Fernando Roig se niega a declarar ante el juez que le acusa de pagar sobornos a Carlos Fabra

El presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el juzgado de Instrucción número 4 de Castellón que investiga al expresidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, por ocultar presuntamente patrimonio para impedir la ejecución de su condena por cuatro delitos fiscales. Roig se negó a contestar a las preguntas sobre la acusación de haber pagado ...

El presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el juzgado de Instrucción número 4 de Castellón que investiga al expresidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, por ocultar presuntamente patrimonio para impedir la ejecución de su condena por cuatro delitos fiscales. Roig se negó a contestar a las preguntas sobre la acusación de haber pagado sobornos al exdirigente del PP a través de préstamos y de colaborar para que no se cumpliera esa sentencia de condena a Fabra.

Roig ya declaró ante el juzgado por esta misma causa en diciembre de 2020, pero la Audiencia Provincial anuló parcialmente el auto en el que se procesaba al considerar que no había sido informado correctamente de los derechos en relación al delito de cohecho del que se le acusaba. Entonces, Roig sí declaró y contó que había prestado dinero a Carlos Fabra porque era su amigo. “Tengo el dinero en la cuenta y podía ayudarlo y me apeteció, quise o le pude ayudar y le ayudé”, señaló entonces. Según la Fiscalía Anticorrupción, el empresario entregó al exlíder provincial del PP más de dos millones de euros entre 2010, cuando Fabra aún ostentaba la presidencia de la Diputación y del partido, y 2014. Anticorrupción pide para Roig cuatro años y siete meses de cárcel.

Tras la declaración de Fernando Roig, la titular del juzgado número 4 deberá dictar un nuevo auto sobre la situación de este procedimiento judicial, cuya instrucción ya había concluido.

El juzgado abrió esta causa en 2017 tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho. El juzgado investiga si el expresidente de la Diputación castellonense ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia de Castellón del año 2013 (confirmada en 2014 por el Tribunal Supremo) por la que fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,3 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales. Entró en prisión en diciembre de 2014 y cumplió la condena hasta mayo de 2016.