Los transportistas valencianos confían en aliviar la asfixia del combustible con las medidas del Gobierno

Los transportistas están sufriendo especialmente el incremento del precio del combustible que ha subido un 68% en un año. A 2,1 euros el litro de gasóleo, actualmente, llenar un camión articulado de carga general con un depósito de 1.000 litros, con el que puede recorrer 2.860 kilómetros, cuesta 838 euros más que en 2021. Una flota media de tres vehículos tiene un sobrecoste de 2.514 euros este año con respecto al anterior.

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Los transportistas están sufriendo especialmente el incremento del precio del combustible que ha subido un 68% en un año. A 2,1 euros el litro de gasóleo, actualmente, llenar un camión articulado de carga general con un depósito de 1.000 litros, con el que puede recorrer 2.860 kilómetros, cuesta 838 euros más que en 2021. Una flota media de tres vehículos tiene un sobrecoste de 2.514 euros este año con respecto al anterior.

La situación es muy preocupante por este aumento de precio, principalmente, por el encarecimiento de otras partidas como la compra de vehículos y por la falta de conductores, según ha manifestado este lunes Carlos Prades, presidente de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET). Ahora bien, la encuesta elaborada entre cerca de un millar de profesionales de la provincia de Valencia también recoge un “moderado optimismo” del sector respecto al segundo semestre de este año.

La encuesta revela un “cambio de dinámica” y previsiones positivas ante la puesta en marcha en los próximos meses de medidas pactadas con el Gobierno, especialmente en cuanto al descuento en el combustible, que esperan que sea “la tabla de salvación para conseguir una situación más estable”, pero también otras como la prohibición de las operaciones de carga y descarga de la mercancía por parte de los conductores y la limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga. El último paquete de medidas, pactadas con el sector, fue aprobado por el Gobierno a través de un decreto ley el pasado 25 de junio.

Un 47% de los encuestados pone un nota entre un seis y un ocho a las previsiones de futuro de sus negocios en lo que resta de año, y un 21%, la da una aprobado, un cinco (el mismo porcentaje que obtiene la calificación de 7), mientras que el 16% suspende con un cuatro, según ha explicado Carlos García, secretario general de la Federación. Un 25% de las profesionales manifiesta que se ha incrementado de forma notable su actividad este año con respecto al anterior, si bien solo un 15% apunta a que han subido sus ingresos.

En la Comunidad Valenciana hay registradas 14.500 empresas del sector (de las que 11.478 están inscritas en la provincia de Valencia), lo que la sitúa en la tercera posición en España, tras las autonomías de Andalucía y Cataluña.

El 90% de los transportistas valencianos denuncia la “asfixia” que sufre el sector debido a esa “escalada desbocada” de costes, “con especial relevancia en los combustibles”. A pesar de las situación, los responsables de la federación han abogado por “confiar” en la negociación con el Gobierno antes de plantear la convocatoria de una huelga.

El precio de combustible ha pasado de suponer un 30% de los costes directos a un 40%. “Esto, en cualquier sector, es inasumible”, ha lamentado el presidente de FVET, en cuya encuesta los asociados apuntan a que este incremento puede provocar cierres de empresas.

En este contexto, ha reivindicado “soluciones estructurales” y también ha pedido ayudas directas, como las que concede La Rioja, con importes de hasta 625 euros por vehículo pesado, o una bonificación de céntimos más alta. No obstante, “los empresarios no tienen en su diccionario la palabra ‘parar’”, y lo que quieren es “trabajar y negociar”, ha sostenido el presidente de la federación, al tiempo que ha remarcado que esa es la postura también del Comité Nacional del Transporte por Carretera del que forma parte. La huelga es el último recurso si el Gobierno no negocia, ha añadido.

Los transportistas están preocupados también por el aumento de costes para la adquisición de vehículos -los camiones han pasado de costar 80.000 euros de media a 110.000- y el incremento salarial del 6,5% acordado en el convenio colectivo. En tercer lugar, los encuestados apuntan a la falta de conductores como uno de sus principales problemas.

Según los datos de FVET, la falta de conductores en 2021 afectaba a una de cada tres empresas y este año ya al 50%. Solo en la Comunidad Valenciana, la federación estima una carencia de 2.000 profesionales, que ya está suponiendo paradas operativas. Juan Ortega, vicepresidente de la federación, avisa que, poniendo “las luces largas”, el sector teme una carencia de “relevo generacional”.

El presidente de FVET ha señalado que las causas son múltiples, desde la “dureza del trabajo” -“no es el más cómodo del mundo” e implica largas ausencias y horarios de difícil conciliación, apostilla- hasta los salarios, con empresas “donde no se repercute lo necesario para que resulten atractivos”. Aunque la horquilla es muy amplia, ha estimado que el salario medio de un camionero ronda los 2.500 euros brutos al mes. Ortega ha agregado que más del 50% de los conductores de los transportes internacionales en empresas españolas son migrantes de primera generación y que, muy posiblemente, la cifra sea mayor.

Prades ha valorado iniciativas como las del gobierno del Castilla y León, con ayudas para la obtención de unas capacitaciones y permisos que pueden ascender a 4.000 euros. En ese sentido, ha señalado que la patronal está “intentando” llegar a algún acuerdo con la Generalitat en materia de formación.

Además, el 50% de los transportistas valencianos también destaca el problema del bajo precio del transporte, y ponen el foco en dificultades operativas de la prestación de servicios, por ejemplo la cola de entrada a puertos como el de Valencia. Según FVET, una retención de cinco horas puede suponer una merma de tres millones de euros al mes.

Con todo, la mayoría de las empresas da un aprobado a la situación general del sector, aunque el 30% la califican de suspenso debido a estas problemáticas, unidas a la competencia desleal, la elevada fiscalidad y la morosidad.