Una víctima de la nueva asociación de la dana que se querellará contra Mazón: “Fue una negligencia total”
La presidenta de la entidad, que agrupa a afectados de tres comarcas, pide la dimisión del presidente de la Generalitat valenciana
Toñi García perdió a su marido Miguel, de 66 años, y a su hija Sara, de 34, en la colosal riada que el pasado 29 de octubre dejó 227 muertos. “Fueron asesinados. Resultó una negligencia total”, ha explicado esta víctima del municipio valenciano de Benetússer, donde la dana provocó 10 fallecidos.
García, entre sollozos, señala como responsable de la muerte de sus familiares al Ejecutivo de la Generalitat que pilota Carlos Mazón, del PP, que todavía no se ha reunido con los afectados más de tres meses después de la tragedia. “Este hecho demuestra la falta de empatía y dignidad de este Gobierno (autonómico). Si no valen, a la calle. Que dimitan o que los hagan dimitir”, ha afirmado García durante la presentación este viernes de la Asociación de Víctimas de la Dana 29 de Octubre, que reúne a una veintena afectados de las comarcas valencianas de Horta Sud, La Ribera y Los Serranos.
La viuda ha comparado la gestión de la dana de la Generalitat con la del accidente del metro de Valencia de 2006, que dejó 23 muertos, y la cástrofe del Prestige, que en 2002 provocó un monumental desastre medioambiental en las costas de Galicia tras el vertido de un petrolero.
“Siempre mintiendo. Mazón ha llegado a decir que de mentiras sabe mucho, pero de empatía nada”, ha afirmado entre lágrimas. La víctima cree que los “responsables de la tragedia” son “malas personas”.
La presidenta de la nueva asociación, la periodista Mariló Gradolí, ha adelantado que se preparan para la batalla en los tribunales y presentarán una querella contra altos cargos de la Generalitat. Aunque todavía no han fichado a un bufete de abogados, Gradolí ha explicado que su denuncia apuntará a Mazón, al conseller de Educación, José Antonio Rovira, y a la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero.
Su querella se sumará a la de la gran entidad de damnificados, la Asociación de Damnificados Horta Sud (380 miembros), que señala a cinco altos cargos del Ejecutivo valenciano y a la máxima autoridad de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, Miguel Polo.
La demora en activar las alertas a móviles -los mensajes masivos SMS de la Generalitat llegaron a las 20.11 horas del día D, cuando ya se había desbordado el barranco del Poyo y el 112 estaba colapsado- y la falta de planificación para suspender las clases centrarán las líneas argumentales de la denuncia de esta organización que planea también elevar a las instituciones comunitarias sus reivindicaciones.
La responsabilidad del Ejecutivo autonómico se justifica, según Gradolí, en la “inacción” de sus responsables el día de la tragedia. “Con una alarma se hubieran salvado muchas vidas. Este señor no estaba donde tenía que estar”, ha indicado la presidenta de la entidad en alusión a la ausencia de Mazón entre las 14.30 y las 19.30 del día de la catástrofe.
La asociación se concentrará el próximo 20 de febrero a las 9.00 de la mañana en la entrada de las Cortes Valencianas, donde la mesa de la institución debatirá una proposición de ley no vinculante sobre la continuidad del presidente de la Generalitat. “Las víctimas reclamamos la dimisión de Mazón”, ha zanjado Gradolí.