Mazón adjudica 9,5 millones a una firma ligada a un empresario condenado por Gürtel
La Generalitat da un contrato de emergencia por la dana a una constructora vinculada a la financiación del PP de Camps e incide en que el Gobierno central también recurrió a la firma
El Ejecutivo valenciano que pilota Carlos Mazón, del PP, ha adjudicado 9,5 millones a una constructora ligada a un empresario condenado por la trama Gürtel, según ha comprobado EL PAÍS. El contrato se ha formalizado por el procedimiento de emergencia (negociado sin publicidad) en el marco de la dana que el pasado 29 de octubre dejó 224 muertos.
La Consejería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio del Ejecutivo de Mazón fo...
El Ejecutivo valenciano que pilota Carlos Mazón, del PP, ha adjudicado 9,5 millones a una constructora ligada a un empresario condenado por la trama Gürtel, según ha comprobado EL PAÍS. El contrato se ha formalizado por el procedimiento de emergencia (negociado sin publicidad) en el marco de la dana que el pasado 29 de octubre dejó 224 muertos.
La Consejería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio del Ejecutivo de Mazón formalizó el miércoles la citada adjudicación con la firma CHM Obras e Infraestructuras SA. La empresa está vinculada al expresidente de la patronal alicantina Coepa Rafael Martínez Berna.
La Audiencia Nacional sentenció en 2018 a este ejecutivo a un año y seis meses de cárcel por dos delitos electorales y uno de falsedad continuada por la financiación irregular del PP valenciano. El mecanismo fue la emisión de facturas falsas a Orange Market, franquicia de la red corrupta. Francisco Camps presidía entonces la Generalitat y controlaba la formación conservadora.
Martínez Berna eludió su ingreso en prisión en esta causa, conocida como la derivada valenciana de Gürtel, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que se sustanció en el pago de una multa de 132.000 euros.
EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión de Rafael Martínez Berna. Un portavoz de CHM niega irregularidades en el contrato, alude a la solvencia de la empresa y precisa que la condena de la rama valenciana de Gürtel sentenció a un directivo vinculado a la firma y no a la mercantil. Se trata de una circunstancia que habría invalidado la adjudicación. La Ley de Contratos impide a una empresa contratar con la administración pública si existe una condena penal con sentencia firme por delitos como tráfico de influencias, cohecho, prevaricación o malversación.
Preguntado por la financiación de las campañas de Francisco Camps, el portavoz de la constructora elude la respuesta. “Son cosas del pasado”, zanja por teléfono el representante de esta firma, que en 2023 acumulaba unas ventas de 145 millones, unos activos de 141 y empleaba a 645 trabajadores, según el registro mercantil.
El registro mercantil revela el vínculo entre el directivo y la constructora agraciada con el contrato. Rafael Martínez Berna figura desde 2014 como consejero de una empresa (Grupo Vallalba SL) que controla el 92% de CHM Obras e Infraestructuras SA, según la plataforma Informa. El ejecutivo fue además presidente y consejero de CHM entre 2007 y 2016.
En 2014, la Comisión Nacional de la Competencia situó en su mirilla a Martínez Berna por integrar un cártel para pactar las licitaciones del Ministerio de Fomento junto a otras 46 compañías del sector. La constructora pagó por este motivo una multa de 790.000 euros.
El Gobierno de Mazón ha fichado ahora a esta firma para ejecutar las obras de reparación del denominado barranco del Poyo en los municipios valencianos de Alaquàs, Aldaia y Torrent.
Reparto equitativo
La Consejería de Medio Ambiente del Ejecutivo de Mazón, por su parte, también justifica el fichaje de CHM. “Toda la contratación de emergencias sigue escrupulosamente la normativa. Es una forma de contratación que se adapta a la actual situación donde no hay tiempo que perder. Se ha buscado un reparto equitativo y que no fueran dos o tres empresas las únicas que asumieran las reparaciones”, justifica un portavoz de este departamento.
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio de Transición Ecológica, adjudicó hace un mes un contrato de 6,2 millones para reparar los desperfectos de la dana en la presa de Forata (Valencia).
En esta línea, un representante del Gobierno de Mazón indica que la constructora alicantina obtuvo “70 millones de euros en contratos” durante las dos legislaturas de la Generalitat presidida por el socialista Ximo Puig (2015-2023 ). El Gobierno del socialista Pedro Sánchez también está recurriendo a esta vía de contratación, que ampara el nivel 2 de emergencia tras la dana, para reparar los destrozos en infraestructuras.
El contrato para reparar el barranco del Poyo no ha sido la única adjudicación a CHM. La firma ligada a Martínez Berna recibió otra licitación de 4,2 millones en noviembre de la Consejería de Medio Ambiente por la vía de emergencia que permite la dana, según publicó eldiario.es. Y fue agraciada con otra concesión de 735.537 euros para paliar los efectos de la riada por parte de la Diputación de Valencia, también gobernada por el PP, según El Salto.
Una de las adjudicaciones de Mazón bajo sospecha es la concesión de uno de los cuatro lotes de limpieza de los accesos a los polígonos a STV Gestión, una compañía en la que el secretario autonómico de Comunicación, José Manuel Cuenca, fue responsable de Relaciones Institucionales, antes de pasar a trabajar para el barón popular. La contratación inicial, de 290.000 euros, se amplió a 2,3 millones en diciembre tras detectarse una carga de trabajo “muy superior a la presupuestada”.
Tras la monumental riada, el Ejecutivo de Mazón ha tramitado más de medio centenar de contratos de emergencia por un total de 237,8 millones.