La investigación judicial destapa el caos del Gobierno de Mazón en la gestión de la dana

Cada vez que Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la tragedia ocasionada por la dana del pasado 29 de octubre, dicta una resolución que profundiza en la búsqueda de respuestas, un terremoto político zarandea el gótico palacio de Manises, sede de la Generalitat valenciana que preside Carlos Mazón (PP).

La teoría del efecto mariposa, según la cual el aleteo de un insecto puede desencadenar una catástrofe al otro lado del hemisferio, se puede aplicar estos días a los efectos de una exhaustiva investigación judicial sobre el Gobierno de la Comunidad Valenciana.

Los últimos autos de la instructora Ruiz Tobarra han impactado en la sede del Ejecutivo autonómico y han hecho que el argumentario oficial vuelva a tambalearse. El Consell, que dirige Mazón, se ha aferrado durante 11 meses a la tesis de que si no actuó antes para prevenir la desgracia que dejó 229 muertos fue por no recibir a tiempo datos actualizados de organismos como la Agencia Estatal de Meoteorología (Aemet) o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ambos dependientes del Gobierno de Pedro Sánchez. En su declaración el pasado viernes en el juzgado de Catarroja, Miguel Polo, presidente de la CHJ, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, describió el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) –el lugar desde donde se gestionó la emergencia- como un comité atenazado por el caos, la imprevisión y el desconcierto. La comparecencia de Polo fue la más larga –más de ocho horas- y con obligación de decir la verdad, al declarar como testigo. Aseguró que la principal imputada en la causa, la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, desconocía qué medidas adoptar y que, presa del titubeo, llegó a preguntar a un subordinado por qué se declaraba la emergencia. Polo también ofreció otro dato inédito: el presidente Mazón tomó la voz cantante en la reunión bien entrada la noche, a partir de las 23.00 horas, cuando en los bajos y garajes de municipios como Catarroja (30.142 habitantes) o Paiporta (27.748) se amontonaban los muertos, según el presidente de la CHJ.

El testigo arrojó una nueva derivada sobre los movimientos del presidente de la Generalitat durante la tarde de la catástrofe. El barón del PP desembarcó en el centro de gestión de la crisis (Cecopi) tras asistir a un almuerzo de casi cuatro horas en el restaurante de Valencia El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. La comida y la sobremesa impidieron al president participar en persona en la decisión más relevante de la jornada, el envío de la alerta a telefónos móviles para avisar a la población de la magnitud de la gota fría. Una notificación que, según la jueza, llegó tarde y mal cuando habían muerto ya muchas personas. Los terminales recibieron el mensaje a las 20.11 del 29 de octubre, más de tres horas después del desbordamiento del barranco del Poyo a la altura de Chiva (17.245 habitantes) y Cheste (9.022).

“La declaración judicial de Polo”, afirma el abogado Manuel Mata, que representa a la asociación Acció Cultural del País Valencià, acusación popular en la causa, “demuestra que los bulos no tienen sentido. Como reza el principio de la Navaja de Ockham, la explicación más simple es la más probable. Nadie estuvo al mando de la emergencia. El Gobierno valenciano, que tenía la responsabilidad, no predijo, analizó e interpretó qué podía ocurrir”.

La letrada Mamen Peris, presente en las pesquisas como acusación popular de Ciudadanos, sostiene que Polo confirmó en el juzgado que Pradas dirigió la gestión de la tragedia. Y destaca de su testifical que el responsable de la CHJ avisara del riesgo a las 18.00, dos horas antes de que la Generalitat enviara la alerta. Polo aseguró que pidió a esa hora el envío de un aviso a la población para que abandonara los bajos de los edificios, que se transformaron en trampas mortales donde perdieron la vida al menos la mitad de las 229 víctimas de la dana. “Polo hizo lo que tenía que hacer. En el Cecopi no supieron trabajar en equipo”, critica Peris. La abogada preguntó el viernes en el juzgado al presidente de la confederación hidrográfica si, tras advertir del caos que planeaba en la Generalitat durante la crisis, se planteó, cuando habló con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica que tomara las riendas de la catástrofe. “Polo me contestó que no lo hizo”.

En el entorno de Pradas, la exconsejera imputada que fue destituida por Mazón cuatro semanas después de la riada, la declaración del presidente de la CHJ adquiere una lectura opuesta. Fuentes próximas a la exdirigente destacan que la comparecencia de Polo muestra “que no sabía lo que iba a pasar el 29 de octubre” y que se enteró del desbordamiento del barranco del Poyo, origen de la gran ola que arrasó varias poblaciones, a las 18.45, cuando ya era tarde. Pradas ignora que, como máxima responsable de Emergencias, ejerció el mando único, señalan varios de los testigos que conocieron los hechos y que han pasado por el juzgado. Además, el audio de un vídeo que había permanecido oculto hasta ahora, en poder del canal autonómico A Punt, destapa su desidia en la gestión de la crisis y su participación en el envío tardío de la alerta a los teléfonos.

El vídeo que destapó una mentira

La grabación del interior del Cecopi, emitida por RTVE, fue realizada por un cámara de la televisión valenciana À Punt. En las imágenes se puede ver a la exconsejera responsable de la emergencia dando instrucciones sobre el envío de la alerta a móviles mediante el sistema Es Alert, una decisión de la que Pradas se desmarcó el pasado abril, cuando declaró como investigada (condición que le permite mentir) y descargó la responsabilidad sobre el envío de la notificación en los técnicos.

La jueza ha dado esta semana un paso firme para incorporar la grabación (imagen y sonido) a la causa. Tras solicitar de forma voluntaria a À Punt la aportación de las imágenes y que la cadena se negara aludiendo al secreto profesional y a su código deontológico, la magistrada ha insistido en su petición. Ahora, de modo imperativo. Y, de paso, ha aprovechado para tirar de las orejas a esta cadena pública autonómica, controlada por PP y Vox. À Punt esgrimió una “oposición frontal” a facilitar el metraje, según la instructora.

“Siento decepción y enfado”, afirma Christian Lesaec, presidente de la Asociación de Damnificados Horta Sud, que reúne a 550 familiares de fallecidos y heridos en la riada. “La televisión pública valenciana hizo una buena cobertura de la dana. Llegó a poner en riesgo a sus periodistas. Con la negativa [de dar voluntariamente las imágenes], han tirado todo ese buen trabajo. Hay 229 fallecidos. Ante una situación como esta, no hay código deontológico que valga. Tenían las imágenes y las pruebas”, añade.

La jueza Ruiz Tobarra acumula en su despacho pruebas, testimonios e indicios que cuestionan el relato de la Generalitat valenciana sobre la gestión de la riada. Al ser aforado, Mazón sólo puede ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia siempre que la instructora envíe una exposición razonada. Hasta hoy, el presidente autonómico ha rechazado la oferta de la jueza de declarar voluntariamente como investigado.

Entretanto, Mazón aguarda las consecuencias de los próximos movimientos de la magistrada. O, lo que es lo mismo, el efecto mariposa que desatará su último auto en las fortificadas paredes del palacio de la Generalitat.