Dos cámaras que vigilan la restricción de coches en el casco histórico de Valencia dejaron de multar dos meses

El Ayuntamiento de Valencia, que gobierna PP y Vox, no registró ninguna propuesta de sanción ni tampoco importes cobrados en la Area de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella Nord durante los pasados meses de octubre y noviembre en dos de sus accesos, según denuncia el grupo municipal socialista. La formación política recuerda que es el “segundo apagón” del sistema encargado de vigilar la restricción de vehículos no autorizados al casco histórico de la capital desde que gobiernan PP y Vox y anuncian que llevarán el caso a la Agencia Antifraude y al Síndic de Greuges para que recaben toda la información y lo investiguen. El Gobierno local ha replicado que el Ayuntamiento trabaja “en averiguar el problema técnico” porque asegura que las cámaras funcionan.

La concejal socialista María Pérez, que fiscaliza las políticas de movilidad urbana, ha explicado este martes que su grupo supo del vacío sancionador cuando solicitaron los datos de la APR de 2023 y 2024. Revisando los gráficos se dieron cuenta de que dos de las cámaras de Ciutat Vella, en las calles Comunió de Sant Joan y Corona, dejaron de sancionar en octubre y noviembre mientras que las otras tres (María Cristina, Portal Nou y Salvador) redujeron más de un 90% las infracciones detectadas en esos dos meses, 216, en comparación con las que se registraron en el último mes de normalidad, julio de ese mismo año, cuando se consignaron 6.005.

Es la segunda vez que se produce un apagón de las cámaras de Ciutat Vella, sostiene el grupo de la oposición.La primera fue de septiembre de 2023 a enero de 2024 y el Ayuntamiento dejó de ingresar un millón de euros, según este grupo municipal. “Ahora ha vuelto a ocurrir en octubre y noviembre y hemos preguntado para saber qué ha ocurrido en diciembre y en enero, pero lo que está trasladando este gobierno es una sensación de impunidad absoluta, de que aquí no pasa nada”, ha criticado la edil.

La APR, ha añadido el portavoz socialista Borja Sanjuan, “es una norma que nadie cuestiona que está en vigor, fue aprobada por el propio Ayuntamiento y que el Ayuntamiento incumple, me atrevería a decir que de forma deliberada porque ya es la segunda vez que ocurre. Si entendemos que todo esto no son casualidades sino causalidades podría tener un problema que tiene que ver con la prevaricación” porque va en contra la legalidad vigente y le cuesta dinero al Ayuntamiento.

Según Sanjuan, Catalá tiene capacidad para modificar las ordenanzas pero no para incumplirlas: “Lo que está haciendo la alcaldesa con esta especie de fanatismo en contra de las medidas de reducción del tráfico y mejora de la calidad del aire se puede convertir en un problema de legalidad para el ayuntamiento porque tiene unas obligaciones legales”.

Hace un año, cuando se produjo el primer apagón, los socialistas instaron al gobierno local a que “si quieren dejar de multar y permitir que todos los vehículos privados circulen libremente y sin restricciones por nuestro centro histórico, que lo trasladen abiertamente a la ciudadanía y modifiquen la normativa”. El PP justificó entonces aquel apagón de multas en la falta de personal porque, según explicaron, tuvieron que trasvasar empleados del servicio municipal de Movilidad al del Padrón.

En esta ocasión, el gobierno local de Valencia ha replicado que el Ayuntamiento “está trabajando en averiguar el problema técnico porque las cámaras funcionan” y ha asegurado que el anterior gobierno municipal, de PSPV y Compromís, sufrió la misma incidencia y estuvo ocho meses sin sancionar. “Exigimos a los socialistas que pidan perdón por las graves acusaciones políticas porque son mentiras ya que se ha heredado un problema técnico del anterior equipo de gobierno que nunca hicieron público”, han denunciado.

La APR se activó por primera vez, después de un periodo informativo sin multas, en diciembre de 2021 por la anterior Junta de Gobierno Local, de Compromís y PSPV, para evitar que vehículos privados emplearan el casco histórico a modo de atajo. Más de 30.000 matrículas, entre residentes, comerciantes y otros servicios, se acreditaron por este área restringida como vehículos autorizados. Un sistema de cinco cámaras de seguridad cotejan las matrículas de los vehículos que acceden a la zona restringida y luego se confirma en el servicio del procedimiento sancionador si están o no autorizadas.

Una zona de bajas emisiones “blanda”

La APR de Ciutat Vella se completa ahora con la Zona de Bajas Emisiones de la capital. El Gobierno municipal de Valencia ha diseñado un proyecto de ordenanza para la ZBE de Valencia —se aprobó a finales del pasado diciembre— que no sancionará a los usuarios de la capital hasta el año 2028, de ahí que sea, según ha denunciado la oposición, una de las normas “menos ambiciosas en España” en sus objetivos de mejora de la calidad del aire. Los socialistas anunciaron alegaciones a la ordenanza para adelantar su aplicación, añadir más estaciones de medición de la contaminación y ampliar su aplicación a toda la ciudad y no solo al interior de las rondas de la capital.