El presidente Carlos Mazón anuncia un recurso de inconstitucionalidad si se multa a las empresas que no vuelvan a Cataluña
La Comunidad Valenciana es sede de Caixabank y Banco de Sabadell y de casi un millar de empresas que se trasladaron a raíz del ‘procés’
La Generalitat valenciana, gobernada por el PP y Vox, la oposición (el PSPV-PSOE y Compromís) y la patronal han reaccionado de manera unánime contra la propuesta de Junts de que las empresas que trasladaron su sede fuera de Cataluña por el procés independentista de 2017 “puedan ser sancionadas” si no retornan. La propuesta incluye que las firmas que vuelvan a Cataluña o se mantengan en esta comunidad se podrán beneficiar de “incenti...
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La Generalitat valenciana, gobernada por el PP y Vox, la oposición (el PSPV-PSOE y Compromís) y la patronal han reaccionado de manera unánime contra la propuesta de Junts de que las empresas que trasladaron su sede fuera de Cataluña por el procés independentista de 2017 “puedan ser sancionadas” si no retornan. La propuesta incluye que las firmas que vuelvan a Cataluña o se mantengan en esta comunidad se podrán beneficiar de “incentivos fiscales”. Entre las empresas instaladas en la Comunidad Valenciana, casi un millar, según datos de la Generalitat, se encuentran Caixabank o el Banco de Sabadell. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha advertido incluso de que el Consell interpondrá un recurso de inconstitucionalidad si la medida planteada por Junts sale adelante.
La portavoz del Consell, Ruth Merino, del PP, consideró el martes, tras el pleno del Consell, que la idea del partido independentista supone atentar y coaccionar la libertad empresarial: “Es una ocurrencia más dentro de sus exigencias fuera de todo lugar, una amenaza que no va a ir a ningún sitio”. “Me da la impresión de que podemos estar tranquilos, porque las empresas en general se sienten acogidas y bien tratadas en la Comunitat Valenciana por este gobierno”, manifestó en rueda de prensa tras el pleno del Consell, preguntada por si empresas como Caixabank o Banco Sabadell podrían volver a trasladar su sede social a Cataluña ante la propuesta de Junts.
La también consejera de Hacienda ha acusado a Junts de poner “contra las cuerdas” al Gobierno con sus exigencias “fuera de contexto” y de hacerlo “de forma egoísta, rompiendo una vez más no solo la igualdad de España, como viene haciendo con la financiación o con la cesión de tributos, sino ahora también atentando y coaccionando la libertad de las empresas”. “Las empresas deciden libremente dónde quieren instalarse”, ha recalcado.
El secretario general del PSPV y expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, sostuvo que es “imposible” plantearse multar a empresas que no retornen a Cataluña, como plantea Junts, ya que las compañías tienen libertad para adoptar decisiones. La mayoría de empresas catalanas se radicaron en la Comunidad durante su mandato. “Las empresas que en su momento vinieron a la Comunitat Valenciana fue porque había estabilidad política y social y las mejores condiciones para invertir y parar residenciarse aquí”, señaló a los periodistas en las Cortes Valencianas
El también senador territorial ha abogado por preservar esas condiciones “para que no haya vuelta atrás en decisiones empresariales que siempre hay que respetar en un estado de derecho”. “Ahora es imposible plantear un direccionismo político de estas características. No se puede en absoluto pervertir lo que ya es una realidad incuestionable en la propia Unión Europea”, aseveró.
Àgueda Micó, portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y dirigente de Compromís, rechazó la propuesta de Junts para sancionar a las empresas que se marcharon de Cataluña por las tensiones derivadas del proceso independentista. “El punitivismo no es una solución”, afirmó en la Cámara baja. Para Micó, no hay que sancionar a las empresas por elegir uno u otro sitio para realizar su actividad económica. Más si cabe, ha dicho, si la decisión de marcharse está vinculada con un conflicto político.
El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, criticó el planteamiento de Junts porque “no se pueden pedir estímulos, ni mucho menos castigos, cuando el principal problema ha sido la inestabilidad política y social a la que ellos también han contribuido”. “Que cada uno asuma su parte de responsabilidad”, recalcó el presidente de la patronal valenciana y vicepresidente de la CEOE
Navarro recordó a Junts que “la clave para que las empresas vuelvan es la estabilidad, y que en eso su partido tiene mucho que decir”. “Las empresas no salieron por falta de estímulos, salieron por el mal clima generado y han tenido oportunidad de establecerse en otras comunidades que ofrecen mayor estabilidad”.