Preocupación en la sociedad civil por el posible bloqueo o cierre de la Agencia Valenciana Antifraude

Dos entidades de la sociedad civil muy significadas en la lucha contra la corrupción política en España muestran su preocupación por el futuro de la Agencia Valenciana Antifraude (Avaf). Su director,...

Dos entidades de la sociedad civil muy significadas en la lucha contra la corrupción política en España muestran su preocupación por el futuro de la Agencia Valenciana Antifraude (Avaf). Su director, Joan Llinares, finaliza su mandato de siete años el próximo 25 de mayo y las Cortes Valencianas han iniciado el proceso de búsqueda de un candidato que puede acabar con la cúpula de la institución bloqueada sine die o con un responsable politizado y sectario, según advierten la Fundación Hay Derecho y Acción Cívica contra la Corrupción. En ocasiones, la labor de investigación de las diversas instituciones valencianas y de la protección de los denunciantes de corrupción ha chocado con los partidos políticos. “La Agencia ha sido una entidad incómoda para todos los partidos con problemas de corrupción, pero es que ese es su cometido y así ha sido reconocida por la Comisión Europea”, manifiesta la secretaria general de Hay Derecho, Elisa de la Nuez. “Hay un intento de clase política de fagocitar una institución que se dedica a la prevención de la corrupción”, sostiene Antonio Penadés, presidente de Acción Cívica.

Para encontrar sustituto al abogado valenciano de 70 años, que antes se encargó de recuperar los fondos saqueados por la antigua Convergència i Unió en el Palau de la Música o de desvelar las irregularidades en el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), se necesita el apoyo de tres quintas partes del parlamento valenciano. Llinares fue propuesto por tres entidades cívicas (Acción Cívica, la Fundación por la Justicia y el Observatori Ciutadà) y fue elegido en 2017 con los votos del PSPV-PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos; el PP no votó. Ahora, los populares y Vox, socios en el Gobierno de la Generalitat, tienen la mayoría, pero precisan del apoyo de los socialistas o de Compromís para la renovación.

Se han presentado dos candidatos: Gustavo Adolfo Segura, el actual director de Análisis e Investigación de la Agencia y ha sido propuesto por las organizaciones citadas integradas en una plataforma; y Eduardo Beut, inspector de Hacienda, promovido por la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública (AEGAP). El debate se suscitó la pasada semana cuando el portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, cuestionó esta última candidatura por ser una “persona vinculada al PP” y antiguo “colaborador de Eduardo Zaplana”, además de sugerir la voluntad del PP y Vox de bloquear o suprimir la agencia.

Beut, tras ser delegado de la Agencia Tributaria en Valencia, fue nombrado a propuesta del PP consejero y vicepresidente de Cartera de Participaciones Industriales, auspiciada por Zaplana cuando era presidente de la Generalitat. También fue socio de Juan Francisco García, que fu jefe de gabinete del mandatario popular. Zaplana y García están imputados en el caso Erial, para cuya instrucción la jueza solicitó informes periciales a la Agencia Antifraude.

El debate sobre la Agencia, adscrita a las Cortes, ha continuado este semana. El portavoz de Vox, José María Llanos, garantizó que estudiarán los currículums de los candidatos y su “idoneidad”, pero no ocultó su desconfianza. Manifestó que planteará “negociar” con su socio en el Consell para “hablar de su ubicación, reconversión, desaparición o lo que sea”. Y Baldoví incidió en que seguirá dialogando, tras sugerir que el propósito oculto del PP y Vox de intentar bloquear o suprimir la agencia. El portavoz del PP en Las Cortes, Miguel Barrachina, aseguró no conocer a ninguno de los candidatos ni tener preferencias, por lo que rechazó las críticas de la oposición. Y respecto a la intención de Vox, el hombre de confianza del presidente valenciano, Carlos Mazón, en e parlamento defendió que por su experiencia como denunciante, esta agencia “podría haber hecho muchísimo más durante las dos legislaturas de gobierno del Botànic”, en referencia al anterior gobierno del PSPV-PSOE, Compromís y Podemos. El portavoz socialista, José Muñoz, acusó al PP de querer “poner a una persona de su estricta confianza” y propuso un diálogo, dejando a un lado a la ultraderecha Vox, al igual que Compromís.

En este contexto, Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho, ha recordado que “la Agencia Antifraude de Valencia ha sido ejemplar en el mandato de Joan Linares, y ha sido elegida como un ejemplo de buenas prácticas por la Comisión Europea”. “Ha sido también una referencia para otras entidades de lucha contra la corrupción en el ámbito nacional. Llama la atención que se intente colonizar/bloquear/descafeinar una entidad que ha funcionado muy bien, justo en el momento en que está prevista por la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción la creación de una Autoridad independiente de Protección del denunciante a nivel estatal. Es decir, vamos al revés, hacia atrás y no hacia adelante”.

Plantar cara

El abogado Antonio Penadés insiste en que “es muy importante que la sociedad se entere, reaccione y plante cara para que los políticos no actúen de manera impune”. El también historiador y escritor afirma que “Joan Llinares ha sido un acierto por muchas campañas de desprestigio que haya tenido y lo que proponemos es continuista. Gustavo Segura es una persona que cumple con todos los requisitos y no tiene vinculaciones partidarias ni de otro tipo que lo invalide”, razona. Penadés no se fía de ningún partido ni de los intereses que están defendiendo en el proceso de relevo. Hace hincapié en que la Agencia ha recuperado muchos más dinero de la corrupción que el gasto para su funcionamiento, sin contar los “muchos intangibles” que sus recomendaciones y actuaciones han generado en los funcionarios, por ejemplo.

En la memoria de 2022 de la Agencia, que liquidó un presupuesto de 3,2 millones ese año, se recogen 77 investigaciones finalizadas y el “importe total recuperable asciende a 5.629.689,30″, con lo que se obtiene “un ratio de retorno económico estimado anual sobre importe recuperable del 176,27%”. El Instituto de Calidad Gubernamental de la Universidad de Goteburgo situaba a la Comunidad Valenciana en la cola de las autonomías españolas en cuanto a la percepción de corrupción. En 2022, se ascendió al grupo de las mejores, ha destacado la Agencia en sus comunicaciones

Joan Llinares ha manifestado su intención de no prolongar su mandato más allá de lo estipulado por la ley. En caso de no encontrar relevo, la actual directora adjunta, Teresa Clemente, se quedaría al frente de la institución a expensas de lo que finalmente decidan los partidos políticos.