El paradigma de la Comunidad Valenciana: pide agua y “exporta” agua

La historia política de la Comunidad Valenciana está plagada de reivindicaciones hídricas. Primero, el trasvase del Ebro y después el del Tajo, que sigue vigente y con el que se pretende satisfacer las necesidades de los regantes del sur del territorio. Sin embargo, la Comunidad Valenciana se puede convertir también en exportadora de agua, en el caso de que se ejecute la decisión del Gobierno de ...

La historia política de la Comunidad Valenciana está plagada de reivindicaciones hídricas. Primero, el trasvase del Ebro y después el del Tajo, que sigue vigente y con el que se pretende satisfacer las necesidades de los regantes del sur del territorio. Sin embargo, la Comunidad Valenciana se puede convertir también en exportadora de agua, en el caso de que se ejecute la decisión del Gobierno de trasladarla en barcos desde la desalinizadora de Sagunto (Valencia) a Barcelona.

España cuenta con cerca de 800 plantas desaladoras, según los datos de la Asociación Española de Desalación y Reutilización, AEDyR. La Comunidad Valenciana dispone de la más grande de España, en Torrevieja, con una capacidad de producción de 80 hectómetros cúbicos anuales de agua (la ciudad de Barcelona consume 91,5 y la de Valencia unos 45) y que no pudo arrancar a pleno rendimiento por problemas de capacidad de suministro eléctrico. La Comunidad Valenciana es, además, la autonomía que mayor capacidad de desalación tiene, según los datos de la misma asociación. A pleno rendimiento, contando solo con las grandes infraestructuras que se dedican a la desalación de agua marina, estas tienen más del doble de capacidad de las instaladas en Cataluña (94 frente a 200 hectómetros cúbicos) y un 80% más que las grandes desalinizadoras de Andalucía, según las mismas fuentes.

Pero el agua desalada es a la que se recurre en último término, sobre todo en épocas de sequía y cuando los recursos escasean en superficie o en acuíferos. Es cara y algunos agricultores no la quieren. Así, la diferencia entre la capacidad y la producción en estas infraestructuras es elevadísima, es decir, están infrautilizadas. Según datos de la empresa pública estatal Acuamed, que tiene en su red cinco desalinizadoras en el territorio valenciano, durante el pasado año y hasta el mes de abril, estas produjeron, de media, poco más del 3% de su capacidad. No siempre es así. En 2015 y 2016 la planta de Mutxamel permitió superar una severa sequía y evitó problemas de suministro al sur de Alicante. Y la de Torrevieja produjo en 2022 un 80% de su capacidad.

La mayores desalinizadoras construidas Alicante, Valencia y Castellón proceden del programa AGUA que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 como respuesta a la derogación del trasvase del Ebro. Y, tal como explica el catedrático de la Universitat Politècnica de València Jaime Lora, “las demandas se sobreestimaron”.

Fueron los años del boom inmobiliario. Decenas de municipios valencianos aprobaron desarrollos urbanísticos que incluían campos de golf, hoteles y zonas residenciales. Fue el caso del proyecto Marina d´Or Golf, una macrourbanización sobre una superficie de más de 18 millones de metros cuadrados, entre Oropesa del Mar y Cabanes, que proyectó la construcción de tres campos de golf, siete hoteles y más de 30.000 viviendas, lo que suponía una población estimada de 94.000 personas frente a los poco más de 10.000 de autóctonos que sumaban los dos pueblos.

En Moncofa, con apenas 5.000 habitantes, se aprobó un proyecto con campo de golf de 18 hoyos, zona hotelera con 800 plazas, una zona residencial y, colindante, dos establecimientos de aguas termales y más hoteles.

En ninguno de los dos municipios había recursos hídricos suficientes. Los ayuntamientos tampoco obligaron a los urbanizadores a presentar un plan para llevarlos a cabo. El PP valenciano siempres se mostró contrario al uso de desaladoras pero los alcaldes acabaron reclamando su construcción como única salida a la expansión urbanística. “Los ayuntamientos vieron en las desaladoras la solución a una formidable expansión urbanística e industrial y no dudaron en promover su construcción”, resumen tanto Lora como el también catedrático de la UPV Enrique Cabrera. Llegó la crisis de 2008 y ninguno de los dos grandes proyectos se ejecutaron, pero las desaladoras sí se instalaron.

Algo parecido ocurrió en Sagunto, la población desde la que, en el caso de que sea necesario, saldrá agua para Barcelona. La necesidad de una desalinizadora surgió por la proyección de un parque industrial para el que, entonces, se imaginaba un futuro exitoso, inmediato e indiscutible. La infraestructura se comprometió el año anterior al estallido de la crisis. Los cerca de 20 millones iniciales que iba a costar se convirtieron en 38. Actualmente, el parque industrial aún no está desarrollado aunque su futuro es más cierto desde que el año pasado se anunció la gigafactoría de baterías que el grupo Volkswagen están construyendo en el municipio y que se convertirá en su principal cliente.

Aun así, la existencia de desaladoras es básica y garantista, según señalan tanto Enrique Cabrera, que presidió la Asociación Internacional del Agua (IWA por sus siglas en inglés), como Jaime Lora, que estudia la desalación desde principios de los años 80. “Es el único seguro hídrico”, aseguran. Ambos defienden que las desalinizadoras no deben funcionar al 100% porque son el último recurso y que deben dimensionarse. “Cada vez hay menos recursos naturales y las desaladoras se van a convertir en un recursos estratégico”, asegura Lora quien mantiene como prioridad una “planificación integrada con toda la red de distribución de agua” y expone el caso de Mutxamel en la que no se diseñaron las infraestructuras necesarias para, por ejemplo, dar servicio a Benidorm o utilizar el pantano que está entre ambas poblaciones para, en caso de emergencia, suministrar agua desalada a este y, de ahí, trasladarla a Benidorm. “En España no se hace pero en otros lugares sí se rellenan acuíferos con agua desalada”, explica. Cabrera plantea otro problema como es el del estado de la red. “Cuando se habla de cortes y bajadas de presión es porque hay fugas y ahí un margen para mejorar”, apunta.

Ambos admiten que el precio del agua desalada es un hándicap, sobre todo, por el elevado consumo energético que precisan pero que, afirman, se ha reducido por las mejoras introducidas en los sistemas. No olvidan el impacto en el medio marino, consecuencia del retorno de la salmuera aunque consideran que es un inconveniente que “parece superado” con evaluaciones de impacto ambiental y la dilución controlada de la salmuera vertida. “Si la desaladora es imprescindible, nadie la discute”, afirman. Jaime Lora insiste: “Son un seguro para disponer de agua, más cara pero necesaria”. Y añade: “La paradoja es que no cuestionemos el agua embotellada, que vale mil veces más que el agua desalada”.