PP y Vox defienden en Valencia su ley para “todas las víctimas” que equipara el franquismo con la democracia, según la izquierda

Hoy puede ser un gran día, cantaba Joan Manuel Serrat. Según para quién. Para el portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, este miércoles sí ha sido “un gran día”, afirmó, porque se tomaba en consideración la proposición de ley postulada por la ultraderecha y el PP, su socio en el Gobierno de la Generalitat, para acabar con “el sectarismo” de la izquierda, “defender a todas las víctimas” y...

Hoy puede ser un gran día, cantaba Joan Manuel Serrat. Según para quién. Para el portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, este miércoles sí ha sido “un gran día”, afirmó, porque se tomaba en consideración la proposición de ley postulada por la ultraderecha y el PP, su socio en el Gobierno de la Generalitat, para acabar con “el sectarismo” de la izquierda, “defender a todas las víctimas” y luchar contra “la desmemoria”. Y todo ello gracias a una norma, denominada de Concordia por sus promotores, que derogará la actual ley autonómica de Memoria Democrática. “A la izquierda no le importa el espíritu de la Transición”, concluyó el portavoz de Vox su primera intervención, en la que evitó referirse e todo momento al franquismo y a la dictadura, aunque sí incidió en “los desmanes y las ejecuciones” de la II República. Tampoco citó al cantante catalán.

¿La Transición? Se vinieron a preguntar retóricamente las dos portavoces de la oposición en su respectivos. Pero si la ultraderecha española nunca creyó en ella, se respondieron Mercedes Caballeros, del PSPV-PSOE, e Isaura Navarro, de Compromís. Para ambas, hoy, por el contrario, no ha sido “una gran día”; más bien, ha sido “el día la infamia” por la presentación de la ley que “blanquea el franquismo” y equipara “la dictadura con la democracia”, principalmente, y de las otras cuatro iniciativas de la derecha y ultraderecha. Estas, a su entender, menguan la presencia del valenciano en la educación (no, a la imposición, argumenta el PP), reducen algunas incompatibilidades de los altos cargos y estrechan el control sobre la televisión pública, À Punt (se pretende insuflar vida a una cadena mortecina, según los promotores), y sobre la Agencia Valenciana Antifraude, al facilitar los nombramientos de sus principales rectores por mayoría absoluta (la que suman PP y Vox) y no por tres quintas parte del parlamento, que les obligaría a pactar con la oposición.

Sí, la Transición, vino a contestar el portavoz del PP, Miguel Barrachina, que evocó el abrazo de Manuel Fraga, fundador de la formación original del PP (Alianza Popular) y antiguo ministro franquista, con el dirigente comunista Santiago Carrillo. Abundó en las bondades de la concordia y el reconocimiento de “todas las víctimas”, incluidos las de los asesinatos de ETA no esclarecidos, hasta la actualidad. El popular, que suele soliviantar a los suyos con su plática, adoptó está vez un perfil bajo, citando a Manuel Azaña (”Paz, piedad y perdón”, reiteró en tono casi ecuménico) e indicando que sus abuelos republicanos estarían hoy “abochornados” con la Ley de Memoria. Incidió en que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP, ha continuado este año con 422 exhumaciones de víctimas del franquismo, en cumplimiento de la ley.

Su jefe de filas, sin embargo, hizo mutis por el foro. Mazón se ausentó para participar en un acto en Madrid, y solo apareció un rato un consejero, el de Educación, José Antonio Rovira, con el objeto de defender su Ley de Libertad Educativa, otra denominación ganadora en sí misma, que centra las críticas de la oposición por manipuladora y falsa y utiliza la Generalitat a la mínima. El debate fue más contenido de lo esperado, por parte de los partidos mayoritarios. La ley de Concordia fue la que concitó mayor atención de las cinco proposiciones presentadas. Se inscribe en otras iniciativas de este tipo postuladas en España por Vox y secundadas por el PP en gobiernos de coalición como el de Castilla y León. El Gobierno socialista, presidido por Pedro Sánchez, ha anunciado que recurrirá al Constitucional y a instancias europeas si se aprueban estas norma de Concordia, e interfiere en la ley estatal.

La socialista Mercedes Caballero subió la temperatura emocional cuando preguntó por qué no se incluye en esa nueva ley para a las personas que han sufrido abusos sexuales por parte de los religiosos de la Iglesia católica, si se trata de reconocer “a todas las víctimas” y no, sobre todo, a las que nunca pudieron tener sepultura digna por “defender la democracia” y porque fueron enterradas en cunetas y fosas por la dictadura, como marcaba el principal propósito de la ley de la Memoria Histórica de 2007,moidificada en 2022 con la ley de Memoria Democrática. Caballero también habló por boca de los represaliadas, de los fusilados, de las mujeres rapadas, encerradas en patronatos-psiquiátricos durante la dictadura por querer vivir su vida en un intenso crescendo que provocó un murmullo de desaprobación y gestos de exageración en la bancada de la derecha. De vuelta a su escaño, la diputada socialista fue recibida con sus compañeros en pie.

A Llanos no le gustó nada la referencia a los abusos sexuales perpetrados por religiosos. “Esto sí que no. Deje a la Iglesia en su sitio. Le resbalan el respeto, el honor y la dignidad”, le espetó, tras acusar a Caballero de defender a “quienes cometieron barbaries contra religiosos y religiosas y niños”. Y tildó a la izquierda de ser los auténticos “totalitarios y fascistas” al no dejarle expresar su opinión y de tener una diferente.

“Negar la realidad histórica no es concordia es manipulación. Ustedes son dignos herederos del franquismo”, afirmó para concluir Isaura Navarro, un debate que continuará con las votaciones este jueves.