Igualdad alega que Bravo se arroga competencias que no tiene en la reforma de la ley de espectáculos
Justicia se propone perseguir la práctica de la prostitución en locales públicos
La Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas inclusivas, que preside Mónica Oltra, ha registrado un escrito de alegaciones a la reforma de la ley valenciana de espectáculos públicos, que promueve la Consejería de Justicia y Administración Pública, de Gabriela Bravo, donde defiende que este último departamento se arroga competencias que no tiene con el objetivo de ...
La Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas inclusivas, que preside Mónica Oltra, ha registrado un escrito de alegaciones a la reforma de la ley valenciana de espectáculos públicos, que promueve la Consejería de Justicia y Administración Pública, de Gabriela Bravo, donde defiende que este último departamento se arroga competencias que no tiene con el objetivo de abolir la prostitución. “Su objetivo excede la ley sustantiva y las competencias autonómicas”, argumenta.
“Quisiéramos recordar que las competencias en materia de igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres corresponden a la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas”, recoge el escrito en referencia a la exposición de motivos de la reforma, en la que se alude a que las personas prostituidas se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad, pues son víctimas de violencia, exclusión social, pobreza y xenofobia, entre otros factores de inseguridad.
Las alegaciones de Igualdad consideran además que la modificación que promueve Bravo “se enmarca en un discurso punitivista de la prostitución y sitúa en un marco de mayor vulnerabilidad a aquellas mujeres que ejercen la prostitución, especialmente a aquellas que menos recursos tienen o que se encuentran en situación administrativa irregular”.
En opinión del departamento de Oltra, se sanciona en última instancia “la pobreza y la migración” y este “marco abolicionista aumenta la estigmatización social” de las mujeres que ejercen la prostitución y debilita sus redes de apoyo, al tiempo que las medidas afectarán en gran medida a las personas trans, que sufren un desempleo del 85% y han de recurrir al trabajo sexual como única opción.
Además, Igualdad recuerda que “la consideración y regulación legal de la prostitución es una competencia estatal”. Por tanto, la “abolición” de esta realidad no regulada excede las competencias autonómicas, “objetivo que pretende conseguirse con la propuesta de esta modificación normativa”, añade el documento.
La Consejería de Justicia lanzó hace unos meses la reforma de la ley valenciana de espectáculos públicos y actividades recreativas con el objetivo acorralar a puteros y proxenetas que permiten esta práctica en locales públicos, una propuesta surgida del Foro Valenciano por la Abolición de la Prostitución, constituido en 2021.
La intención de la Consejería de Bravo es que, mientras el Gobierno español, que es quien tiene la competencia, aprueba una Ley Integral para la Abolición de la Prostitución en todas sus formas, la Comunidad Valenciana abra el proceso para convertirse en la primera autonomía que, dentro de sus posibilidades, avanza hacía la erradicación de esta práctica.
Los artículos introducidos prohíben la prostitución en los establecimientos sujetos a la Ley de Espectáculos y la publicidad, ya sea a través de rótulos o carteles que identifiquen la oferta y consumo de prostitución. Además, prevé la posibilidad de que la policía clausure los locales donde se ejerce la prostitución de forma inmediata y con carácter previo a que se emita la definitiva resolución sancionadora.
En el apartado sancionador, la reforma legal, que está todavía en fase de anteproyecto, contempla como infracción grave cualquier forma de demanda de prostitución, sin que genere responsabilidades en la persona prostituida. También prevé como infracción grave la difusión y utilización de cualquier elemento publicitario vinculado a la industria del sexo pagado.