más trascendental de la jornada. La magistrada sostiene que si la notificación se hubiera enviado antes, el número de muertos se habría reducido. También ha reprochado la instructora que el mensaje que se coló en los teléfonos no hiciera referencia a la necesidad de subir a las primeras plantas de las viviendas. La mayoría de los 229 fallecidos perdieron la vida tras quedar atrapados en plantas bajas y garajes.