La Generalitat valenciana deja en manos de los Ayuntamientos el poder para limitar, controlar y sancionar a viviendas turísticas
Carlos Mazón reclama al gobierno una respuesta unitaria pero se desentiende del freno a los alojamientos y niega tensión con el sector hostelero
La nueva normativa para la regulación de las viviendas turísticas deja en manos de los ayuntamientos el poder para frenar, limitar, controlar, sancionar e incluso hacerse con la recaudación de las multas por el incumplimiento de las reglas para estos establecimientos. Así lo ha decidido la administración autonómica, quien tiene la competencia en esta materia, tal como han anunciado la consejera de Industria, Nuria Montes, y e...
La nueva normativa para la regulación de las viviendas turísticas deja en manos de los ayuntamientos el poder para frenar, limitar, controlar, sancionar e incluso hacerse con la recaudación de las multas por el incumplimiento de las reglas para estos establecimientos. Así lo ha decidido la administración autonómica, quien tiene la competencia en esta materia, tal como han anunciado la consejera de Industria, Nuria Montes, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
Así, el Ejecutivo valenciano se desentiende de aplicar medidas de freno a los alojamientos turísticos, más allá de unos requisitos formales algo más estrictos y pese a que, en algunos municipios, la proliferación de este tipo de pisos está provocando dificultades de acceso a la vivienda por el encarecimiento de los inmuebles ante la conversión de viviendas que antes estaban en alquiler en apartamentos turísticos. La Comunidad Valenciana tiene registradas a fecha de 15 de julio un total de 105.111 viviendas turísticas. A partir de ahora, los Ayuntamientos que lo soliciten podrán limitar o frenar ese crecimiento, además de tener competencias para inspeccionar, sancionar y recaudar.
La Generalitat argumenta la decisión con la tesis de dejar de esta manera a los consistorios que decidan qué modelo de ciudad quieren y cómo limitar el uso de viviendas como alojamientos turísticos según sus circunstancias concretas, por ejemplo, con un máximo por edificio o un límite por barrio.
Según ha asegurado el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no existe ninguna lucha entre hoteles y apartamentos: “Es falaz”, ha dicho. Además, ha alabado la existencia de apartamentos turísticos como parte de la “oferta turística de calidad” y ha expuesto que solo el “crecimiento desordenado” genera efectos nocivos “hasta poder producir encarecimiento y dificultad para acceder a vivienda”. Según Mazón, el decreto llega a tiempo para evitar esos problemas. Mientras que ha defendido los apartamentos turísticos y ha optado por desentenderse de marcar unos máximos a toda la comunidad, el presidente valenciano ha pedido al Gobierno central una “respuesta común” porque, según ha dicho “el crecimiento desordenado no es un problema exclusivo de la Comunidad Valenciana”. Aun así, ha dicho que es “injusto” que se achaquen todos los problemas a los pisos de uso turístico. “Los movimientos de turismofobia son xenófobos y clasistas”, ha concluido para sentenciar que estos son los que provocan un incremento de precios y hacen del turismo “algo al alcance de unos pocos privilegiados”.
Entre los requisitos que incluye el nuevo decreto, se encuentra la obligación de contar con una recepción, a la vez que se prohíbe los cajetines para llaves. Otra parte de la norma que sí ha modificado la Generalitat y que afecta a todas las viviendas turísticas de la Comunidad Valenciana es la más burocrática y referida a la obligación de comunicar la referencia catastral o el certificado de la comunidad de propietarios sobre la no prohibición del establecimiento de viviendas turísticas.
El decreto, que será aprobado mañana viernes por el pleno del Consell, recoge otras variaciones como que el cambio de titularidad de la propiedad de la vivienda de uso turístico obliga a renovar la licencia y que el alquiler de habitaciones pasa a ser sanción muy grave, con hasta 600.000 euros de multa. Actualmente, el alquiler de habitaciones ya estaba prohibido y, tal como ha reconocido la consejera, hoy mismo se han detectado en una plataforma de 5.000 habitaciones al margen del marco legal. Además, las declaraciones responsables que se presenten en la Generalitat para obtener nuestra autorización tendrán que renovarse cada cinco años.