Un 25% de expedientes de Antifraude son por posibles amaños en oposiciones a policía local en la Comunidad Valenciana

Una cuarta parte de los expedientes de investigación abiertos en 2021 por la Agencia Valenciana de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción están relacionadas con posibles irregularidades en la selección de personal en los cuerpos municipales de policía de la Comunidad Valenciana. Uno de los casos bajo la lupa de la agencia es el...

Una cuarta parte de los expedientes de investigación abiertos en 2021 por la Agencia Valenciana de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción están relacionadas con posibles irregularidades en la selección de personal en los cuerpos municipales de policía de la Comunidad Valenciana. Uno de los casos bajo la lupa de la agencia es el supuesto amaño de las oposiciones a Policía Local de Alicante, donde hay sospechas de que 60 de los 92 candidatos finales a vestir el uniforme tienen vínculos con altos cargos y agentes del cuerpo policial, representantes de diferentes partidos políticos y sindicatos y con contratistas vinculados al Consistorio.

“Hay que seleccionar mejor a los empleados públicos. Está en juego tener una Administración de calidad o no tenerla”, ha afirmado Joan Llinares, director de la Agencia Antifraude, que este martes ha presentado a las Cortes Valencianas la Memoria de la institución correspondiente a 2021. El responsable ha explicado que aproximadamente el 48% de los expedientes abiertos por la entidad se refieren a la contratación de personal público y, de ellos, aproximadamente la mitad “son procedimientos vinculados a los cuerpos municipales de policía”.

Llinares ha reconocido “las dificultades reales para demostrar que esto ha sido así” y se ha referido a dos sentencias finalmente absolutorias donde se reconoce que hubo filtraciones de preguntas [de las oposiciones para favorecer a algunos de los candidatos] pero no ha sido posible demostrar a los culpables. Un caso se dio en el Ayuntamiento de Benidorm y otro en el grupo de técnicos superiores de la Generalitat valenciana.

El director de la Agencia, creada en 2018 y adscrita al Parlamento valenciano, ha cifrado, por otro lado, en más de 23 millones de euros el importe susceptible de recuperar por parte de las Administraciones Públicas procedentes de las irregularidades detectadas en los expedientes instruidos en 2021.

Según Llinares, es la primera vez que cifran este importe recuperable, a partir de expedientes que van de los 10.000 a los 20 millones de euros. El mayor importe se refiere a un PAI no desarrollado en Burriana (Castellón).

Llinares ha señalado que son 27 las personas que han denunciado irregularidades o corrupción y se han acogido al estatuto de protección de esta entidad, y que hay cuatro Administraciones que no han aceptado las recomendaciones emitidas por Antifraude: el Ayuntamiento de Valencia (en dos investigaciones), el de Rojales (Alicante) y el Institut Valencià de Cultura.