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Camarero asegura que la declaración del presidente de la CHJ confirma lo que defiende la Generalitat desde hace meses

La vicepresidenta valenciana apunta que el 9 d’Octubre será en el Palau de la Generalitat y que el ‘president’ Mazón irá a la multitudinaria procesión cívica

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha tildado lo que trascendido de la declaración del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, a la jueza de Catarroja el pasado viernes de “sorprendente” después de 10 meses de silencio. “Confirma que el Cecopi se centró única y exclusivamente en Forata y que no se habló del barranco del Poyo; que nunca avisó de la crecida del Poyo porque no lo consideró relevante y porque no había capacidad de reacción”, ha señalado Camarero en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. No ha querido valorar, sin embargo, la afirmación de Polo de que pidió en el Cecopi enviar un mensaje de aviso a la población dos horas antes de que saliera el Es-Alert.

La vicepresidenta ha considerado que la declaración de Polo en Catarroja confirma que “nadie era capaz de prever lo que iba a suceder, como dijo también el responsable de Aemet”. “A pesar de ello, vemos cómo la izquierda valenciana y el Gobierno llevan diez meses responsabilizando a la Generalitat y utilizando el dolor de forma partidista”, ha añadido.

Según Camarero, “el presidente de la Confederación no dio la voz de alarma en el Cecopi sobre esa información de la que disponía”.

La portavoz no ha querido pronunciarse sobre lo que Polo declaró a la jueza, según fuentes conocedoras del testimonio, para que se enviase un mensaje a la población mucho antes del que se lanzase finalmente. “Esa pregunta se la deberían formular a la delegada del Gobierno [Pilar Bernabé] o al responsable de Aemet, que confirmaron que no se habló de esa posibilidad hasta las 19 horas”.

La portavoz ha asegurado que el Palau de la Generalitat es el escenario que se está barajando para la celebración del próximo 9 d’Octubre, como todos los años. “Entenderán que este 9 d’octubre, Día de la Comunitat Valenciana, no puede ser una celebración cualquiera; está siendo un año excepcional tras la tragedia de la dana y la respuesta solidaria del pueblo valenciano y del resto del pueblo español”, ha precisado Camarero. La vicepresidenta ha insistido, no obstante, que esto será tenido en cuenta y se trabaja en un acto que dé visibilidad al reconocimiento a instituciones y personas esenciales tanto en la emergencia como en la reconstrucción.

Respecto a la participación del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en la Procesión Cívica del 9 d’Octubre, un alto multitudinario, Camarero ha recordado que el jefe del Consell siempre ha estado presente “y no hay nada que haga prever lo contrario. No vamos a entrar en especulaciones sobre la posibilidad ni de cambio de ubicación de de la presencia del president. Normalidad sobre ambos aspectos”, ha repetido.

La portavoz del Gobierno valenciano ha hecho mención, a pregunta de los periodistas, de las disfunciones registradas por las pulseras antimaltrato, que ha calificado de “chapuza”. “No se puede tolerar que no se reconozca esa chapuza”, ha declarado, haciendo hincapié en que es responsabilidad de un Gobierno, el de Pedro Sánchez, que se presentó como el gobierno más feminista de la historia y “está poniendo en peligro a las mujeres”.

“Creo que hay que reconocer el fallo y hay que dar soluciones a esos fallos porque tenemos testimonios de víctimas que han dicho hasta en tres ocasiones que ha venido su maltratador sin que la pulsera haya funcionado”, ha explicitado Camarero, que ve “muy irresponsable minimizar el problema.

La vicepresidenta, responsable de las políticas contra la violencia de género, calcula que puede haber 500 mujeres en la Comunidad Valenciana que dispongan de esos dispositivos. “Vamos a pedir el dato y lo que tendría que hacer la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana [Pilar Bernabé] como responsable de estas pulseras es decir a cuántas mujeres le ha afectado y explicar por qué no se nos ha comunicado porque deberíamos de saberlo para poder coordinarnos con las mujeres y evitar cualquier problema que pudieran provocar estos fallos”.

“Creo que cuando se habla de la violencia que sufren las mujeres, no caben medias tintas y cuando hay un error reconocido por el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, reconocido en el informe de la propia Fiscalía del Estado, creo que hay que ser más responsables y buscar soluciones y no taparlo y silenciarlo”, ha concluido.

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