La Generalitat da el visto bueno medioambiental a 61 proyectos que permitirán que más de la mitad de la energía producida sea verde
El presidente Puig asegura que el Gobierno valenciano ha llegado a tiempo y no tendrá que ejecutarse ningún aval como temían los promotores
El Gobierno valenciano ha emitido la evaluación medioambiental favorable a un total de 61 proyectos que permitirán, cuando estén en funcionamiento, que más de la mitad de la energía generada en la Comunidad Valenciana sea de origen renovable. Estos proyectos, que representan una inversión de 859 millones euros y producirán 1.356 megavatios, producirán la energía equivalente a lo que consumen en un año 678.000 hogares. Así lo ha e...
El Gobierno valenciano ha emitido la evaluación medioambiental favorable a un total de 61 proyectos que permitirán, cuando estén en funcionamiento, que más de la mitad de la energía generada en la Comunidad Valenciana sea de origen renovable. Estos proyectos, que representan una inversión de 859 millones euros y producirán 1.356 megavatios, producirán la energía equivalente a lo que consumen en un año 678.000 hogares. Así lo ha explicado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras mantener una reunión de trabajo con el consejero de Economía Sostenible, Rafa Climent; la consejera de Agricultura y Transición Ecológica, Isaura Navarro, y la titular de Política Territorial, Rebeca Torró.
Puig ha avanzado que todos los proyectos que cumplían con los requisitos cuentan ya con la declaración de impacto ambiental o los permisos requeridos para su implantación, lo que permite afirmar que la Generalitat ha examinado “en tiempo y forma” todos los expedientes y cumplido con los plazos establecidos por el Ministerio de Transición Ecológica para el 25 de enero. “No se ejecutará ningún aval a ningún promotor”, ha subrayado Puig en referencia al tapón que provocó hace unos meses la demanda de la Administración a los promotores de un estudio de paisaje para obtener la declaración de impacto ambiental que exige el Gobierno para seguir adelante.
El jefe del Consell ha señalado en este sentido que la apuesta por las renovables redunda en una “mejor competitividad para las empresas” y en el “fortalecimiento del estado de bienestar”, y ha agregado que la lucha contra el cambio climático pasa por dejar de depender de los combustibles fósiles.
Las tres consejerías han analizado un total de 107 expedientes sujetos al objetivo marcado para este 25 de enero, y más del 50% ha superado esta fase de tramitación. De los 46 restantes, 31 han obtenido evaluación desfavorable y 15 no han prosperado por desestimiento de las empresas.
La potencia renovable y no renovable instalada actualmente en la Comunidad Valenciana asciende a 8.317 megavatios (MW). De este total, tras los objetivos marcados para este mes enero, más de la mitad (5.323 MW) de la generación energética de la Comunidad Valenciana será de origen renovable, ya que los proyectos representan 1.356 MW, la potencia a instalar pendiente de autorización del Ministerio es de 1.123 MW, las plantas renovables ya instaladas generan 2.372 MW y el autoconsumo en funcionamiento supone otros 472 MW.
Puig ha señalado que el balance de la implantación de instalaciones para el autoconsumo es “muy positivo”, porque representan “una parte clave del nuevo modelo energético” que está ya presente en unas 50.000 viviendas valencianas.
La Comunidad Valenciana tiene que generar 10.000 megavatios de energías renovables en el horizonte de 2030, unos 6.000 a través de plantas fotovoltaicas, y el resto a través de la eólica. De momento, hay autorizados 1.700 megavatios por lo que el objetivo está lejos. La Generalitat ha querido acelerar la tramitación de los proyectos, muchos atascados en la Consejería de Política Territorial por los reparos de la Dirección General de Paisaje, en manos de Compromís, que exigía estudios de paisaje que la Abogacía de la Generalitat no vio necesarios.
Las diferentes interpretaciones dentro de la Generalitat del decreto 14/2020, que regula los proyectos renovables, generó hace unos meses polémica y alarma en el seno del gobierno autonómico porque generó un tapón que ponía en peligro que promotores de estas plantas superasen con éxito este 25 de enero el primer hito impuesto por el Ministerio de Transición Ecológica, que exige una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de cada proyecto.